Aclaratoria preliminar:
La versión primera de este artículo (bajo el título “Luchar contra la Corrupción, derrotar a la clase política”) lo escribimos en abril de 1998. Apareció en la revista del Movimiento V República, (organización que precedió al Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV, fundado en 2008), en el N°3 de nov-dic de 1998, un mes antes de las elecciones en las que Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela por primera vez. El discurso fuerte de Chávez contra la corrupción administrativa había sido un elemento central de su mensaje desde 1992.No obstante, durante su desempeño como presidente entre 1999 y 2013 -fecha de su fallecimiento-, si bien mantuvo en alto su rechazo a esa situación, nunca consiguió traducir ese discurso en una Política de Estado. Veinticinco años después de haber escrito este artículo estamos en presencia, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, de un operativo fuerte contra la corrupción administrativa, a propósito de la gran corrupción descubierta en PDVSA y otros entes del Estado a comienzos de 2023. Respaldamos esa intervención, deseamos que tenga éxito y, sobre todo, aspiramos que, más allá de responder a intereses de corto plazo de cualquier orden, de lugar a una Política y una Estrategia contra ese mal que, a decir verdad, nunca hemos sabido -ni querido- vencer. Más allá claro de las sempiternas declaraciones de buena voluntad de todos los gobiernos desde 1958 hasta ahora. La estructura original del trabajo que hoy publicamos es esencialmente la misma a la del artículo que publicamos en abril-1998, si bien se introdujeron diversos cambios para tratar de dar mayor claridad, consistencia y actualidad a la argumentación empleada
- Una democracia acorralada por la corrupción
Bajo la crisis prolongada que vive el país en todos los ámbitos, se ha convertido en un tema constante el problema de la decadencia moral de la “clase política”. La corrupción, esa forma perversa del ejercicio del poder, se convirtió en el modo específico por el que las minorías gobernantes ejercen su dominación en el sistema, por encima de diferencias de partidos y de ideologías, al utilizar los recursos del Estado para propósitos de enriquecimiento personal y de grupos.
La profunda decepción de los venezolanos con los políticos adquiere una especial gravedad si se toma en cuenta que la erradicación de la corrupción fue una de las promesas básicas del régimen político instaurado a partir del 23 de enero de 1958. En el documento “Manifiesto de la Junta Patriótica”, suscrito en aquella fecha por representantes de los diferentes partidos (Fabricio Ojeda por URD, Enrique Aristiguieta Gramko por Copei, Silvestre Ortiz Bucarán por AD y Guillermo García Ponce por el PCV), así como por representantes de los gremios de profesionales, industriales, dirigentes obreros y estudiantiles, después de una fervorosa presentación (en la que se afirma que “Venezuela vive hoy una de las horas más gloriosas de su historia después de la independencia’’) y de la condena “a los execrables representantes del régimen más corrompido del continente”, se plantea como una de las aspiraciones fundamentales del nuevo período por comenzar, “Que desaparezca para siempre el peculado y que por fin los bienes de la Nación no pasen a ser patrimonio de gobernantes sin escrúpulos”. Quedaba así en evidencia que la pulcritud y la transparencia en la Administración del Estado se encontraba en el corazón mismo de las justificaciones al derrocamiento de Pérez Jiménez. Con el advenimiento de la democracia, se pensaba, comenzaba un tiempo en el que el enriquecimiento ilícito sería apenas un mal recuerdo de la “bochornosa dictadura”.
Más allá del noble idealismo de muchos de los que redactaron o hicieron suyas esas palabras, honrados combatientes de la clandestinidad, muchos de los cuales no ejercieron después funciones de gobierno y a los que no puede adjudicarse responsabilidad personal alguna por lo sucedido, la proclama ilustra el clima predominante en ese entonces, del cual no queda sino una marcada frustración.
De particular importancia resulta el balance de un personaje central del nuevo régimen, éste sí con responsabilidad directa en su configuración real: Rómulo Betancourt. En un libro publicado (en 1997) por el sociólogo Dimitri Briceño, se hace referencia a una conversación íntima entre Betancourt y Rafael Caldera (el otro gran patriarca), en la que el primero le habría confesado a éste, poco tiempo antes de su muerte que “moría triste”, por la fuerza que la corruptela había alcanzado a tener en el país, situación frente a la cual estaba consciente de que su partido, AD, era responsable (1). Si se revisan las sucesivas campañas electorales presidenciales se observará como en todas ellas se produce la renovación de la incumplida promesa del 23 de Enero, lo cual pone de manifiesto el fracaso rotundo que en esta materia han tenido los que han gobernado el país en los últimos 60 años. Un fracaso que puede deberse a varias razones: la utilización del tema de la corrupción solo como una táctica para desprestigiar al adversario político; el desconocimiento y subestimación de la complejidad que implica la superación de la corrupción administrativa; el pánico de las élites a desencadenar una revolución democrática que podría tornarse incontrolable. O por la convicción íntima de que en Venezuela sin la corrupción no se puede-ni conviene- gobernar.
