Ha empezado a correr “tinta” y a captar protagonismo el tema de una eventual política de privatizaciones de las empresas públicas o de empresas en manos del Estado, a propósito de las elecciones primarias de la oposición para elegir un probable candidato ante unas eventuales presidenciales para el año 2024.
Ya ciertos candidatos se pronuncian a favor y en contra, e incluso economistas y analistas han empezado a dar sus opiniones al respecto. Posiciones encontradas evidencian enfoques diferentes e incluso el interés por enviar señales de diferenciación de un candidato con otros (teniendo en mente el “mercado” electoral).
El hecho cierto es que dicha decisión corresponde a una de naturaleza económica y técnica, que por más que revista análisis y cálculos de cierta complejidad así como la valoración de alternativas y el diseño de mecanismos para llevarla a cabo -a las privatizaciones; la respuesta no tendría porque resultar ambigua o de mucha dispersión entre técnicos.
La respuesta que se derivaría de un análisis sobre la pertinencia de la privatización de las empresas públicas como PDVSA, CANTV, MOVILNET, CVG,etc., obedece a criterios objetivos y técnicos sobre los cuales puede existir cierto consenso relativo a estimar si dicho acto (la eventual privatización) reporta mayor “beneficio/utilidad” a la sociedad venezolana. Adicionalmente, el hecho que las empresas en manos del Estado, desde PDVSA, pasando por CANTV, MOVILNET y la CVG, todas produzcan bienes privados resulta relevante y contundente para inclinarse en favor de la privatización.
A nivel mundial, intereses privados, grupales o políticos basados en objetivos distintos a la “utilidad” que le reportan a la sociedad dichas empresas en manos del Estado es lo que ha motivado el uso de calificaciones difusas y vacías de contenido como “Sector Estratégico” para cuestionar la privatización de las empresas públicas. Estratégico resulta que dichas empresas funcionen bien en sus tareas de producción de bienes privados, generando de empleos así como contribuyendo al fisco. Adicionalmente, dichos intereses particulares has solido alegar “soberanía” sobre la propiedad de activos y empresas que producen bienes privados y que podrían ser administradas más eficientemente en manos privadas sometidas a la disciplina competitiva de los mercados.
Por lo general nunca ha habido justificación de falla de mercado que justifique una discusión entre la propiedad privada o pública de dichas empresas.
Haciendo uso de la teoría de la organización industrial, podríamos plantear la siguiente pregunta y su correspondiente respuesta: ¿Qué tipo de organización (entre empresa pública y privada) y qué grado de integración dentro del Estado resulta más eficiente y deseable para la sociedad en el desarrollo de las actividades productivas de las empresas que actualmente se encuentran en manos del Estado? En la respuesta a dicha pregunta nos encontraremos con que las empresas públicas y su administración adolecen de un exacerbado problema Agente-Principal en detrimento de recursos públicos con elevadísimos costos de oportunidad ante empresas deficitarias que requieren financiamiento público. Asimismo, integrar al Estado actividades económicas de producción y provisión de bienes privados sólo tendría sentido si le reporta a la sociedad mayores ingresos que los ingresos derivados de los impuestos, entre otros el impuesto sobre la renta (incluyendo asimismo el uso eficiente de los recursos y el ahorro de despilfarro derivado de la ausencia de problemas Agente-Principal).
En manos privadas existe la posibilidad de que la empresa genere rentas y aporten impuestos al fisco. En manos públicas existe el riesgo de que terminen siendo mal administradas generando pérdidas y requiriendo financiamiento público comprometiendo recursos que podrían ser utilizados para el financiamiento de bienes públicos necesarios para la sociedad.
Siendo que las empresas mencionadas anteriormente no proveen bienes públicos, no parece lógico tenerlas en manos públicas.
Unos temas adicionales de interés lo constituyen el tiempo/timing o momento en el cual se privatizarían y el diseño del proceso de privatización. Éstos no constituyen temas menores.
Por ejemplo y a manera de referencia, la literatura y estudios especializados referidos a la licitación del espectro radioeléctrico reconoce que el timing del lanzamiento de una licitación puede incidir en su resultado (es decir sobre el precio del espectro). Innovaciones tecnológicas, nuevos modelos de negocio así como nuevos usos del espectro de alto valor pueden presionar al alza del precio pagado por las operadoras en comparación a periodos o licitaciones previas a la irrupción de éstas innovaciones.
Sin embargo, lo anterior difiere de la idea de que existe diferencia entre licitar PDVSA del resto de las empresas públicas como algunos analistas asoman. Por ejemplo, alegar que actualmente constituye un mal momento para licitar PDVSA por su estado actual de inoperatividad y obsolescencia, constituye un error o cuando menos una miopía. Justamente porque podría requerirse inversiones y costos incrementales es que se hace necesaria su privatización. Dejar la explotación de dicha actividad económica a quien más lo valora y puede hacerlo de forma más eficiente, incurriendo en menores costos; podría permitir mayor recaudación por medio del mecanismo de licitación así como tributariamente sin tener que incurrir en costos innecesarios para los cuales no se cuentan con recursos públicos actualmente.
Un buen diseño de los mecanismos de licitación y/o subasta resulta clave así como un marco institucional que imprima previsibilidad y seguridad jurídica a potenciales inversores o licitadores, porque obviamente esto se verá reflejado en el precio final de una subasta o licitación. Sin embargo, insistimos, poco o nada tiene que ver lo anterior con el hecho de la condición en la cual se encuentra la estatal petrolera (por el contrario).
En otro orden de ideas, objetivos de priorización, privilegio o subsidios en el acceso a productos derivados de la industria petrolera no es ni remotamente una justificación para que dicha actividad se encuentre en manos públicas. Resulta necesario un enfoque basado en un Decoupling de los objetivos de eficiencia de aquellos objetivos eventuales de acceso, equidad o subsidio. De hecho, una exitosa recaudación -tanto en subastas como en tributación- podría permitir financiar eventuales subsidios directos a la demanda (entre otros usos).
Otro tema es: ¿Quiénes llevaría adelante un eventual proceso de privatización de las empresas públicas en Venezuela? ¿la actual gestión de gobierno? ¿Grupos susceptibles de captura por la debilidad jurídica e institucional venezolana? Este si resultaría un tema de “timing” verdaderamente relevante.
Economista UCV. Profesor de Estrategia Competitiva, Universidad Torcuato Di Tella
