Auditoría concienzuda, sobremanera.
Gracias a la actitud diligente de algunos medios de comunicación, interesados en la veracidad sobre algún tema de impacto político insttucional, tal y como el de la “cruzada anticorrupción”por el pastel recién descubierto en Pdvsa, la opinión pública podría forjarse un criterio claro y preciso del monto o montos desfalcados presuntamente, a la estatal petrolera mediante los servicios de traslado de combustible de coque al exterior (India y China) a cargo de una naviera, registrada en Ginebra, Maroil Trading AG, propiedad del empresario Wilmer Ruperti, garante por la mayoría de las exportaciones de coque de petróleo desde Venezuela hacia los países indicados, se presume que deba a Pdvsa la friolera de unos USD 423,7 millones, según resumen de cuentas a cobrar comerciales datadas (causadas) desde enero 2020, de acuerdo con la división comercial de la gerencia de finanzas de Pdvsa; monto que representa cerca de un 20 por ciento ( de unos UDS 21200 millones que tendría en cuentas comerciales a cobrar, incluidos unos USD3600 millones, potencialmente irrecuperables (¿?), según Reuters; deuda que Ruperti, sin fundamento alguno pretende desconocerla, a causa de las facturas impagas que surgieron de varias empresas desconocidas -piratas-, sobremanera, que fungían de intermediarias (suplantación), por las exportaciones de petróleo venezolano desde cuando las sanciones EEUU detuvieron, durante 2020, los contratos con empresas comerciales y clientes internacionales, a cotejarse con las operaciones más recientes. En efecto, quizá por “asegurar” la venta, se propició el vicio de los intermediarios, lo que degeneró en la situación de presunto fraude a Pdvsa, que involucra a los propietarios de Maroil, así como a otros ejecutivos de nuestra industria y allegados, ahora a la orden de las autoridades competentes para el proceso legal respectivo.
Pero, desde octubre 2022 la Fiscalía general abrió una investigación luego de que las naves zarparan sin honrar la acreencia (deuda) a favor de Pdvsa.
