Profesionales y académicos abocados al estudio de las ciencias económicas y sociales, así como representantes del empresariado y federaciones sindicales, se les dificulta consensuarse en torno a cómo, cuándo y en qué cuantía debe efectuarse el ajuste salarial tan ansiado por casi la gran mayoría de los trabajadores puesto que no hay acceso, por su entelequia, a objeto de acopiar información numérica sobre la situación e indicadores sobre el crecimiento nacional (PIB), lo cual constituye una limitante crítica para el logro de un consenso salarial, así como de una discusión sobre contratación colectiva, aunque Venezuela ha venido experimentando un cierto crecimiento económico bastante discreto, aún así, pareciera que el erario no tuviese la capacidad amplia y suficiente como para asumir montos tan altos destinados a un resarcimiento salarial sustentable. Todo estudio sobre desembolsos de dinero debe efectuarse sobre la base de una información estadística fiable y bien llevada, pues no es posible efectuar estimaciones mediante datos obsoletos y, en su defecto, al tanteo o al “ojo por ciento”, vicio al cual se ha estado recurriendo inescrupulosamente, desde mucho antes de 2013 por desechamiento de las metodologías tradicionales e implementación de otras técnicas “más acordes” con la dinámica del socialismo del siglo XXI, dentro de un contexto puramente ideológico, que ha dado al traste con esta realidad tan fatídica tras polada en lentificación para la toma de decisiones de importancia ya que se analiza sobre números forjados. En efecto, toda decisión se oficializa mediante decretos sibilinos cuya eficacia y buena intención se materializa en mortinato de efectos inertes y hasta de bumerán por lo improvisado de la metodología empleada.
