Fincas en Falcón y Carabobo
Grupos armados se adueñan de fincas y la tranquilidad de productores en Falcón
Al estado Falcón, ubicado en el occidente de Venezuela, han llegado grupos armados que mantienen azotados a los habitantes de los municipios productores, proliferando así delitos como el secuestro, robo, captación obligada de adolescentes y jóvenes para formar parte de sus filas, amedrentamiento, tala de árboles, minería y abigeato; sumado a la invasión de fincas importantes para la producción de la región.
Según el Centro de Estudios Agroalimentarios, esta situación se viene presentando desde el 2020 y aunque ha sido denunciada ante los organismos regionales, solo se está atendiendo al municipio Mauroa, jurisdicción que colinda con Zulia, mientras que al otro extremo de la región, específicamente en Sanare, municipio Monseñor Iturriza, fue invadida la finca Barisagua, donde además de practicar minería y tala, tienen ganado y otros animales que han hurtado de otros fundos cercanos.
Edixon Arciniegas, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, denunció que los ganaderos han aumentado sus gastos de seguridad en un 11% debido a estos grupos armados en la zona, que mantienen en zozobra a todos los habitantes y productores.
Ante esta problemática, entregaron el pasado viernes, un documento ante el Consejo Legislativo del estado Falcón que contiene un informe sobre la finca Barimisagua, que fue invadida por un grupo que comete delitos ambientales y penales dentro del lugar. La finca en Sanare, municipio Monseñor Iturriza se encuentra invadida por un grupo de mineros y extractores de madera que en primera instancia tiene registros de ser una finca privada. Además hay una reserva de medios silvestres que cuidan las cabeceras que alimentan al río Sanare y a la quebrada Yaracuibare, de la cual dependen 3.000 familias que viven en ese entorno y siete instalaciones turísticas relacionadas en el parque Nacional Morrocoy, dijo.
Igualmente hicieron una reseña de las actividades delictivas que se están haciendo en la zona, pese a que hay una sentencia firme de los tribunales agrarios que las tierras son privadas y que los ocupantes deben salir del lugar, además reparar los daños; no han cumplido estas decisiones.
Esto está teniendo un impacto sobre la actividad económica agroalimentaria y el primer impacto es que ha habido un incremento de los costos de los productores agropecuarios de la zona hasta llegar a un 11% en materia de seguridad, debido al crecimiento de la actividad delictiva presumiblemente atribuible a esta finca que es el centro de operaciones de este grupo delincuencial. También ha aumentado la delincuencia personal en las zonas turísticas, hay registros del aumento del abigeato en la zona, mientras que en la finca hay un rebaño multi hierros que el Insai cotejó que existe y no terminan de llevárselo, pese a que son producto del abigeato, denunció Arciniegas.
Resaltó que hay registros de que la bolsa agrícola y la banca han aplicado medidas de protección en un período de 30 kilómetros por el riesgo de invasión que las unidades tienen, además que hay una reducción del 9% en el traslado de animales hacia unidades de producción de la zona.
En términos globales hay un riesgo de invasión o de que se desate una ola de invasiones en la costa oriental de Falcón debido al nivel de impunidad que hay. El estado tiene consenso jurídico, constitucional, pero no se ha pasado del papel a los hechos, desde que inició el problema en el año 2019, y el problema se ha agudizado en el último año, con actividades mineras, extracción de madera y degradando una cuenca y, aunque han sido catalogados como delincuentes por instituciones como el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) y el Instituto Nacional de Tierra, no se logra que las fuerzas públicas pongan fin a ello.
Las autoridades policiales y militares actuaron en Mauroa contra la banda Huérfano Masacre
Más de 80 efectivos de seguridad se mantienen desplegados en un operativo especial en Mene Mauroa, municipio Mauroa, para acabar con una banda criminal denominada Huérfano Masacre.
Según la información dada por el secretario de Seguridad Ciudadana en Falcón, Miguel Morales Miranda, hubo varias denuncias ante los organismos sobre secuestros, extorsión, robo, hurto y abigeato, contra productores y habitantes del sur del estado, tanto en Falcón como del Zulia, por lo que se activó un dispositivo especial que lleva cuatro fallecidos y tres detenidos que forman parte de la organización delictiva.
