A pesar de la propaganda y el show mediático impuesto por el gobierno, por la defenestración de Tareck El Aissami y su grupo de poder y la desaparición entre 2020 y 2022 de, nada más y nada menos, que 25 mil millones de dólares, lo que resulta evidente, es que el madurismo se desmorona, y en su colapso arrastra al país.
El madurismo ha hecho de todo para tratar de desvincular la responsabilidad de Maduro y su gobierno, de los graves hechos de corrupción que emergieron producto de la confrontación interna entre los distintos grupos de poder.
Han recurrido a todas las artimañas propagandísticas para desviar la atención de la población y ocultar que los responsables de este desastre están en Miraflores. La narrativa del gobierno habla de “la trama de la corrupción de PDVSA”, como si la empresa no estuviera bajo su estricto control, desde hace casi 10 años.
En una especie de “pan y circo” –pero sin pan–, estimulan el fascismo, mostrando a los detenidos en bragas anaranjadas, expuestos al escarnio público y condenándolos de manera sumaria; el tratamiento hacia las mujeres es despreciativo, misógino; muestran el “botín”, las riquezas y excentricidades de los involucrados: oro, aviones, carros de lujo, pero evaden mencionar que los detenidos son partes de ellos mismos, es la base operativa y económica que sostiene al madurismo en el poder, son parte del “milagro” del madurismo.
Cree el gobierno que, luego de destapar esa olla podrida provocada por la Ley Antibloqueo, la desaplicación de las leyes de la República, la ausencia de la rendición de cuentas y el desmantelamiento de las instituciones del país, el hedor afectaría sólo a los chivos expiatorios de la confrontación política. Cree el gobierno que el pueblo es pendejo.
A pesar del control de la información, la censura, la manipulación, las “mega rumba” de Semana Santa y el goteo de uno que otro “braga-anaranjado” echado a los caimanes, la realidad de la inmensa mayoría del pueblo venezolano es dura, la pobreza es abrumadora y el país está a merced de todo tipo de intereses.
En medio del escándalo habitual y del silencio impuesto al país, ha pasado bajo la mesa, un aspecto central que evidencia la incapacidad del gobierno para defender nuestra soberanía e integridad territorial en una actitud negligente que constituye una verdadera Traición a la Patria, tal como se desprende del Texto Constitucional.
La Soberanía y El Esequibo
El pasado 6 de abril, la Corte Internacional de Justicia, desestimó los alegatos presentados por el equipo legal del gobierno de Maduro, encabezado por Delcy Rodríguez, y decidió, dándole la razón a Guyana, entrar al fondo del asunto sobre el diferendo entre Venezuela y Guyana en el Territorio Esequibo.
En distintos escritos he denunciado que el gobierno de Maduro, dejó extinguir por negligencia, el mecanismo de “Buenos Oficios”, conducido por la Secretaría General de las Naciones Unidas, en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966.
Siendo todavía Ministro de Petróleo, en 2013, durante la visita oficial que hizo Maduro como presidente a Guyana, le alerté directamente, sobre la necesidad de rechazar ante las autoridades de ese país, las concesiones que había otorgado a transnacionales petroleras, entre ellas, la Exxon Mobil, la neerlandesa Shell, la canadiense CGX Energy y la CNOOC, de China, para explorar y operar en bloques de petróleo costa afuera, ubicados en la zona en reclamación.
No era la primera vez, que Guyana intentara otorgar licencias a la Exxon Mobil en las aguas del Esequibo, lo había hecho ya en el año 1999 y nosotros en el año 2000, desde el Ente Nacional del Gas y el Viceministerio de Hidrocarburos del entonces Ministerio de Energía y Minas, enviamos toda la información relativa al Canciller José Vicente Rangel, quien introdujo diligentemente la protesta correspondiente y la transnacional reconoció que estaba en aguas en litigio y abandonó las actividades de exploración. La posición del Presidente Chávez siempre fue firme en rechazar tales pretensiones sobre El Esequibo.
Ésta fue una de las razones fundamentales, por la cual, desde el Ministerio de Petróleo y PDVSA, aceleramos nuestros trabajos de exploración y explotación de gas, en toda nuestra Fachada Atlántica, unificando Yacimientos con Trinidad y Tobago, sobre todo, a lo largo de su frontera sur, para reafirmar nuestra Soberanía sobre el territorio.
Volviendo al 2013, en la reunión privada de Maduro, ya como presidente, con el presidente guyanés Donald Ramotar, donde estuve presente, éste, a pesar de mis advertencias y la entrega que le hice de los mapas donde se evidenciaba la violación del Territorio Esequibo, no hizo ninguna exigencia firme a las autoridades de Guyana para revocar estas licencias, ni su gobierno hizo nada para impedir que las transnacionales avanzaran sus trabajos exploratorios y de levantamiento de información sísmica en el área en disputa.
Luego, en el año 2015, ya como Embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, representando al país ante el Consejo de Seguridad, alerté a la Cancillería sobre la beligerancia del entonces Presidente de Guyana, David Granger, en su discurso contra Venezuela y el Acuerdo de Ginebra de 1966, pronunciado ante la Plenaria de la Asamblea General de la ONU. Ni Maduro, ni la canciller Delcy Rodríguez, hicieron nada al respecto.
