El primer día del mes de mayo representa una fecha significativa en todo el mundo porque en ella se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieran los obreros de la fábrica McCormick, durante varios días de abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago durante las protestas por lograr el establecimiento de «ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho horas de recreación».
La fecha se escogió en honor a los «mártires de Chicago», un grupo de cinco sindicalistas estadounidenses que fueron condenados a muerte en 1886 durante una huelga que reclamaba la implementación de la jornada laboral de ocho horas. Estos obreros fueron acusados, sin prácticamente pruebas y en juicio muy cuestionado, de haber cometido un atentado contra policías.
Con el transcurso del tiempo, la conmemoración de esta fecha se convirtió en una celebración tradicional, donde pone de manifiesto que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente.
En el caso venezolano, durante la gestión del régimen que se hace llamar socialista bolivariano del siglo XXI, caracterizado según sus representantes como un gobierno de «justicia social, de igualdad para los pobres, socialista, de democracia participativa y de inclusión social», en la práctica se observa todo lo contrario.
Las manifestaciones de los trabajadores durante los últimos 23 años se han caracterizado por las denuncias contra un régimen represivo que pisotea los derechos laborales de los trabajadores.
De manera sostenida, sindicatos, gremios, ONG, asociaciones han dado a conocer la paralización de las contrataciones colectivas, aumentos miserables del salario mínimo y congelación del resto de la escala salarial, acumulación de deudas laborales, empeoramiento de las condiciones de trabajo y seguridad industrial, eliminación de los HCM, despidos injustificados, retraso en los pagos de nuestros bonos vacacionales, de las utilidades y aguinaldos, la proliferación de sindicatos paralelos, la persecución y encarcelamiento de los dirigentes que pelean por las reivindicaciones laborales, la criminalización del derecho a la protesta, mandando a centenares de obreros a tribunales por reclamar tales abusos y chantajeando a miles con el despido si no se callan y aceptan tal arbitrariedad.
En el caso de los entrenadores deportivos activos y jubilados del Instituto Nacional de Deporte (IND), es importante señalar que, a partir del 2000 hasta el presente año 2023, los regímenes de Chávez-Maduro han impuesto arbitrariamente una sistemática y progresiva política autocrática y totalitaria de desconocimiento de los derechos laborales de los entrenadores conseguidos a partir de 1975. Esa política antitrabajador se manifiesta de manera inequívoca en los siguientes hechos:
-Congelación de los contratos colectivos. A la fecha, son 23 años sin tener la posibilidad de presentar, discutir y aprobar con el IND un nuevo marco de relación laboral.
-Violación expresa de la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo al firmar un convenio con Cuba para la ilegal traída de 10.000 «entrenadores», estableciendo una discriminación salarial al remunerar a los extranjeros con pagos en divisas (1.500 $ mensuales) y en bolívares devaluados a los entrenadores criollos, pisoteando así el principio universal que establece «a igual trabajo igual salario».
-Los seguros HCM que, por su inexistencia o sus pírricas coberturas, prácticamente mantienen «condenados a muerte» a los trabajadores que necesiten ser atendidos por problemas de salud.
-Negativa permanente para aplicar la homologación de salarios, pensiones y jubilaciones.
-Los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata en la larga espera de su cancelación.
-Apropiación indebida de los descuentos mensuales del 11% a los entrenadores como aporte a la Caja de Ahorros del IND, así como el 11% del aporte patronal. Esos aportes son retenidos ilegalmente, desde hace dos años, por las autoridades del IND y hasta el momento se desconoce el destino de los mismos.
-Bonificación de los salarios, pensiones y jubilaciones de hambre, aprobados unilateralmente por el régimen.
23 años de intolerancia patronal, de autoritarismo gubernamental, de condiciones leoninas de trabajo, de salarios de hambre, de ausencia de programas de protección social hacen necesaria la unidad en la lucha de los trabajadores del deporte por el logro de sus derechos laborales. Hoy, más que nunca, tiene plena vigencia el pensamiento de Carlos Sánchez, que el 1º de mayo de 1975 dirigió la huelga de hambre de los entrenadores deportivos en su justa lucha y reclamo por mejores condiciones laborales y señaló que:
«El entrenador deportivo debe ocupar permanentemente su puesto de lucha por un deporte mejor y no doblegarse ante ningún burócrata civil o militar que pretenda usarlo con fines politiqueros o de enriquecimiento ilícito. Solo la unidad gremial nos hará fuerte en la búsqueda y defensa de nuestros derechos sociales».
La historia nos permite recordar que el pasado nunca ha terminado, sino que permanece abierto y que en él reposan aún las semillas de otro presente y otro porvenir… La lucha continúa.
Licenciado en Educación, profesor en la UPEL
