Al ser entrevistada por El Impulso, la coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Mérida y profesora titular de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, Christi Rangel, dijo que los diputados de la Asamblea Nacional deben también cumplir sus funciones de contralores aunque pertenezcan al mismo partido del jefe del Ejecutivo Nacional.
La doctora Christi Rangel, quien junto con Andrey Paredes tuvieron a su cargo la investigación y redacción del análisis del presupuesto nacional para el presente año, por parte de Transparencia Venezuela, cuya directora ejecutiva y coordinadora general es Mercedes de Freitas, considera que la ciudadanía debe hacerle un seguimiento a todos los proyectos oficiales para conocer cómo se administran los recursos de la nación y exigirle a los funcionarios la presentación de cuentas, las cuales deben ser corroboradas en los documentos que deben ser publicados oportunamente por los organismos públicos.
Al ser entrevistada por El Impulso, la coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Mérida y profesora titular de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, dijo que los diputados de la Asamblea Nacional deben también cumplir sus funciones de contralores aunque pertenezcan al mismo partido del jefe del Ejecutivo Nacional.
De igual modo estima necesario que la población exija la remoción de los funcionarios que no cumplan sus responsabilidades como el propio contralor general de la República y los administradores de justicia, e instó a quienes aspiren ocupar cargos de poder a interesarse por el presupuesto en la ejecución del mismo.
Pacífico Sánchez – Pregunta. Doctora, de acuerdo con el análisis de Transparencia Venezuela, el presupuesto de la República Bolivariana de Venezuela para el presente año, cuyo monto es de 170.703.932.051 bolívares (equivalente a 9.765.665.449 dólares al momento de ser aprobado), tiene una disminución de 3.692 millones de dólares en comparación con el del año anterior. ¿Por qué el presupuesto en lugar de subir, baja su monto?
Christi Rangel – Repuesta. Le voy a explicar: el caso es que un gobierno no debiera aumentar los presupuestos en un país donde no hubiera inflación. No habría razón para que los presupuestos creciera cada año, pues sería el crecimiento del Estado en forma incontrolable. Pero, dado que nosotros tenemos un problema de inestabilidad monetaria, de inflación, en términos nominales, el presupuesto debería subir, ya que la moneda vale menos dinero tanto en lo interno como en lo externo, porque la moneda se ha devaluado todos los años desde hace mucho tiempo. Pero, el presupuesto debería mantenerse igual en términos reales. Los economistas hablamos de términos reales cuando al monto del presupuesto le descontamos el efecto inflación. Observamos, desde hace muchos años, que el poder Ejecutivo Nacional subestima los presupuestos intencionalmente por dos razones:1) Aprueba los presupuestos más pequeños de lo que sabe que va a gastar, porque hay una orden constitucional, según la cual el 20 por ciento de los ingresos ordinarios deben repartirse a estados y municipios, a través del situado constitucional. Entonces, si se aprueba el presupuesto más pequeño tiene la obligación más pequeña de repartir el dinero. Y luego cuando hace los ajustes del presupuesto en el transcurso del año, pues, no se hacen los ajustes correspondientes para entregar el situado a estados y municipios. Esa es una estrategia de centralización de los recursos que administra el poder Ejecutivo Nacional. De ese modo subestima el presupuesto.
