Hace algo más de una semana de la catástrofe sísmica que sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria. Las pérdidas de vidas humanas son muy numerosas. En el momento de escribir estas líneas, el número de víctimas ha superado las 35.000 personas. Además, más de 40.000 edificios se han derrumbado o han quedado inhabitables, dejando, como mínimo, a cientos de miles de personas sin cobijo. La catástrofe será la mayor de este siglo.
Aunque está de luto, Turquía debe afrontar algunas verdades incómodas. El terremoto ha sido el mayor jamás registrado en el país y, sin embargo, sus consecuencias no tenían por qué estar siendo tan nefastas. Hay muchos otros países, como Japón o Taiwán, que viven sobre fallas geológicas y, por tanto, son propensos a sufrir catástrofes, y que han sido capaces de mitigar estos riesgos gracias a una mejor gobernanza.
Por tanto, la primera conclusión es que este trágico desenlace está directamente relacionado con las políticas adoptadas; es el producto final de un marco de gobernanza inadecuado. Los terremotos siempre ocurrirán, pero los gobiernos pueden tomar medidas para mitigar el poder destructivo de las catástrofes naturales. Esta lección es aún más importante si se tiene en cuenta que Estambul, ciudad imperial y capital comercial y cultural de la actual Turquía, puede sufrir un gran terremoto en los próximos años.
La oposición ha criticado al gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (Partido AK) por haber sido ineficaz en la respuesta a la catástrofe. Es cierto que la respuesta podría haber sido más eficaz. Por ejemplo, la capacidad de socorro en caso de catástrofe del ejército turco (numeroso y bien equipado) podría haberse utilizado de forma más oportuna. Pero en última instancia, dada la magnitud de la catástrofe y la extensión de la geografía y la población afectadas, la respuesta iba a ser considerada inadecuada en cualquier caso. Las capacidades nacionales palidecen en comparación con la magnitud del desafío.
En realidad, el debate debe centrarse en lo ex ante y no en lo ex post. En otras palabras, el sistema político turco debe examinar y revisar las normas e instituciones que no han sido eficaces para mitigar el coste humano de esta tragedia. Veo dos grandes áreas de debate.
La primera se refiere a la falta de aplicación de la ley. En otras palabras, la falta de resiliencia que se ha puesto de manifiesto de manifiesto de una forma tan trágica, es esencialmente consecuencia de una aplicación ineficaz. De hecho, Turquía tiene una regulación estricta para la industria de la construcción. Se impuso tras el terremoto de Mármara de 1999. A cambio, adolece de una aplicación deficiente. Una de las razones de este estado de cosas es la red de corrupción imperante que vincula a los contratistas con las instituciones reguladoras locales, incluidos los gobiernos municipales. Los contratistas sin escrúpulos buscan maximizar sus ganancias sobornando a los reguladores, que luego hacen la vista gorda ante las construcciones que no cumplen las estrictas normas de construcción.
La aprobación periódica en el Parlamento turco de leyes de amnistía para edificios sin licencia y, en su mayoría, inseguros, es otro gran lastre. Ha habido más de veinte proyectos de ley de este tipo desde 1946, cuando Turquía comenzó a ser una democracia parlamentaria. En las dos últimas décadas, bajo el gobierno del Partido AK, se han aprobado siete proyectos de ley de este tipo.
Esta situación crea incentivos perversos. Ofrece a los contratistas la certeza de que sus edificios deficientes recibirán la licencia en época de elecciones, lo que hace aumentar, con el tiempo, el número de edificios inseguros. Pero también hay que culpar al electorado turco por apoyar la aprobación de este tipo de leyes, que básicamente cambian la seguridad por ventajas económicas a corto plazo. Si el electorado hubiera penalizado iniciativas similares en el pasado, los gobiernos no aprobarían con tanta facilidad leyes de amnistía.
La segunda cuestión tiene que ver con la gobernanza al más alto nivel. El cambio constitucional de 2017 ha introducido un sistema presidencialista con pocos controles y equilibrios y una hiperconcentración de poder en la cúspide. El sistema se anunció como un diseño institucional que permitía una toma de decisiones más rápida. Sea como fuere, el coste de debilitar los controles y equilibrios, por ejemplo, restando poder al legislativo en beneficio del ejecutivo, ha alimentado un clima de ausencia de rendición de cuentas.
El gobierno ha sido criticado, con razón, por la falta de transparencia en el gasto del fondo de ayuda a las víctimas del terremoto de Mármara de 1999. Los ingresos debían utilizarse exclusivamente para aumentar la resistencia de las provincias propensas a los terremotos. La excesiva centralización del poder también ha obstaculizado visiblemente los esfuerzos de ayuda en caso de catástrofe. La dirección de la Autoridad de Gestión de Catástrofes y Emergencias (AFAD), la agencia de ayuda en caso de catástrofe, fue incapaz de aprovechar plenamente las capacidades de la sociedad civil turca al no poder adoptar un modelo de toma de decisiones mucho más descentralizado que hubiera empoderado rápidamente a las partes interesadas locales y a los trabajadores humanitarios.
En conclusión, Turquía necesita tener un debate interno crítico sobre la reforma de la gobernanza y la gestión de catástrofes. Esto es aún más importante si se tiene en cuenta que la próxima ola podría golpear Estambul con consecuencias posiblemente aún más trágicas. Se trata de una deliberación para el electorado turco exclusivamente.
La UE, por su parte, podría y debería ayudar a Turquía a hacer frente a sus necesidades financieras relacionadas con la recuperación tras el desastre, que crecen día a día. En las próximas semanas, la Unión podría desempeñar un papel central en la canalización de la ayuda internacional, actuando como multiplicador de fuerzas.
