El tribunal internacional acusa al presidente ruso y a Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos del niño en Rusia, de deportación y traslado ilegal de menores de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin, al que acusa de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en concreto el traslado y la deportación de niños.
Según explica en un comunicado, la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de detención contra Putin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos del niño en Rusia, en virtud de las solicitudes presentadas por la Fiscalía el pasado 22 de febrero, y los magistrados han decidido hacer públicas las órdenes para prevenir que se cometan futuros crímenes.
El presidente de la corte, Piotr Hofmanski, ha explicado en un vídeo que si bien los jueces de la CPI emiten las órdenes, depende de la comunidad internacional hacerlas cumplir –el tribunal no tiene una fuerza policial propia para hacer cumplir las órdenes–. Este es un momento importante en el proceso de justicia que tiene lugar ante la CPI. Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y han determinado que hay acusaciones creíbles contra estas personas. La CPI está haciendo su parte como tribunal de justicia.
Se considera poco probable que se lleve a cabo un juicio en La Haya. Moscú no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), un posición reafirmada recientemente por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Si bien Ucrania tampoco es miembro, ha concedido al tribunal jurisdicción sobre su territorio y el fiscal Karim Khan ha visitado el país hasta en cuatro ocasiones en el marco de su investigación.
Según la Corte, Putin es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de población, en este caso niños, de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. Los crímenes se habrían cometido en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022 –día en que Putin ordenó la invasión–.
Hofmanski ha recordado que el derecho internacional prohíbe que las potencias ocupantes trasladen a civiles del territorio en el que viven a otros territorios, y que los niños gozan de una protección especial.
Hay motivos razonables para creer que Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (…) y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, en virtud de la responsabilidad superior, reza el comunicado de la Corte.
El tribunal también cree que Maria Alekseyevna Lvova-Belov es presuntamente responsable del mismo crimen de guerra. Hay motivos razonables para creer que la señora Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros.
La CPI hace pública las órdenes
La sala ha considerado, basándose en las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que tanto Putin como Lvova-Belova son responsables del crimen de guerra de deportación y del traslado ilegal de población.
El tribunal estima que las órdenes son secretas para proteger a víctimas y testigos y también para salvaguardar la investigación, pero teniendo en cuenta que las conductas objeto de la presente situación están presuntamente en curso, y que el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a evitar que se sigan cometiendo delitos, considera que es en interés de la justicia autorizar a la Secretaría a divulgar públicamente la existencia de las órdenes, el nombre de los sospechosos, los delitos por los que se dictan las órdenes y los modos de responsabilidad establecidos por la Sala.
Este jueves, una comisión independiente de expertos enviada por la ONU a Ucrania concluyó en su informe final que las autoridades rusas han cometido una gran variedad de violaciones del derecho internacional en diversas regiones del país, muchas de las cuales equivalen a crímenes de guerra.
Los expertos se mostraron preocupados tras investigar los traslados de niños de Ucrania a Rusia, y explicaron que las situaciones relativas al traslado y deportación de niños que han examinado también equivalían a crímenes de guerra. De acuerdo con los testigos que hablaron con la comisión, muchos de los niños más pequeños trasladados no pudieron establecer contacto con sus familias y podrían perder el contacto con ellas indefinidamente.
Kiev ha dicho que, como parte de un proceso penal, está comprobando la información sobre la deportación forzosa de 16.226 niños.
Kiev habla de paso histórico y Moscú de órdenes legalmente nulas
El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, ha reaccionado rápido al anuncio del tribunal en Twitter. La Justicia se mueve. Aplaudo la decisión de la CPI de dictar órdenes de detención contra Vladímir Putin y Maria Lvova-Belova por el traslado forzoso de niños ucranianos. Los criminales internacionales tendrán que rendir cuentas por el robo de niños y otros crímenes internacionales.
El fiscal general de Ucrania, Andrei Kostin, ha calificado la decisión de la CPI como un paso histórico. A partir de ahora, el presidente ruso tiene la condición oficial de sospechoso en el delito internacional de traslado forzoso ilegal de niños ucranianos. (…) Esto significa que Putin debe ser detenido fuera de Rusia y llevado a juicio. Y los líderes mundiales se lo pensarán dos veces antes de estrecharle la mano o sentarse con él a la mesa de negociaciones. El mundo ha recibido la señal de que el régimen ruso es criminal y de que sus dirigentes y cómplices serán llevados ante la justicia, ha dicho.
Moscú, por su parte, ha dicho que las órdenes son legalmente nulas en Rusia. Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo y las posibles ‘órdenes’ de detención que emanen del Tribunal Penal Internacional serán legalmente nulas para nosotros, ha dicho dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova.
El jefe de la diplomacia de la UE Josep Borrell, ha asegurado que la decisión del tribunal y la gravedad de los crímenes hablan por sí solas. Es una importante decisión del tribunal para la gente de Ucrania. Siempre hemos defendido que los culpables de la guerra tienen que ser llevados ante la Justicia. Esto es solo el comienzo del proceso para la rendición de cuentas. No puede haber impunidad. Informa Irene Castro, corresponsal en Bruselas.
Eldiarios.es – Icíar Gutiérrez
