Me atrevo a incurrir en este delicado y peligroso terreno de la coyuntura actual, aun a pesar de que esta propuesta no tenga eco en el mundo político, pero quizás si en de la sociedad civil. Creo que valdría la pena evaluar fría y reflexivamente la conveniencia de renovar todos los poderes públicos en un momento dado, mientras más pronto mejor. Aporto varias razones en favor de esta idea:
1ª. A partir de 1999 todas las elecciones nacionales, excluyendo la presidencial de 1999, y las regionales han estado sujetas a diferentes cuestionamiento que permiten concluir en que los poderes elegidos, todos, han sido rechazados por cada uno de los actores políticos, lo cual nos coloca en posición de afirmar la necesidad de ir a un proceso político electoral en el cual se renueven todos los poderes públicos y donde la población pueda expresar libremente su opinión y los legitime consensualmente. Una elección en la que todos estén representados y puedan así ser elegidos,
2ª. Más allá de la elección presidencial la que, desde luego, tiene importancia capital por el peso del “híper- presidencialismo venezolano, es relevante evaluar la situación actual del resto de poderes públicos, cuando, de ambos lados se cuestionan severamente las dos Asambleas Legislativas y sus respectivo Poder Judicial. Si una situación como esa se mantiene, el País se coloca en el borde de un entorno Institucional consiguientemente conflictivo que paraliza e inmoviliza, no solo a los actores políticos envueltos, sino, lo que es peor, a Venezuela en su totalidad,
3ª. Siendo que la elección de la Asamblea del 2015 fue confirmada y aceptada por el organismo electoral y por las autoridades gubernamentales y de ella se constituyeron poderes colaterales, tal como fue caso del “Gobierno Interino”, la reacción gubernamental fue oponerle las tesis originadas en el Poder Judicial y luego producir la elección Presidencial y de la Asamblea, no reconocidas, creando una innegable crisis institucional con dos Cámaras Legislativas, dos Poderes Judiciales y dos Poderes Ejecutivos. Una situación que, desde luego, tiene paralizadas a ambas partes y al País en su totalidad,
4ª. Y última. Por razones estrictamente prácticas sugiero que esas “mega elecciones” se realicen en el 2025 para no interrumpir la secuencia de las elecciones presidenciales, incluyendo particularmente las primarias que debe realizar la oposición democrática, pero si fuera posible y conveniente, por razones técnicas, realizarlas en 2024 no me opondría.
