Se puede reafirmar salvo excepciones que a nivel continental no existe duda alguna sobre la legitimidad del reclamo territorial de Venezuela, en su litigio con Guyana sobre el Esequibo, contextualizado en un tiempo histórico que recorre desde el siglo XVII previo a la definición como Capitanía General hasta la concreción del Acuerdo de Ginebra de 1966.
En todo ese lapso cronológico se demostró el atropello de la calificada “la pérfida Albión”, como denominaba Napoleón Bonaparte a Inglaterra, contra una novel nación que daba sus primeros pasos en el siglo XIX como república independiente, en medio de las tribulaciones de un país de caudillos y montoneras, para pretender por esta vía arrebatarle este territorio con el Laudo Arbitral de París de 1899.
De tal manera que este es un tema familiar para la población, al formar parte de nuestra historia y ser conocido por generaciones sucesivas a lo largo del siglo XX, al visualizar cada uno de nosotros desde la infancia en el salón escolar del más apartado rincón de nuestra geografía nacional el mapa de Venezuela con un territorio rayado en el oriente del país, marcado como Zona en Reclamación.
Esta trayectoria histórica de exigencia de reconocimiento del Esequibo como territorio patrio no ha tenido la necesaria responsabilidad consecuente por parte del régimen instalado desde 1999 hasta el presente 2023, simplemente porque lo consideró un tema marginal en su bitácora de gestión, incluso hasta de estorbo en su improvisada política de relaciones exteriores signada por el desprestigiado lema “alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina”.
Esa línea de conducción iniciada por Hugo Chávez y seguida por Maduro privilegió su proyección internacional en la creación del ALBA, Unasur, Celac, Petrocaribe, dejando en segundo plano un tema tan álgido como lo ha sido siempre el Esequibo, pues los citados inicialmente le garantizaban un prestigio universal en su lucha contra el “imperio” y su posicionamiento rastrero como vasallos de las dictaduras de Rusia y China.
Al surgir en los últimos años la importancia de este territorio por sus riquezas minerales, sobre todo en petróleo, el régimen gira su mirada y tardía reacción ante la gestión del gobierno de Guyana, quien bien asesorado le lleva suficientes cuerpos de ventaja en el escenario internacional, remembrando el viejo dicho “el tiempo perdido hasta los santos lo lloran”.
Ante su fracaso, ¿a qué recurre el régimen? Al expediente típico de las dictaduras, las cuales echan mano del fervor nacionalista para manipular a la población al maquillarse de un falso nacionalismo que no fue capaz de blandirlo en su momento oportuno. Tal fue la conducta de la dictadura argentina de Videla y Galtieri con las Malvinas, e incluso desde Miraflores se promovió una confrontación permanente con Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2006) e Iván Duque (2018) apuntalados en un chauvinismo irracional.
La miopía del régimen sobre el tema le conllevó a entregar nuestro petróleo a precios risibles, aun cuando la mayoría de países del Caribe agrupados en el Caricom, incluido el gobierno castrista cubano que ha sido un connotado parásito de nuestros recursos, apoyan en este litigio territorial a Guyana, todo orientado bajo el perfil de mantener votos incondicionales en la OEA, en la ONU.
El litigio del Esequibo no se va a resolver con ridículas marchas al balcón del pueblo en la avenida Urdaneta, o con pancartas folklóricas señalando que el «sol de Venezuela sale por el Esequibo», la magnitud del lance amerita convocar la unidad nacional, que implica la participación de los expertos y conocedores del tema; y al mismo tiempo presentar ante la CIJ la argumentación necesaria para recuperar este territorio patrio a nuestra historia, esperando que sea en tiempos de democracia en lugar de esta tiranía depredadora de la riqueza nacional.