- Los efectos negativos de la corrupción
La corrupción, entendida como el uso y abuso del poder público en beneficio propio, según Eigen (2), o como la transferencia ilegítima de recursos y decisiones de la esfera pública a la esfera privada, por medio de las relaciones clandestinas entre el poder de la autoridad y el poder del dinero, según Ocampo (3), puede ser considerada el peor de los delitos, como lo destaca el S.J. Luis Ugalde, pues cuando se roba al Estado se roba a todos; de allí que así como puede afirmarse que el bien, cuanto más universal es más divino, el mal, cuanto más universal es más maligno. (4)
Sus efectos son diversos:
*Distorsión en el establecimiento de las prioridades y las decisiones públicas, en cuanto se promueve una asignación de recursos más cónsona con las posibilidades de obtener provechos personales ilícitos que con las necesidades de la sociedad.
* Incremento en el costo y los precios reales de bienes y servicios públicos.
* Mal funcionamiento y deterioro de escuelas, hospitales, empresas públicas y servicios sociales en general, ante la distracción de recursos que la corrupción implica.
* Incremento injustificado de! déficit público y el endeudamiento del Estado.
* Desmotivación en los recursos humanos que honradamente se desempeñan en el sector público, etc.
No obstante, la peor de las consecuencias que la corrupción ha ocasionado en nuestro país es la desmoralización de sectores del pueblo venezolano, que al percibir que el gobernante, en lugar de ser un ciudadano es un privilegiado, han derivado hacia una actitud de escepticismo y pasividad, ante lo que consideran una suerte de “maldición bíblica”, de plaga, que ha caído sobre Venezuela.
- Las áreas críticas
La corrupción está presente en una gran variedad de actuaciones de la Administración Pública, pero especialmente en:
* Compras gubernamentales, desde resmas de papel hasta armamento militar.
* Adjudicación de obras y contratos en la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
* Colocaciones bancarias de dinero público.
* Las aduanas.
* El otorgamiento de toda clase de licencias, autorizaciones o permisos.
* Las oficinas de migración y extranjería.
* El pago de impuestos.
* Las campañas electorales y el financiamiento de los partidos.
* Las actuaciones de los jueces y las policías.
* Las decisiones judiciales.
En cuanto existe un clima generalizado de trasgresión e impunidad, a la corrupción se le puede encontrar también en organizaciones sociales como sindicatos, gremios, cajas de ahorro, e incluso, en algunos casos, en los niveles parroquiales y locales que administran programas y manejan recursos públicos. En especial, en cuanto las organizaciones, asociaciones y liderazgos existentes en esos diferentes ámbitos y niveles, sean expresión del poder de los partidos sobre la sociedad entera.
- Los tipos de corrupción
Existen varios criterios de clasificación. Uno es el que establece el ordenamiento jurídico, que en el caso de Venezuela comprende un conjunto de leyes, la primera de ellas la Ley de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios o empleados públicos de 1948, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público de 1982,El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra La Corrupción de 2014, Ley Contra La Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público de 2016, y la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción de 2022. No obstante, dado el enfoque sociopolítico de este artículo, precisamos otro tipo de definiciones. (5)
Hablamos en ese sentido de una corrupción que puede ser “aislada”, cuando se trata de sociedades en las cuales el fenómeno se observa de manera intermitente, sin ser un componente decisivo del funcionamiento de las instituciones.
Otro caso es el de la corrupción “sistémica” o hipercorrupción, cuando se ha extendido como una epidemia y es un rasgo definitorio del sistema político, como sucede en Venezuela.
Otra distinción es la que se refiere a la pequeña, la mediana y a la gran corrupción (6). La primera consistiría en la concesión de favores gratuitos, al amigo o al familiar, lo que en principio tiene escasa trascendencia; no obstante, hay que señalar que la práctica política clientelar, que entre nosotros adquiere carácter organizado y masivo, se basa también en la donación de cargos y auxilios de diverso orden, y conlleva, además de un impacto negativo sobre la efectividad de la gerencia y el presupuesto público, la discriminación inevitable de aquellos que no son compañeros o amigos del partido. Con la mediana corrupción desaparece la gratuidad del vínculo por cuanto el funcionario recibe un pago o soborno por el cual se adjudica él mismo una especie de ingreso complementario, aún sin hacerse rico y dejar de ser empleado. Por último, está la gran corrupción, la que se realiza para acumular, para hacer negocios, y que involucra a funcionarios de alto nivel, ministros, directores, concejales, parlamentarios, alcaldes, gobernadores y hasta presidentes. Este último tipo de enriquecimiento ilícito es el que suele estar ligado a los grandes escándalos, a la denuncia pública, y que repercute de manera más directa en el desprecio por la actividad pública y la política. Eventualmente, las diversas modalidades señaladas pueden combinarse, encontrándose dentro del mismo interés material, el beneficio individual y el del partido, el nexo partidista y la participación de un entorno íntimo, así como la complicidad de altos funcionarios con otros de menor rango pero que desempeñan tareas importantes dentro de un procedimiento.
