Recuperación sostenible y desarrollo no rentístico.
El reto económico esencial de Venezuela es lograr una recuperación sostenible del aparato productivo nacional y de la industria del petróleo y el gas natural con el concurso de la inversión privada nacional y extranjera y en alianza con el Estado como garante de la seguridad jurídica.
La sostenibilidad de la recuperación no debe medirse sólo en términos de unos cuantos miles de barriles adicionales: múltiples factores deben converger, partiendo de un consenso nacional sobre la estrategia de desarrollo no rentístico de la economía, conjuntamente con una política energética integral; ambas dirigidas a reinsertar a Venezuela en el mapa mundial de la energía. Ello es sólo posible si el país logra atraer ingentes recursos de capital (CAPEX) para reactivar la producción de hidrocarburos, refinanciar la deuda externa (en cesación de pagos) y obtener fondos provenientes de los organismos multilaterales.
El círculo virtuoso de una recuperación sustentable debe ser el resultado de un rediseño cultural y mental de la relación entre el Estado, la industria y la sociedad civil, de forma tal que el ciudadano y sus instituciones dejen de ser “cazadores de rentas” (“rent-seekers”), para trocarse en emprendedores que optimicen el despliegue pleno de las fuerzas productivas privadas de la nación, como lo planteaba el economista merideño Alberto Adriani (1898–1930) hace casi un siglo.
Debemos abandonar la noción del Petro-Estado paternalista y centralizador que durante el siglo XX y lo que va del XXI no ha podido trascender su condición extractivista de simple colector de impuestos y regalías o propietario improductivo e ineficiente administrador de una inmensa fortuna heredada de la Providencia. Desde los años 70, ese Petro-Estado no pudo o no supo gerenciar la enorme riqueza con criterios de eficiencia para beneficio de la colectividad venezolana.
Pico de la demanda y transición energética
Repasemos primero qué ha ocurrido en la industria energética mundial en las últimas dos décadas. La descomunal bonanza de precios del petróleo del período 2003–2014 produjo un choque expansivo de oferta de todas las energías y un choque contractivo de la demanda petrolera en las naciones desarrolladas (aunque en los países emergentes el consumo ha continuado subiendo). Ambos factores gestaron un colapso de precios: el crudo marcador Brent cayó de US$ 114,21 por barril (b) en 2012, a menos de $ 44,54/b en 2016. Pero también colapsó la inversión mundial (CAPEX) en petróleo y gas natural, desde un nivel cercano a $ 900 millardos a poco más de $ 400 en similar período.
En paralelo, 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron, en 2015, el Tratado de París sobre cambio climático, precedido de la adopción por parte de la ONU de las nuevas diecisiete metas de desarrollo sustentable para el año 2030.
Cuando se inició un leve aumento de la inversión mundial en hidrocarburos, sobrevino la pandemia del COVID-19, generando una nueva contracción. Los precios y la demanda volvieron a caer; pero la disminución de la inversión tuvo un efecto inverso, al gestarse un excedente de demanda sobre la oferta. Los precios comenzaron a subir: el Brent, que disminuyó a $ 42,31/b en 2020, subió a $ 69,76/b en 2021 y $ 100,93/b en 2022, pese a que los efectos económicos del COVID parecían acelerar la transición energética. Nótese cómo, en el segundo trimestre de 2020, la demanda petrolera mundial se redujo en 15 millones de barriles diarios (MMBD) de su pico en 2019: 99,7 MMBD.
Los países industrializados y emergentes (el G-7 con Estados Unidos, la Unión Europea, China –segunda economía del planeta–, e India –séptima–, expandieron el gasto y la inversión pública y flexibilizaron sus políticas monetarias para evitar la recesión, mientras que tomó cuerpo a nivel de los Estados, organismos multilaterales, mercados de capital y grandes corporaciones, el concepto de transición energética. Se pronostica el pico de la demanda petrolera mundial para poco antes o poco después del año 2030, con un nivel no mayor a 110 MMBD en el más optimista de los escenarios. Para 2023, se espera una demanda de 102 MMBD.
Gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales han anunciado compromisos de reducción de emisiones tóxicas de efecto invernadero; y van más allá, al fijar metas de emisiones netas cero o neutras en los años porvenir. La transición energética comenzó a acentuarse en función de la significativa reducción en los costos de las energías renovables, principalmente la solar y eólica.
Geopolítica y seguridad energética mundial
Pero en febrero del 2022, tuvo lugar otro hecho que está reconfigurando la geopolítica mundial, el cual está incidiendo fuertemente en la industria de los hidrocarburos: Rusia decidió invadir a Ucrania, generándose un conflicto bélico alarmante que vuelve a colocar la seguridad energética del planeta en el epicentro de las relaciones internacionales.
