El pasado miércoles 22 de marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela (MDH), presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una actualización sobre la situación de los DDHH en el país. En su informe verbal, entre otras graves denuncias, manifestó su preocupación por el “número muy elevado” de muertes violentas que vienen ocurriendo en el país por enfrentamiento con las fuerzas del orden público. Valiñas señaló que las informaciones recabadas hasta la fecha por la Misión, muestran indicios de que en Venezuela persiste “una política estatal de lucha contra la criminalidad que incluía la eliminación, mediante ejecuciones extrajudiciales, de personas consideradas o presentadas como delincuentes”.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), durante el año 2022 a se produjeron en Venezuela 1.240 muertes como resultado de intervenciones policiales. Esta cifra representa un 13,24 % del total de los 9.367 homicidios ocurridos en el país, lo cual ubica la tasa de este tipo de muerte a manos de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano en un nivel de 4,67 homicidios por cada cien mil habitantes. Aunque estas cifras son menores a las de años anteriores, se mantienen dentro de rangos muy preocupantes, sobre todo por la persistencia de un patrón indicativo de ajusticiamiento extrajudicial que ha sido denunciado de manera reiterada por las organizaciones de defensa de DDHH.
Desde hace varios años, esta “violenta política institucional” de seguridad del Estado venezolano viene siendo alertada y documentada en los informes elaborados por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y por la Misión Independiente (MDH). De igual forma, ha sido reportada en múltiples informes realizados tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, como por diversas ONG defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.
En su informe del 2018, Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), afirmó que, al menos desde el 2012, existía un patrón de uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de los órganos de seguridad venezolanos en sus operaciones de seguridad, “las cuales se saldaron con un gran número de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”. Esta denuncia fue reiterada por Bachelet en su informe del año siguiente, donde señaló que en Venezuela “miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han fallecido en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad”.
Estas operaciones de seguridad, a las que hace referencia Bachelet en sus informes, fueron la respuesta represiva y punitiva que implantó el régimen chavista al verse desbordado en el año 2012 por la altísima tasa de homicidios en el país, la cual venia incrementándose desde el 2004, pasando de 37 a 50 homicidios por cada cien mil personas en el 2011.
La implementación a partir del 2012 de operativos policiales militarizados como los de la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP), los del Plan Patria Segura, o los de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), trajo aparejado un aumento muy pronunciado del número de muertes de civiles en manos de la fuerza pública. Entre el año 2012 y el año 2018, la tasa de homicidios por cada cien mil personas (pccmh) por intervención de la fuerza pública tuvo un incremento del 672 %, pasando de 2,15 pccmh (2012) a 16,60 pccmh (2018).
Durante este periodo (2012-2018), fallecieron en Venezuela 21.981 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. La mayor parte de estas muertes violentas se produjeron dentro del contexto de los referidos “operativos policiales militarizados” realizados en sectores populares, barrios urbanos o periféricos de bajos ingresos del país. Keymer Ávila, en su estudio “National Report, Venezuela” publicado por “Monitor of Use of Lethal Force in Latin America and the Caribbean 2022”, indica como perfil mayoritario de las víctimas: hombres (98 %), moreno-mestizo (79%) y con una edad promedio entre 26 y 27 años.
Claro patrón de ejecuciones extrajudiciales
En su informe de 2020, la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos en Venezuela (MDH) señaló que durante su investigación recibieron “pruebas directas” que contradecían la versión oficial del régimen de Nicolás Maduro de que en muchos de los decesos violentos por uso de la fuerza pública “las víctimas habían muerto al resistirse a la detención, en un enfrentamiento y/o durante un intercambio de disparos”. Igualmente, la Misión pudo establecer que, en la gran mayoría de estos casos, existía un claro patrón donde: a) se limitaban los testigos en el lugar de los hechos únicamente a las fuerzas de seguridad; b) las víctimas recibieron disparos mortales en zonas vitales del cuerpo, a veces a quemarropa; c) no se producían bajas en las fuerzas de seguridad; d) existían indicios razonables para creer que las fuerzas de seguridad colocaron pruebas falsas o simularon enfrentamientos. De aquí que en el informe se afirme de manera categórica que “la Misión tiene motivos razonables para creer que los actos y conductas descritos en este informe constituyen asesinatos arbitrarios, incluyendo ejecuciones extrajudiciales”
Venezuela: extremo abuso de fuerza letal
Las apreciaciones de la Misión de la ONU vertidas en su informe 2020 son consistentes con el estudio comparado sobre el uso letal de la fuerza pública en Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, México, Trinidad & Tobago y Venezuela, realizado por un grupo de expertos latinoamericanos y publicado por el “Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe” en el año 2022. De acuerdo con esta investigación, en Venezuela durante los años 2018 y 2019, tanto las cifras absolutas de civiles asesinados por agentes de seguridad en servicio con arma de fuego (5.287 muertes en el año 2018 y 3.042 muertes en el año 2019) como las tasas de este tipo de homicidios por cada cien mil habitantes (16,60 pccmh en el año 2018 y 9,44 pccmh en el año 2019) fueron con distancia las más altas de la región, incluso por encima de países como Brasil que tiene siete veces más habitantes que Venezuela.