Otra diferenciación responde al tipo de sujetos involucrados. En la gran mayoría de los casos implica la coparticipación de funcionarios y de particulares, ciudadanos comunes u hombres de negocios, los que pueden hacerlo de manera activa y voluntaria, o pasiva y forzada por las circunstancias. En otros casos los protagonistas provienen del mundo político exclusivamente, como también hay situaciones en las que, aun existiendo la coparticipación, son empresarios privados los principales beneficiarios, como sucedió en el caso RECADI (Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales que funcionó entre 1983 y 1988) y en el de los Auxilios Financieros (en el marco de la crisis que sacudió a la banca en 1994), situaciones ambas en las que las sumas implicadas alcanzaron un monto similar al de la deuda externa venezolana. La experiencia de CADIVI (Comisión Nacional de Administración de Divisas, entre 2003 y 2014) fue similar a la de RECADI, aunque en este último caso el monto de la estafa con las divisas, de la que se beneficiaron funcionarios públicos, empresarios importadores y exportadores fue-con independencia de las diferentes fuentes de investigadores que analizaron la experiencia- realmente escandaloso. La corrupción- o más bien el robo o la estafa- puede también encontrarse en las relaciones que se dan entre empresas privadas, que pueden catalogarse como tales en cuanto suponen la violación del principio abstracto del mercado, pero que escapan por su naturaleza al objeto de este trabajo.
Una distinción adicional alude al soborno que tiene lugar para que se cumpla un procedimiento legalmente establecido, diferente al caso en el que el soborno se otorga para que el funcionario viole o ignore la ley. (7)
En fin, si bien todas esas formas de corrupción tienen diferente impacto social -algunas incluso no son culturalmente percibidas como tales, como las donaciones a amigos o personas cercanas o el pago por agilizar un trámite que facilite un proceso administrativo ineficaz y engorroso-, lo cierto es que todas esas modalidades son expresión de particularismos que desafían el carácter universal, impersonal, de la función pública. Sin duda la “gran corrupción” es la que obtiene a nivel político el repudio más generalizado, pero en realidad ninguna es admisible en un Estado moderno, que debe responder a criterios de eficiencia, neutralidad y de respeto al principio de igualdad de todos ante la ley.
- El origen
De modo general la corrupción es expresión de un vínculo estrecho entre parentesco, compadrazgo, negocios, partido, gobierno y Estado. Esta imbricación no es únicamente, sin embargo, el efecto de una crisis moral o de valores. Es necesario examinar a fondo sus causas, en el marco de la formación y crisis de todo un sistema económico y estatal; de lo contrario, la lucha contra ella está condenada al fracaso y será apenas la ocasión para tribunos que aspiran a mejorar su imagen en base a un grave padecimiento colectivo.
A menudo se piensa que la corrupción se origina en una perversión de las costumbres, cuya solución estribaría en una simple sustitución de las personas que deben estar al frente de las instituciones. Ese es un factor importante, sin duda forma parte del cambio necesario, pero creer que en eso estriba la solución al problema es una enorme ingenuidad. Del mismo modo que lo es limitarse a creer que una doctrina alternativa de la moral, esta o aquella ideología, constituyen base suficiente para formular una buena política contra la corrupción. Hay que tener presente en todo caso que las ideologías por sí solas, entrañan límites importantes para modificar procesos, especialmente porque las situaciones de corrupción no remiten sólo a un escenario de mentalidades sino -fundamentalmente- a relaciones sociales que las producen. El fracaso del discurso moralista tradicional en Venezuela -cínico o bien intencionado- tiene que ver con esto. De allí que el diagnóstico certero es esencial en el combate contra el problema.
5.1 La corrupción y su relación con el sistema económico y político
La situación de hipercorrupción existente en Venezuela guarda una estrecha relación con la economía petrolera rentista y sus múltiples derivaciones políticas y culturales. El petróleo permitió erigir un sistema económico en el que las posibilidades de obtener “ingresos políticos” (8) (créditos, subsidios, divisas, contratos, empleos, donaciones) superaba las posibilidades de obtener “ingresos en la producción”: para un empresario, lo primordial era tener amigos en el gobierno, “relaciones”, en lugar de emprender y mejorar proyectos en base a la disminución de costos o el incremento de la productividad. Los mejores negocios, por su facilidad y rapidez, surgían a la sombra del Estado.
Aquéllos que no hacían negocios directamente con el sector público, recibían su protección indiscriminada en el ejercicio de sus actividades lucrativas, con lo cual la influencia de los administradores del ingreso petrolero sobre todo el aparato productivo, directa o indirectamente, llegó a ser inmensa. Dado que la economía rentista -un caso particular de economía subdesarrollada y dependiente- no creaba suficientes empleos, las nóminas públicas cumplían ese papel. Los empresarios y cientos de miles de empleados y obreros del Estado -además de contingentes enormes de venezolanos, que pasaron a depender de una amplia red de contribuciones que facilitaban la sobrevivencia cotidiana- se transformaron así en “clientes’’ de un “mercado político”.
