De la misma forma como la gente expresa su repudio al estigma de la corrupción y hace señalamientos, consideraciones y reflexiones, también dice y sabe cómo se debe enfrentar el asunto. La gente tiene ideas sobre lo que se debe hacer y el Gobierno debe tomarlas en cuenta, apropiarse de ellas y aplicar los consejos del pueblo, recordando la canción del cantor Alí Primera: “Que el pueblo es sabio y paciente/ es el decir de los viejos/ que al cantar de guacharaca/ saben calcular el tiempo”, interpretando que el “canto de guacharaca” es la podredumbre que debemos extirpar y “saber calcular el tiempo” representa la acción general, contundente, colectiva, que gobierno y pueblo deben de aplicar a los “enfermos de deshonestidad”, que son dentro de los órganos del poder público, la amenaza más grave que pende contra el sueño y la aspiración social de tener instituciones estatales transparentes, regentadas por servidores públicos honrados y una sociedad políticamente organizada sobre los valores, principios y dogmas de la Constitución vigente.
La gente dice que las leyes existentes para castigar la corrupción deben ser revisadas, estableciendo castigos ejemplares; que es urgente dictar nuevas leyes -como ya ocurre con el proyecto de Ley de extinción de dominio- para endurecer las sanciones pecuniarias y corporales; que se deben desarrollar a profundidad y con precisión los preceptos constitucionales sobre la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público para impedir la impunidad reinante de los últimos años; que se legisle igualmente -siguiendo el ejemplo que nos dejó el Libertador Simón Bolívar- para perseguir los actos de fiscales y jueces que han hecho del sistema de justicia, un conjunto de instituciones celestinas y alcahuetas, maquilladoras del hedor y la inmoralidad.
El pueblo opina que la participación popular en los asuntos públicos traducida en facultad para defender el patrimonio público, debe expresarse en una Ley de contraloría social que fortalezca y facilite la capacidad de denuncia; que el formalismo jurídico abra paso -sin lesionar derechos fundamentales- a modos de proceder por medio de los cuales los ciudadanos puedan ejercer tareas de control que sirvan para prevenir la corrupción.
El pueblo también sabe que los órganos de control del Poder Ciudadano fallan por su debilidad institucional porque no se hace valer como poder autónomo; que es necesario fortalecerlos legalmente en sus facultades y recursos.
En el ciudadano de a pie es opinión generalizada que el amiguismo y el nepotismo deben ser tratados mediante ley para erradicarlos de las instituciones públicas; que se debe legislar para establecer una cuidadosa reglamentación -rígida y precisa- que minimice su presencia; incluso, en la militancia se afirma que el partido debe fijar mecanismos de control sobre los entornos de todos los funcionarios que administren fondos públicos en cualquier nivel territorial.
El pueblo que milita en el PSUV dice que el partido debe crear una vicepresidencia nacional de Asuntos internos con expresión orgánica en estados y municipios, con cuadros de reconocida solvencia ética y sin cola de paja, que fiscalice la gestión de sus militantes funcionarios; que sea facultada para investigar y procesar señalamientos y denuncias; para formalizar acciones ante el sistema de justicia; incluso, facultada para actuar cuando un funcionario militante de señales de andar con “gripe”.
El pueblo señala que se debe educar contra la corrupción; y en ese aspecto, dicen que es urgente modificar los pensum de estudios en educación primaria y media agregando contenidos formativos de concienciación a las nuevas generaciones de ciudadanos, como viene ocurriendo en el tema ambiental y climático. También dice el pueblo que el Presidente tiene el deber de fiscalizar y controlar con más eficacia a la plana mayor de sus funcionarios; que debe tener bajo su mando directo a un cuerpo especializado y selecto que cumpla esas tareas y lo advierta a tiempo, porque está visto que “de cualquier sitio le puede saltar una liebre”.
Ingeniero industrial – Agricultor urbano.
