450.664. Es la cifra de víctimas por homicidio en Colombia, entre 1985 y 2018, a causa del conflicto armado; de la mayor parte fueron responsables los grupos paramilitares y los agentes estatales, según la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, siglas en inglés). Entre 1985 y 2013, más de 535.000 familias resultaron despojadas de sus tierras o fueron forzadas a abandonarlas (datos julio 2022).
Constituida en 1976, La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) es una de las mayores organizaciones campesinas de Colombia; en agosto celebró el XII Congreso en Bogotá, donde se decidió la continuación en la presidencia de la lideresa Nury Martínez (agencia Prensa Rural).
“¡Derechos campesinos ya!”, fue una consigna reiterada en el Congreso, además de “¡Fortalecernos en unidad y construcción del poder popular, por la defensa de la vida y el territorio!” La asamblea federal respaldó el programa de Gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.
En abril de 2022, FENSUAGRO, Vía Campesina, la asociación CETIM, Amigos de la Tierra y la organización de derechos humanos FIAN denunciaron ante Naciones Unidas la represión y violaciones de derechos humanos contra el campesinado, principalmente integrantes de la Federación: “Colombia es el país con la distribución de tierras más desigual de América Latina”, recordaron; asimismo, “desde la firma del Tratado de Paz (2016) hasta marzo de 2022, más de 1.000 personas líderes sociales han sido asesinadas”.
Representantes de la FENSUAGRO participaron el 25 de enero, junto a otras organizaciones afiliadas a Vía Campesina, en el encuentro El rol de la Agricultura Campesina Familiar en la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles; la jornada fue organizada por la Fundación Mundubat, el Centro Mundial de Valencia para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS); y la Coordinadora Campesina COAG-País Valenciano.
En el intercambio de experiencias participaron miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) de Brasil; un ejemplo de las movilizaciones del MST se produjo en abril de 2022: marchas para reivindicar la reforma agraria popular, que incluían –por todo el país- la ocupación de terrenos, acampadas, plantaciones de árboles o la donación de alimentos; recordaron también la masacre perpetrada el 16 de abril de 1996 en el municipio de Eldorado dos Carajás (una veintena de obreros del MST asesinados por la policía militar).
Fundado en 1984, el movimiento social de masas brasileño detalla –en su página Web- que está organizado en 24 estados del país; mediante la lucha y la organización, cerca de 450.000 familias conquistaron la tierra, que –ya acampadas y asentadas- continúan formando parte del MST.
Más de 450 delegaciones participaron -entre el pasado 23 y 27 de enero- en la reunión de la Coordinación Nacional del MST, celebrada en el municipio de Luziânia; en un mensaje al pueblo brasileño, celebraron la victoria electoral de Lula da Silva, para la que el Movimiento se implicó durante el último año. El triunfo supuso la derrota de “los golpistas de 2016”, frenar el avance de la ultraderecha, “la tutela militar y el proyecto fascista” de Bolsonaro.
En el acto de Valencia han tomado parte, asimismo, activistas de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central (FECORACEN) de El Salvador, surgida en 1985. “El campesinado salvadoreño ha estado históricamente marginado, excluido; hubo un paréntesis con los dos gobiernos del FMLN –entre 2009 y 2019-, donde (…) se dieron algunos programas, como Amanecer Rural”, el Programa de Agricultura Familiar o el de Acuicultura Familiar, destacó el gerente de la Federación agraria, Óscar Recinos (entrevista de Antonio Montoro y Gotzone Artiñano, de Mundubat, octubre 2022).
Sin embargo, añade Recinos Morales, “había tanto por hacer, por el abandono de tantos años, que fueron insuficientes para sacarlo (al campesinado) del hoyo. Y ahora las prioridades del Gobierno (del derechista Nayib Bukele) son otras. Quitó los programas y no hay presupuesto (…). Sólo mantiene la entrega de paquetes agrícolas, pero ha disminuido la cantidad de personas beneficiarias”.
El luchador social, con más de tres décadas de experiencia, hizo referencia al impacto de megaproyectos como el Tren del Pacífico (las obras del primer tramo –entre el Puerto de Acajutla y San Salvador- se iniciarán en 2023, según fuentes gubernamentales); la idea del ejecutivo consiste en la conexión ferroviaria entre el Oriente y el Occidente del país y, finalmente, poder trasladar las cargas a Guatemala, México y Estados Unidos. Comunidades campesinas rechazaron, asimismo, la construcción del Aeropuerto del Pacífico.
Otro colectivo presente en la jornada fue la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) de Chile, surgida en 1988; en uno de sus últimos comunicados –del 7 de febrero- hacían referencia a los incendios forestales (el Gobierno de Chile informó el 13 de febrero de que están activos 303 incendios en el centro-sur del país, “82 de ellos en combate”; el número de fallecidos asciende a 24 y el de hectáreas de terreno forestal y agrícola calcinadas, a 425.000).
“No es casualidad que los incendios se concentren en zonas con monocultivo de pino y eucaliptus. Los incendios que hoy arrasan en Ñuble, Biobío y La Araucanía no son provocados por la naturaleza ni por quienes hayan podido iniciarlos. Su propagación sin control se debe a la existencia de cientos de miles de hectáreas de monocultivo forestal”, principalmente de pino y eucaliptus, denuncia ANAMURI.
“Las familias Matte y Angelini –quienes controlan el 70% del negocio forestal- están entre las 10 familias más ricas del país gracias a los multimillonarios subsidios otorgados mediante el Decreto 701 emitido por la dictadura de Pinochet en 1974”, añade el colectivo de mujeres, que protesta ante los 50 años de “abuso” y “exterminio” de la agricultura familiar campesina.