2) Con aprobar el presupuesto más pequeño y después incrementarlo con créditos adicionales, le da un poder adicional, discrecional al Presidente, a través de su ministro de Finanzas, porque cuando vienen cambios al presupuesto, es ese funcionario quien autoriza si le va a dar más recursos al ministerio X y Por ejemplo, yo fui directora de personal de la Universidad de los Andes y ya, desde el año 2008, justamente hace quince años, nos obligaban a aprobar en esa casa de estudios un presupuesto más pequeño que sabían que no alcanzaba (y es de recordar que en ese momento no teníamos la crisis económica existente ahora), pero el gobierno obligaba y decía: “después le completamos el presupuesto con insuficiencia; es decir, con créditos adicionales. Nos hacen un reporte de lo que les falta y yo les completo.” Pero, ese “yo les completo” quedaba a discreción del ministro de Finanzas y de la gente de la OPSU y a veces completaban y a veces, no. Se cumplía en algunos casos, los compromisos laborales, pero las necesidades de inversión, de mantenimiento o de nuevas inversiones no se satisfacían. Desde el año 2.008, por ejemplo, las universidades nacionales no podían reponer equipos de computación, ampliar sus fibras ópticas, porque los recursos de inversión en esa época, no los aprobaban. Claro, le daban mucho poder al Presidente porque siempre las instituciones, los entes, los gobernadores y alcaldes, necesitan recursos, pero de alguna manera había una manipulación política, porque sí estaban a favor, en ciertas cosas, se le transferían más, pero es una medida muy perversa de control. Ahora, ya no son los tiempos del 2008, el tamaño del presupuesto ha disminuido respecto a los años previos del 2014, ya es un presupuesto más pequeño, y por eso los salarios han caído en términos reales, en forma muy dramática. Pero, ahora, aunque es un presupuesto más pequeño como lo indicamos en nuestro informe, si lo calculamos en miles de millones de dólares, pues, el presupuesto aprobado de 2022 es mayor al del 2023, y no debería ser así. Sabemos que el presupuesto del año pasado superó los 10 mil millones de dólares, no fue el presupuesto definitivo ejecutado porque seguramente creció. Yo que estoy en Mérida sé que la gobernación del estado recibió al menos quince créditos adicionales el año pasado; es decir, si el gobierno regional recibió créditos adicionales es porque el gobierno nacional también los aprobó. Pero, ahora no publican en Gaceta Oficial ninguno de los fondos adicionales en los que se incrementa el presupuesto, y sabemos que el presupuesto ejecutado en el 2022 es mucho mayor del que se aprobó, con lo cual este presupuesto de 2023, vuelve a repetir la historia de otros años: ser deficitario. Siendo el del año pasado pequeño, el de ahora es más pequeño, pero sabemos que en el transcurso del año va a crecer, pues, el gobierno va a aumentarlo a su discreción, dándole más a los ministerios que así lo considere, sin ningún control de los ciudadanos. Porque la otra cosa es que el parlamento tiene que aprobar los créditos adicionales, pero ahora con la actual Asamblea Nacional, pues, los diputados no hacen ninguna objeción a lo que el gobierno nacional decide. No preguntan, no ejercen ningún control político al que están llamados a efectuar. Siendo mayoría del mismo partido piensan que no se debe ejercer el control físico y entonces el Poder Ejecutivo puede hacer lo que quiera con nuestro dinero y asignarle recursos a los ministerios que quiera, según conveniencia política o intereses que estén alineados con procesos electorales.
En el análisis de Transparencia Venezuela se observa el desconocimiento de las premisas económicas que deben ser consideradas en la formulación del presupuesto.
Así es. Los gobiernos en la mayoría de los países del mundo tienen que mencionar las premisas macroeconómicas porque así se sustenta de dónde van a venir las recaudaciones. De esta forma los gobiernos saben cuánto van a recaudar en Impuesto sobre la Renta, el IVA o por cotizaciones de la seguridad social, según se comporte la economía. Si la economía va a crecer se estima en el ejercicio fiscal la recaudación de esos impuestos y, además, las condiciones sociales también crecen. En un país como el nuestro, que depende de las exportaciones del petróleo tenemos que saber cuál es el precio promedio del barril de ese producto. El gobierno dice yo voy a vender 800 mil barriles de petróleo al día y se supone que los venderé a 30 dólares, lo cual dará un ingreso general, pero hay que pagar costos vinculados al proceso de exportación y restándole éstos, se estima cuánto va a ser el ingreso. Pero, el gobierno no nos dice cuánto va a obtener por