Bajo ese sistema económico y social, el partido político, a través de sus estamentos dirigentes (en todos los ámbitos y niveles de la sociedad y del Estado), se convirtió en el elemento articulador de las relaciones sociales, al canalizar las demandas y contar con la posibilidad de organizar las respuestas a ellas.
Los sindicatos se plegaron a ese sistema de relaciones de poder, ya que a través de ellos se hacía efectivo su funcionamiento en el mundo del trabajo, sobre todo a nivel público, al proporcionar garantías corporativas de estabilidad laboral por cuyos servicios -la contribución que hacían a la armonía social- recibían cuotas de participación privilegiada de la renta.
El aporte rentístico distorsionaba el funcionamiento de las instituciones, pues a los problemas de su congestionamiento, de cuadros directivos promovidos por vínculos distintos a la existencia de méritos profesionales, se unía una situación en la que las soluciones provenían de adiciones crecientes de recursos y no de una gerencia basada en la calidad de la gestión.
El partido político incorporó a otros actores al juego distributivo, incluyendo a las Fuerzas Armadas, donde diversos mandos pasaron a ser expresiones del clientelismo y frente a los cuales la tolerancia con el enriquecimiento ilícito -que proveía estabilidad al sistema- también funcionó.
Por su carácter de actor central, el partido político ejercía un doble control, sobre el Estado y sobre la sociedad civil, con un poder desmedido en el cual la corrupción administrativa pasó a estar al servicio de un proyecto político y económico (9). Parte de un proceso históricamente ‘’necesario’’ en el que, al decir de Simón Sáez Mérida, la corrupción tomó la forma de “una política de estabilización estratégica de la democracia” (10). Al ganar consenso social, se amparaba y toleraba el enriquecimiento ilícito de las distintas élites y se incorporaba a extensas capas de la población a un sistema clientelar en el que la lealtad se intercambiaba por un empleo, protección ante contingencias políticas y socorro ante los imprevistos (11).
La administración del ingreso petrolero proporcionó a los partidos políticos (en el marco de las ineficiencias del modelo económico, que profundizaban el vínculo de dependencia clientelar que la sociedad tiene con ellos), un escenario de total discrecionalidad, en el que muchos dirigentes se hicieron ricos y líderes sindicales se mudaron a lugares de viviendas de la clase media alta, permitiendo a esas organizaciones construir modernos locales, pagar su burocracia interna y erigir un cinturón protector de empresarios amigos que sostienen sus campañas electorales.
El afianzamiento del clima de irregularidades en la administración de los recursos del Estado-a nivel nacional, regional y municipal- se produciría por la vía de la anulación de la autonomía de los órganos de control (fiscalía, contraloría) y por la cobertura de un sistema judicial que abrochaba el sistema garantizando la impunidad. El desorden y el caos técnico-administrativo de las instituciones-un rasgo inherente al conjunto del sistema- por su parte, favorecía la propagación de la corrupción.
Con el agotamiento del capitalismo rentístico (12) expresado en la disfunción de los mecanismos principales de distribución de la renta petrolera (la sobrevaluación histórica de la moneda y el bajo nivel impositivo), así como también en la dificultad del gasto público- comprometido cada vez más por el peso creciente de la deuda externa- para impulsar un crecimiento económico equilibrado; vista, además, la incapacidad de la economía no petrolera para proveer a corto y mediano plazo los niveles de producción y de consumo anteriormente garantizados por la renta, el país ingresó entonces a una crisis de larga duración.
Sobrevino entonces la desagregación del sistema hegemónico construido por los partidos. Esto comenzó a ponerse en evidencia con mucha fuerza en la década de los 80, a partir del empobrecimiento masivo de la población, la clase media incluida, y con la traducción de esa realidad en el repudio a las élites dirigentes y en la abstención electoral. Mientras eso sucedía, los escándalos de la corrupción arreciaron y la gente comenzó a percibir que el deterioro de sus condiciones de vida coincidía con el enriquecimiento desenfrenado de políticos, de empresarios y banqueros.
Para la percepción del venezolano promedio la corrupción se convirtió en una situación intolerable, causa de su malestar. Aunque la crisis tuviera también bases técnico-económicas y sociohistóricas, la transformación del Tesoro Nacional en botín de políticos sin escrúpulos pasó a ser-ante los ciudadanos- la razón fundamental del desprestigio del sistema. Si bien de esa manera, con ese juicio selectivo que hicieron las grandes mayorías, los particulares-asociados a los políticos en los negocios de la corrupción- conseguían pasar agachados ante la rabia popular. Es bajo este clima que se entiende la alta aceptación que tuvo en la población la irrupción de los jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas que el 4 de febrero de 1992, bajo la figura emblemática de Hugo Chávez Frías, se alzaron en armas contra el gobierno de Carlos A. Pérez. Con su ascenso al gobierno surgió la esperanza de que la corrupción administrativa sería derrotada. Una expectativa que, como en otras épocas, tampoco se cumplió.
