Más de 50 colectivos que trabajan por los derechos de las personas migrantes convocaron una manifestación el pasado 18 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, con motivo del Día de las personas migrantes. Tenemos derecho a tener derechos; el cartel anunciaba, asimismo, la XII Marcha al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores.
El manifiesto de las entidades exigía, en uno de los puntos, la regularización de las personas extranjeras que viven en el estado español en situación considerada (oficialmente) irregular; en concreto, esta irregularidad “los arroja a la economía sumergida y les impide acceder a un mercado de trabajo (regularizado) donde se aprovechen sus capacidades (…)” (aportaciones fiscales y cotizaciones sociales).
Además, la no regularización hace a las personas migrantes más vulnerables a la explotación y los abusos, añadía el manifiesto (el 19 de febrero de 2022 se organizó -en la Plaza de la Virgen de Valencia y más de 15 ciudades españolas- una movilización para dar a conocer la Iniciativa Legislativa Popular –ILP- por la regularización y, con este objetivo, la recogida de 500.000 firmas)
Según el informe Esenciales de la Fundación Por Causa (marzo 2022), la cifra de migrantes sin papeles en España se situaba entre 475.000 y 514.000 personas a finales de 2020; cerca del 14% de los migrantes que no proceden de la UE residen –en el estado español- en situación administrativa irregular; la mayor parte procede de América Latina, y el 11% tienen origen africano.
El reporte añade que la mayoría de personas en la mencionada situación está trabajando, principalmente, en dos sectores que concentran más del 50% de la informalidad: trabajo doméstico (27%) y hostelería (24%).
El Gobierno de España informó, el pasado 3 de enero, que las entradas irregulares de migrantes pasaron de 41.945 en 2021 a 31.219 en 2022, lo que implica un descenso del 25,6%.
El movimiento Esenciales informó en las redes sociales, el 21 de diciembre de 2022, de la recogida de más de 710.000 firmas de apoyo en un año para la regularización de personas extranjeras sin papeles que trabajan y residen en España; las cajas con las rúbricas se llevaron ese día al Congreso de los Diputados; 900 organizaciones (migrantes autoorganizados, ONG, sindicatos, grupos feministas, católicos y colectivos vecinales, entre otros) y 14.000 personas colaboraron en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
El Artículo 87.3 de la Constitución española establece que la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley requiere al menos 500.000 firmas acreditadas. Respecto a la tramitación parlamentaria, la Ley Orgánica Reguladora de la ILP (1984) señala que –una vez comprobada las rúbricas-, la Proposición deberá ser incluida en el Pleno del Congreso en el plazo máximo de seis meses para su toma en consideración.
Esenciales es un movimiento encabezado por personas migrantes con la participación de numerosas organizaciones sociales. La comisión promotora de la ILP está integrada por el movimiento #RegularizaciónYa; la Fundación para la Ciudadanía Global; la Fundación Por Causa; la agrupación REDES de cooperación al desarrollo; la ONG Alianza para la Solidaridad (ActionAid); y el Partido político Por un Mundo Más Justo. Más de 900 entidades de la sociedad civil han firmado a favor de la iniciativa.
Agencias y medios informativos se han hecho eco de la Campaña por la ILP; así, “Migrantes y defensores de derechos humanos piden en el Congreso ‘valentía’ para regularizar a más de 500.000 personas”, tituló Servimedia el 22 de febrero de 2023; organizada con el respaldo de Unidas Podemos, en la jornada celebrada ese día en la Cámara Baja participaron colectivos de trabajadoras domésticas migrantes; dedicados a la venta ambulante y temporeros, entre otros, junto a organizaciones de derechos humanos.
Representantes de Unidas Podemos, ERC, BNG, Compromís, Bildu, la CUP y Más País, entre otros partidos e instituciones, acompañaron a los activistas. De las más de 500.000 personas cuya regularización administrativa se plantea, el 25% tiene una edad menor a los 18 años y se trata de mujeres en el 60% de los casos, destacó la portavoz de #RegularizaciónYa, Edith Espinola (declaraciones Servimedia).
“A lo largo de los años, el Defensor del Pueblo ha abierto numerosas diligencias por expedientes de expulsión contra quienes pretendían la escolarización de sus hijos o acudieron a denunciar abusos a la comisaría”, añadió la agencia informativa.
El texto de la ILP propone, como artículo único, la modificación de la Disposición Transitoria Primera de la actual Ley Orgánica de Extranjería, de enero del 2000, que pasaría a tener la siguiente redacción: “El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá, en el plazo de seis meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021” (la Proposición de Ley fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 24 de febrero).
La Iniciativa legislativa recuerda, asimismo, que los mecanismos de regularización extraordinaria no han sido infrecuentes en España y la Unión Europea durante las últimas décadas; de hecho, según la ILP, entre 1996 y 2008 se llevaron a término 43 programas de regularización en 17 estados integrantes de la UE.
“Las regularizaciones más recientes fueron las realizadas por Portugal e Italia en plena pandemia, una respuesta apoyada por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes”, subraya el texto, que recuerda los ejemplos en el estado español: seis procesos desarrollados en “la última etapa democrática”, cuatro por el PSOE y dos por el PP.
El movimiento estatal de colectivas Inmigrantes y antirracistas autoorganizadas RegularizaciónYa surgió en abril de 2020, en el contexto de la crisis por la COVID; trabajan en apoyo de la ILP -desde junio de 2021- a través de la plataforma Esenciales. “Nuestra meta siempre será la derogación de la racista y criminal Ley de Extranjería”, afirman en las redes sociales.