El 17 de abril cayeron muertos durante un enfrentamiento contra los organismos de seguridad, José Gregorio Martínez Calleja, alias el Toto, quien portaba una pistola marca Glock 9 milímetros. Tres días después se registra un nuevo enfrentamiento a tiros y caen muertos José Gregorio Pimentel Escobar (El Joche), Yovana Patricia Reyes González, conocida como La Machi y Tianyerlis Caldera, (La Flaca).
En este último procedimiento fueron capturados José Enrique Pérez de 26 años, con orden de aprehensión por extorsión agravada y asociación para delinquir; José Lorenzo Pérez, 50 años y Carlos Luis Pérez de 41 años de edad, a quienes se les incautaron varios armamentos.
Otros integrantes de este grupo Estructurado de Delincuencia Organizada, según otra fuente de información, señala que Leonervis Antonio Pimentel Montiel, alias (Negro Paulita) también resultó muerto al hacerle frente a una comisión policial del estado Zulia.
Según la autoridad, el trabajo de investigación se hace en conjunto con las comunidades organizadas de Mauroa, quienes han sido clave para peinar la zona y dar con el paradero de cada uno de los integrantes de este grupo hamponil. Hasta este sábado 22 de abril, seguían tras la pista del líder de la banda, conocido como Huérfano Masacre y alías Conejo.
Organizaciones ganaderas y habitantes de Monseñor Iturriza y Laurencio Silva siguen en la espera de justicia
José Soto, presidente de la Federación de Ganaderos de Falcón (Fegafalcón), denunció en febrero de este año la invasión de la finca Barisagua, además extendió un llamado a las autoridades, ya que los dueños tienen casi dos años en espera de que les devuelvan sus tierras.
Un grupo de personas han querido apropiarse de lotes de terreno de manera ilegal. Estos han sido notificados por parte del Instituto Nacional de Tierras de la declaración de finca mejorable y esto significa que estas personas deben abandonar y deponer la actitud de invadir el predio, detalla en una nota de prensa enviada por la organización ganadera.
Pese a las acciones legales hechas por el Instituto Nacional de Tierras, no han tenido respuestas de las invasiones que además afectan la producción de todo el municipio y pone en peligro a los habitantes de la zona.
Lapatilla.com
Roban y saquean fincas productivas del estado Carabobo
El expresidente del Inti en la entidad, José Ávila Bello, presuntamente vinculado al exministro de Petróleo Tareck el Aissami, estaría detrás de los ataques
En Venezuela la situación política y económica genera graves consecuencias en distintas esferas de la vida cotidiana, siendo la propiedad privada una de las áreas más afectadas por la situación actual. En el estado Carabobo, diversas fincas productivas están siendo saqueadas y robadas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sin derecho a un proceso legal.
La impunidad con la que se realizan estos robos deja a los propietarios de estas fincas sin la capacidad de generar ingresos, lo que ha tiene un impacto negativo en la economía local y en la producción de alimentos en la región, denunciaron en condición de anonimato.
Estos actos de robo se han realizado en contra de los derechos de propiedad privada, lo que ha generado preocupación en distintos sectores de la sociedad y ha llevado a manifestaciones y protestas en contra del gobierno.
Fincas en Carabobo
Lo que sucede con las fincas en Carabobo es una demostración más de que el gobierno de Maduro adopta políticas y medidas que limiten el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada, o que se realicen expropiaciones o confiscaciones sin el debido proceso legal.
«Estamos en total indefensión», señaló uno de los productores afectados.
Ante esta situación, señalan, habrá que acudir a las organizaciones de derechos humanos para denunciar los abusos de poder y la falta de medidas efectivas por parte del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección de sus bienes.
Hay que destacar que el organismo encargado de la administración de la tierra en Venezuela, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) es responsable de garantizar la seguridad jurídica en materia de propiedad y promover la justicia social en el acceso a la misma y no cumple con eso.
El expresidente del INTI, José Ávila Bello, presuntamente vinculado al exministro de Petróleo Tareck el Aissami, estaría detrás de los ataques a las fincas en Carabobo, denunciaron. También fue secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad en el gobierno de Rafael Lacava.
Ya en 2018 Bello fue denunciado a Maduro por campesinos de la región. Maduro dijo que lo ponía en agenda y pidió que le dieran los datos precisos de los «bandidos que conocen».
El Nacional
