Este 5 de mayo la Red Verde Caracas, continuando con la investigación solicitada a la Fiscalía General de la República, acompañó a distintas instituciones del estado: Defensoría del Pueblo, Guardería Ambiental, Inparques, Inti, grupos rescatistas y vecinos del Algodonal, a la realización de una inspección ocular para determinar los daños y el impacto ambiental, denunciado por la Red Verde, en Antimano Caracas.
En efecto, se pudo corroborar y constatar que la situación es mucho más grave aún de lo estimado: Se observó cómo la proliferación de la tala y quema organizada es un hecho, cómo la micro cuenca de la zona protectora, sus árboles y bosques ya no existen, lo que disminuye su caudal, además, como esta zona no es de tradición agrícola y es – o fue- una zona de bosques, se comprobó la afectación de animales e insectos de la fauna silvestre (abejas), también se verificó la existencia de unos 70 conuqueros que aspiran sembrar en 35ha, remoción de suelos, etcétera.
Por otra parte, los conuqueros explicaron sus planes de cultivos, tales como/zanahorias, yuca, plátanos y ahora cuentan con semillas de café facilitadas por el estado, también plantean que “esta zona fue ocupada por vagos y maleantes que azotaban el sector y que con su presencia se desmontó, plantearon que algunas irregularidades son responsabilidad de algunas individualidades y que nada tiene que ver con el frente comunero”. Alegan que son “padres de familia del pueblo que por necesidad y situación de pobreza, como consecuencia de políticas de bloqueo económico impulsado por la oposición, decidieron organizar el frente en cordinación con el gobierno”.
Se pudo observar además la presencia, desde tiempo atrás, de instituciones como en inti, alcaldía,conare y Ecosocialismo en la legitimación de la presencia de estos conuqueros, otorgando certificados, presencia de funcionarios de alta jerarquía, entrega de insumos, por lo que es evidente el apoyo del gobierno a estás actividades de agricultura.
La zona protectora del valle El Algodonal, decretada el 10 de febrero de 1976 y que sirvió de base para que la alcaldía de Aristóbulo Istúriz, elaborará decretos de expropiación en 1995, ante las pretenciomes de la Sociedad Mercantil Saetaca, de solicitar tratos amistosos para el pago de expropiaciones a chiveras en el Junquito, el mismo decreto que sirvió para desalojar invasiones anteriores, ahora no sirve a los intereses de este reducido grupo.
Ahora bien, la fiscalía como garante del cumplimiento de la legislación vigente, deberá aplicar la ley, sanear y proteger la zona o en su defecto, aplicar la política del avestruz y dejar que el estado cómplice de este impacto depredador, termine por convertir en desierto esta zona de vital importancia para Caracas y para el complejo hospitalario José Ignacio Baldo.
Nota de prensa