ese concepto, tampoco si va a crecer la economía y si el tipo de cambio se va a mantener igual, detalle muy importante porque ese tipo de cambio nos indicará cuántos bolívares entrarán de acuerdo a las ventas de petróleo o de oro. Nosotros advertimos, por ejemplo, respecto a la recaudación por regalía minera, ya que el gobierno estima una cantidad muy pequeñita en recaudación de regalía por oro como si fuera a producir 3 toneladas de ese mineral. Pero, en el Plan Sectorial Minero, el gobierno mismo está diciendo que quiere para el 2023 ofrecer 56 toneladas métricas de oro. Si dicho plan estima la producción en 56 toneladas métricas, ¿por qué está diciendo que el ingreso por oro va a ser tan bajito como el que están colocando allí? Según las cuentas que nosotros sacamos faltan 300 millones de dólares. Entonces si no nos dicen cuáles son las premisas económicas hay riesgos de que el gobierno no nos esté diciendo la verdad de cuánto va a recaudar efectivamente. y como no nos dice cuánto va a recaudar no le podemos ejercer control y preguntarle: mire, ¿qué pasó con la entrada de ingresos por petróleo, cuánto entró realmente por oro, cuánto fue lo que se recaudó por el Impuesto sobre la Renta y así por el estilo en otros rubros? Es posible que nos diga que se recaudó en Impuesto sobre la Renta, cien; pero, en realidad fueron 130 y los otros 30 no sabemos dónde están. Cuando no se dan a conocer las premisas macroeconómicas hay riesgo de que se subestimen los ingresos y, entonces, hay poder discrecional para la distracción de recursos con un riesgo de corrupción. Nosotros no podemos corroborar que esté ocurriendo corrupción ahora, pero el riesgo está y lo lógico es que se deben elaborar los presupuestos minimizando las oportunidades de abusos de poder por riesgo de corrupción. Y como tenemos un historial de muchísimas prácticas corruptas que Transparencia Venezuela ha documentado en el portal Corruptómetro. Ong, hay muchas razones para estar preocupados. Además, con los resultados que sacó Venezuela en el Índice de Percepción de Corrupción, en el cual somos el país percibido como el más grande corrupto de toda América al quedar en la posición 177 de 180, con todos los casos que ya se han descubierto y están siendo investigados en 23 países del mundo y no nos dicen cuánto dinero efectivamente van a administrar, no dan las premisas económicas y subestiman el presupuesto, reitero, hay muchas razones para sentir preocupación.
En cuanto a la inflación, acerca de la cual no se ha dado información de lo ocurrido en noviembre y diciembre del año pasado, ¿se presume que el Banco Central de Venezuela maquilla los porcentajes inflacionarios?
Con la inflación, hace publicaciones espasmódicas, no puntuales como deberían ser. La ley del BCV dice que el saldo de inflación debe publicarse los diez primeros días del mes siguiente. El gobierno ocultó las cifras del 2018 y 2019, después volvieron a aparecer, luego cuando se solicitó un dinero a China, éste país insistió en que se publicaran las cifras y entonces aparecieron, pero en las normativas venezolanas es obligatoria la publicación de esos datos económicos y también lo establece la Ley contra la Corrupción, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Administración Pública; pero, bueno, el gobierno las ha ido publicando de manera espasmódicas. Hubo una información del Banco Central sobre saldo de inflación hasta septiembre del 2022, pero la publicaron en una notica de prensa sin hacerlo en la página de Índice Nacional de Precios al Consumidor y luego no dijeron más nada, porque no han querido. Eso se presta para muchas suspicacias porque hay muchos intereses y de hecho la metodología para el cálculo de inflación varió en un momento también en que los números no aparecieran tan grandes. Nosotros en nuestro informe pusimos 267 por ciento, cálculo que hicimos con los datos del BCV desde enero a octubre 2022 y luego tomamos los datos mensuales de noviembre y diciembre del Observatorio Venezolano de Finanzas, que está haciendo el seguimiento. La inflación acumulada hasta el 20 de octubre, más los de noviembre y diciembre del Observatorio Venezolano de Finanzas nos dio ese 267 por ciento, pero es una situación que no debería ocurrir porque el gobierno ha debido publicar puntualmente todos los datos y creemos que este rezago ya en el mes de marzo deberían estar saliendo los datos de inflación de enero y febrero del 2023, lo que hace suponer que se está ocultando la realidad y se abre espacio a la especulación y tratar de ver cómo manipular las cifras como ha ocurrido en otras ocasiones.
¿También hay suspicacias cuando los ingresos petroleros aparecen como extraordinarios?
