Ejercicio ilegal de la medicina, cuál política municipal
Dispuestos a jugar con la vida de los demás, para obtener beneficios económicos, un falso médico y una alcaldesa, igual de falaz, burlaron la confianza de los ciudadanos con la predica de querer mejorar un sistema de salud local. Generaron un problema de serias consecuencias legales, que pretenden ignorar.
Ese despropósito fue materializado por Yoslen Astudillo y Yulisbeth García en Upata, estado Bolívar, motivo de estupor para la opinión pública nacional. El primero, ex director del hospital central de esa ciudad; la segunda, actual alcaldesa de Upata. Trabajaron juntos en varios proyectos, v.gr.: la inauguración de una farmacia en junio de 2022 y la distribución de insumos médicos en enero de 2023.
Yoslen, fue mi vecino en esa urbe; Yulisbeth, la pareja de un compadre (QEPD). No hablo de extraños. De ellos, facetas poco conocidas han salido a relucir a la luz pública, causa de una reprochable situación, ante la cual, ambos huyeron, Yoslen, a sitio desconocido; Yulisbeth, hacia adelante, con amenazas y represalias en curso.
Yoslen Astudillo es un supuesto médico, según Yulisbeth, quien alegó que él tenía un grado de medicina, pero no hay evidencia de que esto sea cierto. Ello ha llevado al convencimiento de que es un falso médico, siendo objeto de graves señalamientos por parte de familiares de fallecidos en el centro hospitalario que regentaba.
Yulisbeth, que lo contrató, pretende escurrirse el bulto. Amenaza con procesar judicialmente a periodistas por contar la verdad, también a quienes protestan y exigen justicia. Contradicciones similares reflejaría a diario en sus acciones, una actitud irresponsable, con la que llevó a Yoslen a ser director del principal nosocomio de la ciudad.
El caso, efecto de un accionar político, ha conducido a cuestionar la seguridad de los sistemas de salud en Venezuela y a exigir una mayor vigilancia sobre el ejercicio ilegal de la medicina. A la vez, representa un escollo para el sistema de administración de justicia del país, en virtud de evidencias y testimonios nada fáciles de hacer a un lado o desvirtuar.
En cuanto a Yulisbeth, lo correcto sería suspenderla de sus deberes como alcaldesa, por favorecer la práctica ilegal de la medicina, hecho que pretende borrar de un plumazo con su huida hacia adelante, irascible; en su lugar, demuestra que se prestó a jugar con la vida de numerosas personas. En lo administrativo o penal, no tendría expectativa plausible.
Siendo realistas, la práctica ilegal de la medicina, puesta de manifiesto en este caso, no sería un problema para ninguna de las autoridades competentes. Esto ha llevado a muchos a bromear, indican que la única forma de recibir un tratamiento médico seguro, es “rezar para que no sea Yoslen ni ningún otro de los que con él fungía de médico”.
No es broma. Casos de ejercicio ilegal de la medicina han aumentado en Venezuela. Es un problema grave que el Ministerio Público trata de abordar tomando medidas como recibir denuncias. En ese sentido, es de esperar que las denuncias llegadas desde Upata sobre este delito, contribuyan a determinar responsabilidades y aplicar las sanciones respectivas.