Asistí a una reunión de ambos presidentes con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, donde el presidente de Guyana arremetió contra el gobierno por el Decreto 1787 firmado por maduro, el 26 de mayo de 2015, mediante el cual se crean y activan las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (REDIMAIN), que incluían aguas del Territorio Esequibo; maduro, estuvo a la defensiva, y no mencionó nada de las licencias otorgadas por Guyana a las transnacionales petroleras, ni la actividad que éstas estaban desarrollando en violación al Acuerdo de Ginebra. Guyana tenía la iniciativa política y diplomática.
Posteriormente, me enteré, por intermedio del Ministro de Petróleo de entonces, Nelson Martínez –quien luego murió en las prisiones de Nicolás Maduro–, que el gobierno intentaba una negociación secreta con la Exxon Mobil para permitir sus operaciones en El Esequibo, a cambio de lograr un acercamiento con Donald Trump. La transnacional ni siquiera los recibió.
Luego, Delcy Rodríguez, me informó que todo lo relativo a Guyana se manejaría desde Caracas, que no hiciera ninguna gestión ante las Naciones Unidas. Es decir, el gobierno renunciaba a actuar en la ONU, escenario diplomático por excelencia.
Fui testigo de la molestia del entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, cuando la canciller de Venezuela rechazaba, una y otra vez, a los distintos candidatos propuestos por él como nuevo oficiante ante ambos países, luego del fallecimiento de Norman Girvan. Delcy Rodríguez, insistía, en que todos los candidatos presentados eran “agentes de la CIA”, en su característica actitud obsesiva, al respecto.
Me correspondió insistir ante el nuevo Secretario electo de la ONU, Antonio Gutérres, con quien interactué bastante, como miembro del Consejo de Seguridad, para convencerlo de mantener vigente el mecanismo de Buenos Oficios, pues, el SG saliente, estaba decidido a finalizar tal mecanismo antes de dejar el cargo.
Gutérres aceptó continuar, pero sólo durante un año, si no se obtenían avances tangibles entre las partes. La Secretaría General estaba exhausta de la actitud venezolana.
La Cancillería Venezolana, finalmente aceptó al mediador propuesto por la SG de la ONU, el noruego Dag Nylander, quien, luego me manifestó, que la canciller le indicó que no tratara conmigo –aún siendo el embajador ante la ONU–, nada relativo al tema de Guyana, que todo se manejaba desde Caracas.
De todas maneras, y a pesar de la solicitud de la canciller, tuve reuniones oficiosas y privadas con Nylander sobre el caso del Esequibo, explicando la postura tradicional del país y sobre todo, la de Chávez, de no renunciar a nuestros derechos soberanos sobre ese territorio, del cual fuimos despojados por el colonialismo inglés. Para mí, los intereses del país, siempre han estado por encima de la mezquindad y pequeñez del gobierno.
Todo ésto lo he denunciado en mis escritos, en relación con el tema de Guyana, aportando información para la necesaria discusión en el país.
En el último de ellos, en relación con este tema, llamaba la atención sobre la precariedad del equipo legal de Venezuela y la estrategia del gobierno ante el caso presentado por Guyana en la CIJ.
El gobierno ha seguido la estrategia de desconocer la jurisdicción del organismo internacional en el diferendo con Guyana, por lo que estuvo ausente de la Audiencia de la Corte para discutir el asunto de la Jurisdicción, realizada por la CIJ el 30 de junio de 2020 en La Haya.
A pesar de lo anterior, el gobierno envió, a destiempo, un escrito, tratando de revertir los argumentos expuestos por Guyana y de incluir al Reino Unido en el proceso; todo ello, en medio de declaraciones altisonantes y la publicación de folletos. El gobierno actuaba de manera errática e inconsistente con su estrategia ya desde el inicio.
En la sentencia del pasado 6 de abril, que extrañamente el gobierno “saludó” por considerarla “un éxito”, la Corte Internacional de Justicia, desestimó con una abrumadora mayoría (14 contra 1), los alegatos presentados por Venezuela y dejó establecida su jurisdicción sobre el tema y que iría hasta el fondo del asunto. Ahora estamos en minusvalía, por una estrategia legal que no es producto de una discusión nacional, sino de los intereses del gobierno de Maduro.
Lamentablemente, estos asuntos tan graves no están siendo abordados con la seriedad y gravedad del caso, ni por el país político, ni el pueblo venezolano, sometido a la permanente zozobra del día a día.
En el caso de la Fuerza Armada, su silencio es más grave, pues de acuerdo con la Constitución, es la garante de la soberanía e integridad territorial del país.
La situación actual es extremadamente complicada para todos y en particular para el país y sus posibilidades futuras. La actitud negligente y entreguista del gobierno, que es capaz de entregarlo todo para mantenerse en el poder, violando la Constitución y los intereses supremos del país.
No podemos “dejar hacer, dejar pasar” al gobierno, pues éste, por acción u omisión, sigue debilitando al Estado Venezolano.
Maduro debe renunciar, debemos provocar un cambio político que permita abordar los graves problemas que padece el país y resolverlos en el marco de nuestra Constitución y las leyes de la República, con el pueblo venezolano como protagonista, en quien reside la Soberanía Nacional.