Con el ingreso petrolero tendría razón de que se catalogue como extraordinario sólo si estimamos el precio del barril de petróleo, por ejemplo, en 40 dólares de promedio para el año y resulta que ocurre un hecho extraordinario de que de ese valor se va a 100 dólares. Por ese diferencial entre lo sumado y lo que realmente costó podría ser una razón para considerar el ingreso extraordinario petrolero extraordinario por un cambio súbito en el precio. Sin embargo, ni siquiera nos dicen cuál es la estimación de precio que tiene en 2023, ya que lo ocultan y de plano todos los ingresos petroleros los están incluyendo dentro de los ingresos extraordinarios. Éstos son los ingresos eventuales, como por ejemplo la venta de una empresa del Estado, porque eso no se está haciendo todos los años. Si se vende una empresa, un edificio, un terreno, sería extraordinario o, como ya dije, en el caso de que se venda petróleo por un precio más alto de lo estimado. Si no , no hay ninguna razón, porque nuestras leyes tienen previstas claramente cuáles son las formas en que la industria petrolera alimenta a la hacienda pública venezolana, como son el pago del Impuesto sobre la Renta, el pago de otros tributos, el impuesto por la venta de gasolina aunque está de nombre nada más, el impuesto de extracción, las regalías que están previstas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Todos esos son ingresos ordinarios, pero el gobierno los está catalogando de extraordinarios como estrategia para restar los recursos que efectivamente les corresponde a gobernaciones y alcaldías, por cuanto los ingresos extraordinarios no entran en el reparto del situado constitucional, sino lo que dice la Constitución: el 20 por ciento de los ingresos ordinarios.
El gobierno subestima, en general, todos los ingresos y coloca los ingresos ´petroleros como extraordinarios, motivo por el cual la porción del situado es mucho más pequeña para gobernaciones y alcaldías, limitando sus posibilidades de atender las competencias previstas en la Constitución y en las leyes respectivas. También esa es una forma de sometimiento político porque gobernadores y alcaldes tienen que estar permanentemente solicitándole al Ejecutivo Nacional que por favor manden los recursos y esto se agrava mucho más porque el gobierno nacional centralizó el pago de las nóminas de personal a través del Sistema Patria. Ahora, las gobernaciones, alcaldías y todos los entes ya no pagan a sus empleados, sino que ese dinero lo retiene el gobierno nacional y es el Ministerio de Finanzas el que paga a todo el mundo.
En torno al endeudamiento, Transparencia Venezuela hace observaciones en relación a algunas obras que recibieron recursos para su ejecución y vuelven a tenerlos en el 2023.¿Es que la Contraloría General de la República no se ocupa de hacer ningún control de las obras del gobierno?
Con la Contraloría hay dos problemas. Uno, el contralor Elvis Amoroso es una persona militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y allí hay un conflicto de intereses, porque salió de diputado de la Asamblea Nacional para ejercer ese cargo. Y el contralor no puede tener militancia política sino ser una persona independiente y estar en el cargo por razones de capacidad, méritos y de experticia técnica, lo que no es el caso de este señor que, aunque fue miembro de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, actuó como militante del partido de Nicolás Maduro y, por tanto, hay dudas de que ejerza control.
