Dos hechos violentos recientes nos vuelven a recordar el estado de precariedad del sistema de justicia venezolano, en el cual incluimos no sólo a los tribunales de la república, sino al Ministerio Público, la inexistente Defensoría del Pueblo, los organismos de seguridad del Estado y el sistema carcelario nacional. Y, por favor, no me corrijan diciendo que alguno los organismos mencionados no necesariamente forman parte del mismo sistema. Todo el mundo sabe de qué estoy hablando.
El primer caso es el del asesinato de la trabajadora del Servicio de Medicina Forense Nazareth Marín, quien fue encontrada asesinada en el sector Mare Abajo de La Guaira el 23 de marzo pasado, cuatro días después de haber desaparecido luego de viajar acompañada de un agente del CICPC, en lo que se suponía sería un día de playa de descanso y distracción. De acuerdo a las informaciones de prensa, todos regresaron a Caracas sin Nazareth, quien luego fue declarada como desaparecida. Las explicaciones sobre lo sucedido por el detective del CICPC que la buscó resultaron un tanto extrañas.
Por el hecho están detenidos 4 personas: dos funcionarios del CICPC, entre ellos el jefe de homicidios de La Guaira, y una dama que al parecer actuó como cómplice. El caso se ha venido complicando con las denuncias de la madre de la víctima, quien afirma estar siendo amenazada por motorizados desconocidos. Adicionalmente, familiares de uno de los detenidos denuncian irregularidades en los procedimientos, acusaciones infundadas y violaciones del debido proceso. Ciertamente, las averiguaciones del supuesto femicidio agravado y violencia sexual contra la víctima tienden a empastelarse.
El otro caso que ha impactado a la opinión pública es el del supuesto suicidio de Leoner Azuaje, dirigente medio del PSUV, mientras se encontraba como recluso en el SEBIN, acusado por el Ministerio Público de corrupción, dentro de la actual jornada desplegada por el gobierno con motivo del caso de PDVSA, que llevó a la renuncia de Tareck el Aissami como ministro de petróleo. Como nos tiene acostumbrado, el fiscal Tarek William Saab adelantó su opinión sobre que se trataba de un suicidio, sin esperar las investigaciones del caso.
Fue algo muy parecido a lo ocurrido con el concejal Fernando Albán, militante del partido de oposición Primero Justicia, quien también estaba recluido en el SEBIN y supuestamente se suicidó lanzándose por una ventana desde el décimo piso del edificio sede del organismo policial. El caso de Albán es incluso mucho más grave al ser víctima de una desaparición forzada, ya que estando en manos del SEBIN, ninguna autoridad daba razón de su paradero. Tanta fue la presión y tantas las evidencias que el Fiscal General terminó actuando ante lo que llamó una actuación negligente de los custodios del concejal.
El SEBIN tiene historia de muertes y “suicidios” de prisioneros. Luego de un año de reclusión (2015), Rodolfo González, conocido como “El Aviador” (excapitán de aviación civil) se ahorca; también murió Carlos Andrés García (2017), concejal de Guasdualito, luego de sufrir un accidente cerebro vascular en esa sede regional del SEBIN y sólo ser atendido 12 días después.
Otros reclusos políticos han fallecidos en custodia en distintos organismos. Entre ellos tenemos a Nelson Martínez, expresidente de PDVSA y exministro de petróleo; Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta de la FANB, caso patético, donde el detenido es presentado moribundo por el DGCIM en el tribunal, luego de infames torturas; Virgilio Jiménez, estudiante del IUTIRLA; Pedro Pablo Santana, productor agropecuario; Salvador Franco, indígena de la etnia pemón, quien muere por falta de atención médica ordenada por un tribunal, pero desatendida por la cárcel de Bolívar donde estaba; y Raúl Isaías Baduel, triste caso conocido por todos.
La descomposición de tribunales, fiscales y de organismos carcelarios, es trágica en el país. Los jueces penales sólo actúan por órdenes de “arriba” o por el cobro de altas sumas de dinero. Otro tanto pasa con muchos fiscales. La situación de la población de reclusos no políticos es también catastrófica. La violación permanente de los DDHH y del debido proceso no tiene parangón en nuestra historia reciente. La pudrición hace inexistente la justicia en Venezuela. El reto a afrontar en el futuro será muy grande, si es que se logra desplazar electoralmente a quienes hoy detentan el poder.