Esta investigación encontró además que los indicadores de abuso y letalidad de la fuerza pública en Venezuela fueron extremadamente altos durante estos dos años: a) La proporción de homicidios causados por agentes estatales con respecto al total de homicidios ocurridos en el país, la cual por estándar internacional debía estar por debajo de 10%, alcanzó en Venezuela el 33% (2018) y 31,20 % (2019); b) La relación entre civiles muertos por agentes estatales y agentes estatales muertos en homicidios, la cual debía estar por debajo de 10, se ubicó en 34 (2018) y en 40 (2019); c) La relación entre el número de civiles muertos y el número de civiles heridos, denominado índice de letalidad para civiles, el cual debía estar por debajo de 1, se ubicó en 56,80 (2018) y en 59,70 (2019). Al comparar estos resultados con los índices del resto de los países del estudio, los investigadores concluyeron que “el abuso de la fuerza letal parece ser un problema grave y generalizado en América Latina y el Caribe. Venezuela se destaca en todos los indicadores por sufrir el caso más extremo de abuso”.
Incentivos al uso de la violencia estatal
Varios son los factores que los expertos han señalado como incentivos de esta política de aplicación extrema de la violencia estatal, destacándose, dentro de ellos, la militarización de la seguridad ciudadana, el socavamiento del Estado de derecho y la opacidad informativa.
Desde el 2014, tal como lo señaló es su informe de 2020 la Misión de la ONU (MDH), se ha venido profundizando el fenómeno de la militarización de la seguridad ciudadana. A través de normas, prácticas y políticas, se ha ampliado la participación de las fuerzas militares en las tareas de seguridad ciudadana, a la vez que se han militarizado aún más los cuerpos policiales del país. El resultado es que hoy en día en el país la política de seguridad ciudadana está dominada una racionalidad bélica-militar que privilegia la violencia estatal e incentiva las ejecuciones extrajudiciales.
Otro factor coadyuvante ha sido el socavamiento del Estado de derecho, promovido por el propio régimen chavista durante las dos últimas décadas para mantenerse en el poder. Esta perversa política inutilizó una importante barrera de contención y control institucional frente a los evidentes excesos del uso de la fuerza por parte de los funcionarios y organismos de seguridad del Estado. Una muestra de ello es que “entre 2017 y el primer trimestre de 2020 cuentan 4.890 casos de homicidios cometidos por funcionarios. De éstos solo 13 llegaron a juicio (0.3%), y en uno solo hay un condenado (0.02%). Esto pudiera traducirse en que la impunidad en estos casos es de un 100%”, tal como lo señala Ávila en su estudio “National Report, Venezuela”.
La impunidad estatal también se ha visto favorecida por la opacidad gubernamental instaurada por Hugo Chávez a principios del 2005 y continuada por Nicolás Maduro. Esta política está dirigida a impedir que la sociedad civil pueda realizar labores de contraloría sobre las ejecutorias del Estado. Es por ello que algunas ONG han asumido, con mucho esfuerzo y riesgo, la tarea de recolectar, analizar y difundir información sobre la violencia criminal en el país, tal como una de ellas lo señala: “La censura sistemática de la estadística oficial, el manejo oscuro de los archivos criminales y las arbitrarias o inexistentes definiciones usadas en el metadato, obligan a los grupos de investigación de las universidades públicas y privadas, como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), a seguir observando y analizando lo que ocurre con la criminalidad en el país”.
Todos estos factores promotores de la violencia estatal subsisten en el país. En este sentido, Valiñas señaló en su informe verbal que, aunque la FAES fue disuelta en julio de 2022 , la información en poder de la Misión indica que sus funciones fueron absorbidas por la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), observando además que la creación de esta unidad especial de la Policía Bolivariana coincidió con el relanzamiento de los operativos de seguridad contra el crimen organizado conocidos como “operaciones Trueno” donde se han reportado más de setenta víctimas mortales.
Durante el año 2022, Venezuela se mantuvo como el país con la tasa más alta de homicidios en América Latina, con una cifra de 40,4 homicidios por cada cien mil habitantes. De manera que, hoy en día, los venezolanos, en especial de los sectores más vulnerables, continúan atrapados entre la violencia de las bandas criminales y la violencia institucional del Estado venezolano.