Las metas de la transición energética parecen entrar en conflicto con las preocupaciones sobre la seguridad energética. Los precios vuelven a aumentar y seguidamente a bajar, afirmando la volatilidad que los ha caracterizado ya durante cinco décadas.
Creemos que las perspectivas de la demanda de petróleo y gas natural son más promisorias que antes de iniciarse la guerra; pero también alertamos que la transición energética, y en particular la descarbonización de la economía y de la propia industria petrolera, lucen irreversibles, y a ello debemos enfocarnos en nuestras políticas públicas en Venezuela.
Es necesario advertir que, para levantar en los mercados globales de capital la inmensa cantidad de recursos de inversión (CAPEX) que requiere la industria de los hidrocarburos, nosotros los venezolanos, Estado y sector privado en alianza, debemos presentar compromisos factibles y creíbles de emisiones netas cero, sin lo cual será muy difícil que fluyan a Venezuela dichos flujos de inversión.
Cooperación Estado – empresa privada: cinco áreas
Para aprovechar la ventana de oportunidad de unas dos décadas que nos ofrecen los mercados globales de energía, y en consonancia con las metas de desarrollo sustentable de la ONU, pensamos que la cooperación y asociación entre el Estado y el empresariado privado nacional e internacional, debe centrarse en las siguientes áreas:
1. Desarrollo y cumplimiento contractual: las leyes económicas no son sólo instrumentos legales. Ellas representan un pacto social para el desarrollo de los sectores productivos. Debe procurarse la consecución plena de los objetivos de desarrollo contemplados no sólo en la Ley Hidrocarburos Gaseosos de 1999 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2002, sino en las actas constitutivas y estatutos de las empresas mixtas y de las licencias de exploración y producción de gas natural (el gas representa la principal fuente de energía en la transición energética, ya así calificada por la Unión Europea). El cumplimiento contractual es la antesala de la generación de confianza en los inversionistas calificados.
2. Potenciar el capital social de las 46 empresas mixtas y 21 licencias de gas y realizar nuevas licitaciones trasparentes. El capital social acumulado, integrado por el Estado y por los socios minoritarios privados (Socios B), son los que mejor conocen las características de los yacimientos y sus necesidades de mantenimiento, capital y tecnología; dominan sus estados financieros y deudas con socios y contratistas; y fijan las pautas de higiene, salud, seguridad y ambiente (HSSE). Además, las empresas mixtas fueron aprobadas por la Asamblea Nacional.
3. Suscribir, conforme a la Ley de Hidrocarburos, los Acuerdos de Servicios Productivos (ASPs) o de Hidrocarburos (ASHs) y los Convenios de Asistencia Técnica (CATs), y explorar la posibilidad de ampliar las áreas geológicas de las empresas mixtas. De esta manera, se puede maximizar la producción a corto plazo en forma técnicamente eficiente para los yacimientos. Podrían considerarse esquemas de fusión y adquisición por socios potenciales que tengan las calificaciones internacionales de trasparencia, competencia técnica, talento humano, capital, mercados y buen gobierno corporativo.
4. Acordar un nuevo modelo de negocios sustentable y competitivo entre el Estado y el sector privado nacional y extranjero. Ello supone contar con un modelo económico que sirva de referente para las actuales y potenciales empresas mixtas y licencias de gas, de manera que se pueda alcanzar una tasa interna de retorno que estimule permanentemente la inversión y reinversión de capital para el sostenimiento y ampliación del potencial de producción. Cuando, por choques externos o internos, el modelo referencial se desvíe de sus objetivos de rentabilidad razonable, producción e inversión, el Estado y los inversionistas podrán renegociar los contratos con miras a restablecer la economicidad del proyecto; concepto que ya está previsto en la Ley de Hidrocarburos.
5. Revisar la presión tributaria del sector del petróleo y el gas en función de la competitividad internacional de Venezuela, visto que el país registra uno de los más complicados y elevados regímenes fiscales del mundo.
Existen otras áreas de cooperación en las cuales las empresas nacionales e internacionales pueden ofrecer sus mejores prácticas: talento humano, formación de capital nacional, estructuras corporativas, mantenimiento, evaluación y financiamiento de proyectos, transición energética, descarbonización, optimización de operaciones, venteo de gas natural, higiene, salud, seguridad y ambiente, responsabilidad social empresarial, etc.
Se cumplió en 2020 el centenario de la promulgación de la primera Ley del sector. En 2023 se celebra el 80 aniversario de la histórica Ley de Hidrocarburos de 1943. La historia nos enseña que cuando el Estado y las empresas petroleras nacionales e internacionales, como socios y aliados a largo plazo, alcanzan acuerdos estables y mutuamente beneficiosos conforme a un ordenamiento jurídico y fiscal competitivo, la inversión y la producción de petróleo y gas aumenta en obsequio del desarrollo sustentable de Venezuela.