- Las alternativas
El proceso de la corrupción es altamente complejo, abarca al aparato de Estado (central y descentralizado), el maridaje de funcionarios públicos con empresarios que tienen así acceso privilegiado a las decisiones gubernamentales, (lesionando con ello a otros empresarios que padecen la corrupción como un tributo indeseable o son objeto de discriminación), que implica fundamentalmente a las élites dirigentes pero también a capas de la población, atrapadas en redes clientelares y que ha penetrado con fuerza en todo el espectro político-ideológico de las organizaciones políticas que han tenido responsabilidades en la conducción pública. Complejidad que, por tanto, requiere soluciones en diversos planos: político (en cuanto al liderazgo de masas se refiere}, estatal, económico, jurídico y técnico administrativo, con base a una estrategia que, tras las primeras rupturas con un estado de cosas (las que apuntan a romper con la gran corrupción), preserve su vigor en el tiempo, con metas para el corto, mediano y largo plazo.
Ante el hecho, como fue señalado anteriormente, del fracaso de la retórica moralista tradicional para enfrentar las raíces del problema, conviene adoptar la precaución de examinar antes que nada las “falsas soluciones”, de uso tan frecuente y convencional. (13)
6.1 Las falsas soluciones
-La denuncia
Ante la situación de corrupción “sistémica” y la impunidad que la rodea, en Venezuela se ha institucionalizado la denuncia como forma de enfrentarla. La denuncia permitió, especialmente en los grandes casos, establecer una vinculación directa con la opinión pública, con un fuerte protagonismo de los medios de comunicación y de políticos jóvenes deseosos de reconocimiento público. Se convirtió en un mecanismo importante para trascender la espesa red de complicidades existentes y, en los años 80, gozó de un apreciable respaldo popular. No obstante, en un marco en el que las causas del problema no fueron -ni han sido- removidas, la denuncia sufrió un proceso de rutinización. Como tal, aunque lo adverse, la denuncia pasó a ser un rasgo componente del sistema, con el cual coexiste, lo que incluso ha servido para incrementar la frustración de los venezolanos. Por otra parte, en algunos casos, toma la forma de un ajuste de cuentas entre políticos, al servir para atacar a aquellos gobernantes o administradores de recursos, a los que se enrostra, en el fondo, que los negocios se hacen con otros y no con el que formula la denuncia como tal.
Sea entonces por su inefectividad o por el cinismo de quienes la han utilizado, la denuncia no es, en sí misma, la salida. No se trata, claro está, de negarla absolutamente, pues es el primer paso para enfrentar situaciones concretas de corrupción, pero sí de señalar que la denuncia puede transformarse en una herramienta útil a condición de formar parte de una estrategia de mayor profundidad, que no se satisfaga en el escándalo.
-El endurecimiento de las penas
Una de las alternativas en la que se piensa más a menudo es que, con la definición de sanciones drásticas, la corrupción disminuirá. El miedo a penas severas reduciría la propensión a incurrir en ella. Ocurre algo parecido con la propuesta de la pena de muerte para delitos comunes, concebida como la amenaza de un castigo definitivo, con la cual la sociedad, además de tomar venganza colectivamente, estaría enviando un mensaje claro a posibles transgresores. En realidad, como sabemos, se ha comprobado que la pena de muerte no conduce a la reducción del delito. Lo mismo ocurriría con la corrupción y la amenaza de la “mano dura”. Sucede que el atractivo de los beneficios materiales que supone el enriquecimiento ilícito es muy fuerte y aquéllos que por su ubicación en el sistema tienen la posibilidad de incurrir en él lo harán, dentro de un marco de condiciones en el que la impunidad convierte en letra muerta cualquier norma de castigo.
Como bien lo señala Ocampo (14), la amenaza del castigo tiene un claro poder disuasivo cuando, además de ser fuerte, la probabilidad de su aplicación es real. Lo cual implica la necesidad previa de desmontar el seguro que la impunidad proporciona. Ya en el siglo XIX Bolívar lo había señalado, con la claridad que puede verlo ahora un criminólogo moderno: “La impunidad de los delitos hace que éstos se cometan con más frecuencia y al fin llega el caso de que el castigo no basta para reprimirlo”. Incluso, la sanción severa a uno u otro “pez gordo”, si el conjunto de condiciones que promueven la corrupción sigue intacto, puede a lo sumo provocar temor temporalmente pero no logrará revertir la situación. En ese caso, el castigo severo aplicado en forma aislada podría servir, paradójicamente, para que, después de poner fuera de circulación al enemigo político de turno, los arquitectos del sistema de la corrupción ganaran legitimidad popular, sin que las reglas de juego sean modificadas.
El simple discurso de la “mano dura” allí cuando es bien intencionado, resulta, por otra parte, más un síntoma de la desesperación y la impotencia que provoca un cuadro de hipercorrupción (como lo es, a su modo, la invocación de la pena de muerte para delitos como la violación o el homicidio), que expresión de una política efectiva para atacar el problema.
-La reforma del sistema judicial
Se sostiene con frecuencia que el foco del problema está en una justicia lenta y partidizada. Sin duda, se trata de una de las razones que lo originan y es imperiosa la superación de esa situación si se quiere avanzar en la lucha contra la corrupción. No obstante, es necesario tener cuidado con esa tesis. Entre otras cosas por lo siguiente:
*Se puede llegar a pensar que el problema no atañe a la clase política sino a los jueces.
