Venezolanos deportados de Trinidad
Los venezolanos en el exterior “no tienen facilidades” para tramitar documentos de identidad y tampoco pueden inscribirse en el Registro Electoral, lo que se traduce en “obstáculos” para sus derechos a la identidad y la participación política.
La identidad y la participación en procesos electorales son algunos de los derechos de muchos migrantes y refugiados venezolanos que se ven afectados en el exterior por diversos “obstáculos” impuestos, en parte, por el Estado venezolano, expone el informe “Huellas de la movilidad venezolana” elaborado por la Red de Activistas de Ciudadanos por los DDHH (Redac).
Entre las trabas enumeradas por la investigación se destacan “el alto costo del trámite de pasaportes, los dilatados tiempos de espera para obtenerlos, la imposibilidad de tramitar cédulas de identidad desde las oficinas consulares, el rompimiento de relaciones diplomáticas con algunos países” y una restrictiva normativa sobre condiciones para inscribirse en el registro electoral en consulados.
En el informe, la Redac, un espacio dedicado a la articulación por la defensa de los derechos de los venezolanos migrantes y refugiados, revela que no hay una tendencia clara respecto a la tenencia de documentos vigentes por parte de migrantes y refugiados y, en ese sentido, puntualiza que existen “marcadas diferencias” entre los países de acogida, lo que, estiman, puede estar relacionado con la forma de entrada.
En el caso de las personas que migran sur-sur, esa migración que es por tierra son personas con menos acceso a documentos, mientras que las personas que migran a países donde necesariamente tienen que montarse en un avión tienen acceso a un pasaporte bien sea que esté vencido o no, precisó la investigadora Laura Dib al presentar el informe en días recientes.
Al respecto, destacó que la regularización migratoria y lo que conlleva (acceso a empleos formales y sistema sanitario etc), así como la posibilidad de sufragar depende, en parte, de poseer documentos vigentes.
La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece en su artículo 124 y en su reglamento en el artículo 26 que las personas en el extranjero deben estar en situación migratoria regular, cosa cuestionable, porque en Venezuela solamente se requiere de la cédula para poder votar, subrayó Dib.
Según el último informe del Registro Electoral, solo 107.904 venezolanos están registrados para sufragar en el exterior, pero de acuerdo con la más reciente actualización de la R4V, actualmente hay 7.239.953 de migrantes y refugiados en el mundo, de los cuales 6.095.464 se encuentran en América Latina y el Caribe.
Otro de los hallazgos de la investigación fue la “falta de canales institucionales de comunicación”, lo que, aseguran, “complejiza” las tramitaciones consulares, donde, encontraron que, “no ofrecen información veraz”.
Además, hallaron que muchas personas expresan “temor” de acercarse a sedes consulares, pues denuncian malos tratos y miedo a “represalias” contra familiares y bienes en Venezuela.
Sin embargo, a pesar del “temor y la desconfianza” expresada, casi el 70 % de las personas consultadas manifestó que participaría en un proceso electoral.
Recomendaciones al Estado y países de acogida
El informe recomienda al Estado venezolano “medir y reconocer” la magnitud de la movilidad venezolana para poder dar respuesta “efectiva” a las necesidades y garantías de sus derechos.
Además, sugiere habilitar “inmediatamente” el registro y actualización de datos en el Registro Electoral desde el extranjero y revisar la normativa aplicable para que la personas en situación irregular puedan ejercer su derecho.
“Evaluar y atender las trabas al proceso de expedición de pasaportes y otros documentos desde consulados” y “diseñar e implementar comunicación institucional para todas las sedes consulares, que ofrezca información uniforme, veraz y en lenguaje sencillo para todos los trámites”, son otras de las recomendaciones.
A los países de acogida los expertos recomiendan abordar la respuesta migratoria desde un enfoque de derechos humanos, reconocer a las personas migrantes y refugiadas como personas en necesidad de protección internacional, flexibilizar los requisitos de vigencia de documentos de identidad venezolanos para trámites de acceso a servicios o proveer documentos temporales que los suplan, entre otros.
El informe fue elaborado por un grupo de investigadoras de la Redac en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá y Perú, tomando en consideración que se trata de los países con mayor cantidad de venezolanos de acuerdo a la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
Recientemente, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció la “politización” de los organismos internacionales de migración y aseguró que existe un desapego al rigor científico en las cifras de migrantes, lo que, afirman, constituye un “atentado” contra los derechos inherentes a la movilidad humana.
Carolina Alcalde – Voz de América