Por otro lado, tenemos que el presupuesto de la Contraloría General de la República es ínfimo, ya que se puede ver en la distribución de gastos por poderes lo que tiene el Poder Ciudadano, que abarca Contraloría, Fiscalia y Defensoría del Pueblo, y sólo es del 0,33 por ciento de un presupuesto deficitario, puesto que no llega ni al uno por ciento. Los recursos son muy pocos y también los recursos humanos, pues la cantidad de trabajadores no da abasto para una administración pública tan grande que comprende 32 ministerios, pero en realidad son 46 órganos y dentro de los ministerios hay viceministerios. Teníamos antes un vicepresidente y ahora tenemos seis vicepresidencias sectoriales, hay más de 600 empresas que dependen del poder nacional y a estas las 200 de las gobernaciones. Pero tenemos que ir más allá, porque son más de 4 mil órganos que tiene que controlar un solo órgano con poquito presupuesto, con poquitos trabajadores y con una autoridad que es militante del partido del presidente. Todo esto incide en que se ejerzan verdaderamente las labores de control y si añadimos que se han depreciado los salarios de los trabajadores de la Contraloría, esta institución también ha sufrido los problemas de abandono, de decepción, de diáspora, entonces, ellos no están ejerciendo el control debido. Y por eso nos enfrentamos con este problema en que vemos el endeudamiento que van a financiar obras que tienen años paralizadas como la hidroeléctrica de Tocoma, o como las líneas de Metro igualmente paralizadas y se habla también en las líneas de endeudamiento para infraestructura de agua potable a nivel nacional, rehabilitación de agua potable, pero los problemas no han disminuido sino que han aumentado en todo este tiempo. Vimos en el año 2020 la adquisición de camiones cisternas a China, lo que nos preocupó muchísimo porque el dinero debía garantizar que todo el mundo tenga suministro de agua potable en su casa por tubería y no adquisición de camiones cisternas, que no sabemos en qué condiciones llegaron a Venezuela. Suponemos que ese es otro endeudamiento. No hay memorias y cuentas disponibles para los ciudadanos que nos permitan ver el estado de las obras. Sabemos que esas memorias y cuentas no se publican desde el año 2016, lo que indica que no hay una rendición de cuentas efectivas para poder hacer seguimiento al dinero que va a determinado proyecto y que no se conoce el avance físico, ni financiero. Recientemente s un estudio de El Pitazo reveló el caso del endeudamiento que se pidió para el Sistema de Orquestas que iba a construir seis centros de estudio en estados de Venezuela y no se construyó ninguno, ya que lo único que se hizo fue una ampliación de una unidad que existía en Miranda. De cualquier manera vemos unos montos asignados y hay muchas dudas de que esos proyectos avancen porque el tramo de El Tambor a San Antonio y las termoeléctricas tienen años paralizadas, no ha habido ningún avance.
¿El país no va a saber nunca cómo se manejó el presupuesto?
Desde la sociedad civil hacemos un esfuerzo por hacer seguimiento al presupuesto. La situación es compleja. El llamado es a la ciudadanía y a la sociedad civil a exigir que se rindan cuentas efectivamente con datos que sean publicados permanentemente y sean oportunos, verificables. No bastan las alocuciones presidenciales en donde se dice que se va a hacer esto o se va a hacer aquello, pero no podemos ir a un sitio web a ver los documentos con detenimiento para poder corroborar las cifras. Pudimos ver que el presidente Maduro en la alocución de memoria y cuenta de 2022 dijo que se iban a construir 500 mil viviendas en 2023 y buscamos el proyecto de esas 500 mil viviendas en todo el presupuesto y no lo encontramos. El llamado es a la ciudadanía, a las academias, a los empresarios porque también para el sector privado, para las empresas, es muy importante saber cómo se administran los recursos públicos para hacer su planificación, para saber de qué manera podría participar en las asociaciones del sector público como proveedor, como contratista, pero nada de esto es claro y hay riesgos de abuso de poder. Por eso tenemos que insistir que haya transparencia con publicación oportuna, completa, de datos abiertos, en forma permanente en los portales web respectivo de toda esta información. Y ya que estamos en los albores de procesos electorales este es un tema importantísimo, de exigencia a quienes aspiren a cumplir cargos de ejercicios de poder. La publicación de los presupuestos y de memorias y cuentas es un elemento mínimo de transparencia y, por supuesto, respecto a lo que se comenta de quien controla debieran existir los controles formales, asi que también los ciudadanos deberíamos pedirle a los diputados de la Asamblea Nacional que exijan rendición de cuentas al Poder Ejecutivo, aunque sean de su mismo partido. Ellos, en teoría, están representando los intereses de los ciudadanos y deberían ejercer ese control político. Y también deberíamos exigir que se renueven aquellos cargos dentro de los poderes públicos que no funcionan con autonomía e independencia del Poder Ejecutivo, tal es el caso de la Contraloría General de la República y también vemos problemas con el sistema de justicia.
Pacífico Sánchez – El Impulso
