El pueblo está al tanto de la situación que vive el país a cuenta de un despreciable grupo de “cuatreros del petróleo” y sabe que llegó el momento de “agarrar el toro por los cachos”, armados con los recursos que da la ley para -entre todos- adelantar la más importante cruzada anticorrupción que jamás ha ocurrido en la historia nacional, con el fin de liberar a las instituciones públicas de hampones y vividores de lo público -de todos los colores, pues los hay de todos- enquistados en los resquicios del aparato estatal, causando indignación y vergüenza colectiva.
Debemos hacerlo como pueblo unido -repito, entre todos- por tratarse de una causa de interés general de la sociedad que no admite diferencias ni sesgos, consciente como está la inmensa mayoría de la población de saber que la corrupción y los corruptos no tienen bandera, color, ideología, religión, ni escrúpulos. Y debemos hacerlo entre todos, oyendo el consejo del Popol Vuh, libro sagrado de los Mayas: “que nadie se detenga, que se llame a todos; que ni uno ni dos de entre nosotros se queden atrás”.
La gente dice que se debe atacar esta inmoralidad en todas partes; que llegó la hora de enfrentar y vencer la perversión que ocurre en todos los niveles y órganos del Poder público, comenzando ahora de abajo hacia arriba y haciendo hincapié en los niveles del poder local. A propósito del último suceso con los “cuatreros del petróleo” y en evidente prueba del repudio general que ha causado, abunda la información que circula en redes sociales sobre personajes vinculados hace rato con la rapiña, la comisión, el porcentaje y la coima para expedir patentes de industria y comercio o licencias de licores. Y son dos o tres, perfectamente identificados por el pueblo al que desgobiernan y asaltan con impunidad, pues la inmensa mayoría de burgomaestres son mujeres y hombres honrados.
En la opinión general de los ciudadanos es mayoritaria la certidumbre de la inutilidad, fallas y debilidades que tiene el Poder Ciudadano. Existe la creencia de que los órganos de control de la administración, del Ministerio público y de la Defensoría no cumplen con sus atribuciones a cabalidad, porque entre otras causas, también están penetrados por el mal. En el caso de las contralorías, a nivel nacional se piensa que fallan garrafalmente por su limitada capacidad de gestión, con funcionarios no capacitados para los cargos y con salarios que no sirven como mecanismo de control para impedir que se corrompan; que es urgente que haya cambios en los sistemas de control fiscal para tener un órgano eficaz, oportuno, respetado y atendido por la administración pública en sus recomendaciones y mandatos. A nivel local, la gente dice que las contralorías de municipio son débiles y celestinas frente al gobierno local; que son órganos que no cumplen sus competencias como lo manda la ley; que se doblegan y acatan órdenes de alcaldes y funcionarios de la administración, convertidas de hecho en apéndices de la administración y maquilladores de la buena o mala gestión del gobernante local; que no han sido capaces de ocupar el puesto que les da la Constitución y la ley como órgano autónomo e independiente del poder público municipal.
También la gente sabe que el Poder Judicial y todo el sistema de justicia padecen el cáncer de la corrupción. Comenta que siendo órgano facultado para administrar e impartir justicia en nombre de los ciudadanos y de la República -fundado en la legalidad, el debido proceso y la gratuidad-, el Poder Judicial está bien lejos de cumplir su papel constitucional del Estado de Justicia. La tarea de erradicar la descomposición existente al interior del sistema de justicia, involucra a los poderes nacionales más importantes por dimanar directamente de la voluntad popular: Presidencia de la República y Asamblea Nacional. La “revolución judicial” anunciada hace un par de años murió naciendo, al ser puesta en manos de las mismas autoridades que nada hacían por transformarlo; y para comenzar los cambios, se debe empezar por liquidar la “autogestión”, figura que no se sabe quién ni cómo se ordenó a los jueces para cubrir los gastos administrativos del servicio, convirtiéndose en causa de injusticias, desafueros, corruptelas y vagabunderías que a diario ocurren “en nombre de la República y por autoridad de la ley”.
Ingeniero industrial. Agricultor urbano.