*El sistema judicial actúa cuando el delito ya se ha cometido, no es su responsabilidad evitar que suceda.
*En una situación de corrupción generalizada, el sistema judicial, (que de por sí nunca, en ningún país, es capaz de conocer todos los casos), sencillamente no se daría abasto para atender y procesar la multiplicidad de delitos que se cometen y, por lo tanto, no podría ser eficiente.
*Es una ilusión pensar que la clase política podría tolerar la existencia de un sistema judicial completamente autónomo y comprometerse con su modificación hasta las últimas consecuencias.
Como lo plantea Ocampo, en sociedades en las que la corrupción es endémica: “No todos los casos que se cometen, se conocen. No todos los que se conocen, se denuncian. No todos los que se denuncian se pueden probar, no todos los que se prueban se condenan”. (15).
Es cierto: una reforma del Poder Judicial es imprescindible. Sabemos sin embargo que, en Venezuela, como lo estableció en su momento la COPRE (Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, creada en 1984 bajo la presidencia de Jaime Lusinchi), el Poder Judicial-al ser parte del problema- no tiene capacidad para controlar al Estado, ocuparse de los delitos, ni para intermediar entre los particulares. Un nuevo Estado de Derecho no puede brotar (sólo) del esfuerzo de juristas especialistas en el campo sino, en lo fundamental, de una nueva voluntad política expresión, a su vez de un nuevo contrato social, así como de una nueva correlación sociopolítica de fuerzas. De lo contrario, la reforma tendría un alcance parcial, con algunos componentes formales positivos, pero relegitimadora del sistema de la corrupción.
-Cambiar a los deshonestos por los honestos
El problema, se afirma con fuerza, es de hombres. Si sacamos a los políticos corruptos y ponemos en su lugar a los que son honestos, las cosas comenzarían a ser de otra manera. De nuevo nuestro juicio ha de ser condicional. Sin duda, se trata de una premisa necesaria, pero más dependen las cosas de un Estrategia, bien pensada y sostenida en el tiempo, que de la voluntad de los honestos para romper con el sistema de la corrupción. Dicho de otra forma: los políticos que forman parte del sistema de la corrupción no tienen posibilidad de romper con él, independientemente de que sean honestos o no.
Es seguro que entre la clase política hay figuras honestas, incluso algunas de ellas puedan sentir especial aversión por una realidad que conocen y dentro de la cual no se sienten bien como individuos. No obstante, estamos obligados a hacer las siguientes precisiones:
*Si se trata de políticos honestos con niveles de liderazgo de primera línea, la situación típica es que hayan alcanzado esas posiciones en medio de muchos otros que han traficado con la política, a los cuales deben innumerables favores y de los que dependen para sostenerse.
*Habría que esperar mucho más de políticos honestos jóvenes, que no forman parte de las roscas de poder dentro de los partidos y a los que les está vedado el acceso a las posiciones fundamentales del liderazgo. Sin embargo, sucede que esos jóvenes carecen de la fuerza para imponerse; de llegar a adquirirla, tendrían que deslindarse abiertamente de los viejos dirigentes, lo cual sólo es posible si están dispuestos a pagar el precio de una ruptura política (en ese caso, el de la división de la organización). No es imposible que todo esto suceda (la fractura protagonizada por la juventud de AD, con el MIR, en los 60, así lo enseña), pero no es algo que ocurra todos los días. Dentro de los partidos, los “viejos” crean redes clientelares internas de la cual forman parte jóvenes, de modo que en un sistema de hipercorrupción la brecha generacional cede terreno a pugnas en las cuales, coaliciones de viejos y jóvenes rivalizan con otras coaliciones de viejos y jóvenes.
A los políticos honestos que tratan de abrirse paso (de hacer carrera), en medio de un cuadro de hipercorrupción y que tratan sinceramente de cambiarlo, suelen quedarle dos caminos: el automarginamiento o la adherencia a otro movimiento político (o bien su creación), el cual en su conjunto no forme parte del sistema de la corrupción.
Un ejemplo notable de la primera alternativa lo representa en nuestro país el escritor Arturo Uslar Pietri, quien expresara en una oportunidad que se alejó de la vida política activa -después de haber sido incluso candidato presidencial, en la década de los 60 -cuando se dio cuenta de que en Venezuela no era posible construir un partido político y a la vez, seguir siendo una persona honesta. Son muchos en ese sentido los casos de líderes políticos, jóvenes o experimentados, que en un momento dado de sus vidas se alejan de la actividad política, ante la imposibilidad de superar ese dilema y mantener la consistencia con sus principios.
Frente al caso de Uslar Pietri, encontrarnos como hemos dicho el de Rómulo Betancourt, cuya pasión por el poder lo llevó a mantenerse en la política, coexistir con el sistema de la corrupción, para después en la última etapa de su vida, lamentar el estado de hipercorrupción en el cual el país había caído.
