Las políticas antiinflacionaria y salarial del régimen fracasaron o nunca existieron.
En los últimos 13 meses el gobierno de Nicolás Maduro ha autorizado sólo un aumento en el salario mínimo, el cual se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.691 el 15 de marzo del año 2022 y llevó el salario a 130 bolívares, un monto equivalente a 29 dólares mensuales para entonces. Después que ha pasado más de un año sin más ajustes oficiales, y además sin ajustes en las tablas que recogen toda la escala salarial de los tabuladores de cargos de los trabajadores públicos y de todos aquellos que tienen relación de dependencia con el Estado.
Al no tener políticas eficientes para contener la inflación, el gobierno arremete en contra del salario de los trabajadores para que disminuya el consumo e inclusive la demanda de divisas, porque los usuarios no tienen confianza en la moneda local. La inflación acumulada en los últimos 12 meses es mayor a 200 por ciento y el valor de la moneda ha sufrido una depreciación de más del 80 por ciento de su valor, la política de congelar los salarios termina siendo perversa al estómago de la gente y por otra parte no se permite discutir las Convenciones Colectivas ni en la administración pública ni privada.
Es importante mencionar que el salario mínimo de 29 dólares mensuales que se fijó en marzo de 2022 dejaba al trabajador y al pensionado ganando el equivalente a 0,97 dólares al día, muy por debajo de los 1,90 dólares al día que fija el Banco Mundial como línea de pobreza extrema por rango de ingresos. Hoy, cerca de 5 millones de jubilados y pensionados y otros cientos de miles de trabajadores públicos están recibiendo el equivalente a 0,18 dólares diarios, una situación que puede ser calificada de esclavitud y precariedad laboral.
Lo más grave es que los trabajadores no tienen para su ingreso salarial ningunas formas de revisión o de protección como las establecen las Convenciones Colectivas. En cambio, el gobierno, si protege su presupuesto a través de las devaluaciones de la moneda trasladando toda la carga del ajuste que provoca la inflación y la depreciación de la moneda en Venezuela sobre los trabajadores, y en especial sobre los trabajadores dependientes del sector público.
Lo verdaderamente obsceno es que después de haber sido reiterativos los voceros del gobierno, diciendo que no hay dinero para aumentos salariales, ahora aparecen señalando un gigantesco desfalco de recursos sobre la principal empresa del Estado. La incompetencia del gobierno y la impunidad reinante nos ha metido en un grave problema donde los trabajadores no tienen la más mínima responsabilidad.
Las políticas económicas del régimen son un “arroz con mango”, aderezado con pimienta. No hay inversiones porque no hay seguridad jurídica, no se recuperan las grandes empresas porque no hay energía; con la infraestructura educativa y de salud estamos retrocediendo en la formación del recurso humano. Definitivamente el socialismo del siglo XXI fracasó en Venezuela, el cambio es inevitable.
Economista