Un tercer caso interesante es el de Rafael Caldera, un líder político con reputación de persona honesta, consciente de la existencia del problema y sus efectos negativos, pero que, sin embargo, no alcanzó sino a proponer -en su segundo mandato- la figura de “comisionado anticorrupción”. Una manera, tan simbólica como ineficiente, de “enfrentar” el problema, bajo los métodos admisibles dentro de una vieja y caduca cultura política.
Con la corrupción no puede haber arreglo alguno. La tolerancia con ella así sea con un pañuelo en la nariz, es parte del conjunto de cosas que la sostienen. Un dirigente político no puede decir que sea honesto (aunque él personalmente no haya incurrido en peculado o malversación), si la condición para preservar esa cualidad es que el trabajo sucio que él requiere para alcanzar el éxito, lo hagan otros.
6.2 Bases para una política contra la corrupción
Nos referimos a continuación a un conjunto de condiciones mínimas para hacer frente al desafío de revertir la situación planteada.
-El Carácter y la jerarquía de la lucha.
La lucha contra la corrupción toma la forma de una ofensiva general de la cual participan el Estado y la sociedad en su conjunto, que pone en tensión a todos los estratos sociales y sus organizaciones, a la ciudadanía y los medios de comunicación.
Dado que en nuestro país el problema ha adquirido un carácter endémico y que para la percepción de los venezolanos es motivo principal de su escepticismo ante la vida pública, el gobierno debe ubicar la lucha contra la corrupción en el primer nivel de sus prioridades, al lado de las políticas generales relacionadas con el sistema económico, el desarrollo social y los asuntos exteriores. Como tal, su entidad es superior a la de cualquier política sectorial, incluida por ejemplo la política petrolera.
– El liderazgo para la lucha contra la corrupción.
Los jefes de esta lucha, aquellos que van a conducirla en el seno del Estado a sus niveles más altos (incluyendo al propio presidente, en principio su responsable directo, el contralor General y el fiscal general), deben auspiciar la incorporación de exponentes de todas las corrientes políticas e ideológicas en la definición del plan de acción a desarrollar, con independencia de su peso electoral. Hay que señalar, sin embargo, si el país así lo exige, que la autoridad máxima de la política y la estrategia contra la corrupción puede también encarnar (incluso de modo preferente) en un intelectual, una figura académica, o en un dirigente social de gran prestigio. Este señalamiento es cónsono con nuestra apreciación de que cualquier iniciativa para enfrentar el problema, proveniente del interior del estamento político y de los pactos de sobrevivencia que lo caracterizan, estaría condenada al fracaso.
– La participación organizada de la sociedad en la lucha contra la corrupción
Ningún liderazgo político, por consciente y poderoso que sea, podrá por sí solo desarrollar la lucha contra la corrupción. La convocatoria de la sociedad (sin sectarismos de ningún tipo) a un compromiso activo es indispensable.
La participación social puede adoptar diversas formas, entre ellas la de coaliciones civiles, en las que tendrían presencia exponentes de los más diversos sectores (dirigentes sociales y comunitarios, universitarios, empresarios, intelectuales, iglesias, gremios de profesionales), las que se constituirían a nivel nacional, regional y municipal. Igualmente, comités de prevención, vigilancia y control social en escuelas, hospitales, empresas públicas, administraciones e instituciones en general, integrados por ciudadanos seleccionados por sorteo, así como por funcionarios públicos y trabajadores electos por sus compañeros de trabajo. Especial relevancia tendría la formación de un movimiento independiente de jueces contra la corrupción, que pueda dar su propia pelea por la independencia del Poder Judicial y desempeñar posiciones de liderazgo en esta lucha, como ocurrió en Italia, a propósito de la conocida operación “manos limpias”.
El objetivo es que la mayoría silenciosa, que rumia sus frustraciones entre el desencanto y la queja, se movilice para enfrentar el sistema de la corrupción, de modo que el control social de grupo sirva para hacer retroceder a sus mentores, así como para intervenir como factor de persuasión y reeducación ante los funcionarios públicos y la población en general.
— El diseño de una estrategia
En el corto plazo, el objetivo es crear el clima inicial favorable a la lucha contra la corrupción, a lo cual contribuyen las orientaciones antes señaladas y que se resumen en la comunicación a toda la sociedad del surgimiento de una nueva voluntad política, dispuesta a encarar el problema con decisión y de forma definitiva.
La creación de una oficina de staff, amplia y plural, que sirva de apoyo directo al equipo que formule la política y mantenga la visión estratégica de la lucha, resulta necesaria.
Además de la creación del clima señalado, se requiere iniciar a corto plazo el ataque contra la gran corrupción. Esto implica la focalización de la atención sobre los organismos y las empresas públicas, especialmente en las áreas críticas antes mencionadas en las que se concentra el grueso del problema en la Administración del Estado, con el objeto de poner en evidencia, en cada caso, las estructuras y los procedimientos paralelos del sistema de la corrupción y adoptar las decisiones pertinentes.
En el mediano y largo plazo hay que actuar para modificar el sistema económico rentista, subdesarrollado y dependiente, que proporcionó una discrecionalidad desmesurada a los partidos políticos y a las élites corporativas en general, con lo cual desapareció el espacio de lo público, en la misma medida que las fuerzas sociales diluyeron su fuerza en el interior de redes clientelares. Factor este último -queremos destacarlo- que se tradujo en una verdadera tragedia sociopolítica para la democracia en su conjunto: la pérdida de autonomía, beligerancia y capacidad propositiva del sujeto popular. El propósito más amplio es construir una economía basada en la laboriosidad de la gente, capaz de proporcionar instrucción y empleos modernos a las grandes mayorías, para que los venezolanos no tengan que depender de los favores de políticos y sindicalistas profesionalizados que se eternizan en sus cargos para medrar de una riqueza que no les pertenece, y para que las actividades empresariales, si bien cuenten con el apoyo público, puedan con su propio esfuerzo, alcanzar niveles crecientes de eficiencia y productividad.
– El fortalecimiento de nuestros parámetros morales como Nación
Una de las razones de la desmoralización que la hipercorrupción ha creado en la población, es que la clase política ha tenido el cuidado de eliminar de la historia, todos aquellos ejemplos de figuras que han combatido ese fenómeno en forma explícita y decidida.
Una tarea que puede contribuir a recuperar la confianza de los venezolanos para enfrentarlo, es rescatar esos ejemplos, verdaderas contrafiguras respecto al dirigente típico de la clase política actual. Nos referimos en especial a personalidades como Bolívar, Simón Rodríguez, Rafael Urdaneta, cuya conducta personal y pronunciamientos sobre las virtudes republicanas y la separación entre el ejercicio de la esfera pública y el interés económico privado, son desconocidos, tanto por los escolares como por el ciudadano promedio.
Es necesario tener muy claro, sin embargo, que la educación moral, por sí sola, no tiene la más mínima capacidad para superar el sistema de la corrupción, propósito que pasa fundamentalmente por modificar, transformar, sustituir, revolucionar, las relaciones sociales que lo originan o lo sostienen. Su papel es complementario. En ese sentido, la eficacia de la educación moral depende del desenvolvimiento general de la política contra la corrupción, en cuyo marco puede convertirse en una fuerza de cambio importante. Podríamos los venezolanos aprender de memoria todas las máximas morales de los fundadores de la Venezuela independiente y, al mismo tiempo, seguir sosteniendo, por acción u omisión, el sistema de hipercorrupción.
Notas:
(1) Briceño, Dimitri. “La Corrupción en Venezuela: 1979-1984 (Análisis del Discurso)”. En Sociología y Política. Enfoque Latinoamericano, p. 102, Edic. ULA, Mérida, 1997.
(2) Eigen, Peter. “La Corrupción en los países desarrollados y en desarrollo. Un desafío de los 90”, En: Revista Contribuciones, p. 9, Fundación K. Adenauer, Buenos Aires, Argentina, No 4, 1995.
(3) Ocampo, Luis Moreno. “En defensa propia. Cómo salir de la corrupción”, p. 47, Edit. Sudamérica Buenos Aires, 1993.
(4) Ugalde, Luis. “Ética contra la corrupción”. En: Revista Uno más Uno, Dpto. Pastoral, UCAB, No 28, junio-Julio 1996.
(5) Es importante aclarar que el estudio de estas leyes, en perspectiva histórica, ofrecería sin duda elementos para enriquecer la comprensión del proceso sociopolítico de la corrupción administrativa en Venezuela que intentamos hacer en este trabajo, pero es un propósito que excede a los objetivos del mismo.
(6) González Fabre, Raúl. “Cultura y corrupción en Venezuela”. En: Revista SIC, No 583, abril 1996, Caracas.
(7) Eigen, Peter, p. Ob. Cit.
(8) Pritzl, R. “La Corrupción Pública: una forma dinámica e ilegal de rentismo o rentseeking en la lucha distributiva de los grupos de interés organizados”. En: Rev. Contribuciones, p. 140, Fundación Adenauer, Buenos Aires, No 4, 1995.
(9) Capriles, Ruth. “La corrupción al servicio de un proyecto político económico”. En: Corrupción y Control. Una perspectiva comparada, Capriles. R. y Pérez Rogelio, p. 29-49, Edic. IESA, Caracas, 1991.
(10) Sáez Mérida, Simón. Entrevista “La cara oculta de Betancourt”, de Carlos Croes, Semanario Quinto Día, Caracas, 27 de febrero al 6 de marzo de1998.
(11) Lomnitz, Adler. “Redes informales o de intercambio en sistemas informales: Un modelo teórico”. En: American Anthropologist 90. Citado por: Capriles, Ruth p. 37, Ob. Cit.
(12) La Teoría del “Capitalismo Rentístico”, ha sido desarrollada en numerosos trabajos, artículos y libros por Bernard Mommer y Asdrúbal Baptista.
(13) Ocampo Luis Moreno, Ver Cap. IV, Ob. Cit.
(14) lbid. p. 210
(15) lbid. p. 203
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