El primero de mayo vino y se fue sin que los trabajadores del sector público consiguieran lo que pretendían, a la sazón, un ajuste en su sueldo ordinario. Más allá de la inmensa manipulación mediática populista y sesgada de parte de un sector interesado, todos sabíamos muy bien que en las condiciones actuales del país no es posible impactar retroactivamente los haberes de unos 6 millones de personas que dependen de las arcas del Estado.
Ahora bien, ya un poco más calmada la molestia inicial de los sindicatos y trabajadores en general, tanto los oficialistas como los demás, echemos un vistazo a la decisión adoptada por el Ejecutivo luego de casi 6 meses de conversaciones con todos los entes convocados, Central Bolivariana, OIT y Fedecámaras incluidos.
El ingreso promedio de la gran base laboral en el sector público estaba apenas por encima del sueldo mínimo y con certeza, la inmensa mayoría devengaba por debajo de los $30 mensuales, lo que los colocaba de lleno en la categoría de pobreza extrema, según la clasificación del Banco Mundial. Todo aquel por debajo de $57 entra en ese abominable lote. Con las medidas recientemente anunciadas, ahora pasan por encima de ese rasero y recuperan algo de su limitado poder de compra.
He ahí la explicación al mentado “frenazo” que sufrió nuestra economía a partir de agosto del 2022, tras las protestas del magisterio por el pago de las vacaciones, cuando las disposiciones del Ejecutivo dictaron linealmente la pérdida de valor de la moneda. La decisión de entonces fue inyectar “digitalmente” una gigantesca masa de bolívares inorgánicos, lo que terminó por llevar la tasa de cambio de 6 bolívares por dólar a principios de agosto a más de 25 en el día de hoy. Estábamos mal y empeoramos mucho. De nuevo pasamos al estancamiento con inflación.
Con esa lección a cuestas y sin hacer aquí juicios de valor sobre si eso les importe o no, la decisión actual es significativamente diferente a la de agosto. El ajuste indexado mensualmente por la vía del bono alimenticio y otro fulano bono con no sé qué melodramático nombre, permiten resolver dos problemas simultáneamente, a saber, mejorar de inmediato el nivel de ingresos de los asalariados sin causar un incremento impagable del pasivo laboral, ya que no impacta prestaciones, vacaciones ni demás beneficios de ley.
Aun si es solo a nivel latinoamericano, un sueldo mínimo mensual cercano a los $75 es risible, sin lugar a duda. Pero, para quienes devengaban tan solo un poco más de $7 hasta el pasado domingo, el ajuste es muy significativo. Al menos alcanza para comer alguito, lo cual en meses recientes se les hacía improbable. La drástica caída en los índices nacionales de nutrición y los de consumo de proteínas son el mejor ejemplo de ello. Este anuncio debería además ayudar en la tan necesaria recuperación del consumo privado, para apuntalar la economía.
Pero sabemos que esto no termina aquí. Los trabajadores han venido prestando sus servicios bajo unas ciertas condiciones laborales, que actualmente ya no son viables. Ello es indiscutible y sin embargo debe ser objeto de serias conversaciones para alcanzar un nuevo esquema que permita mejorar con creces los ingresos de nuestra fuerza laboral. Sólo así podremos pensar en rescatar sus condiciones de vida y la productividad en general de nuestra mano de obra. No basta tampoco con decir que el sector privado paga mucho mejor que el público; ya que en ambos se perdieron los haberes acumulados por años de servicio. La remuneración es y ha sido siempre muy baja por el nocivo efecto retroactivo de cualquier aumento.
La necesidad de mejorar los ingresos actuales debe privar por encima de los beneficios de unos supuestos pagos futuros. Antes de perderlas por la inflación, muchos trabajadores ya se habían visto forzados a retirar sus prestaciones para compensar sus bajos ingresos, quedando igualmente desprotegidos en su eventual cesantía. Además, la estabilidad laboral de años anteriores viene desapareciendo, no solamente en Venezuela ya que se trata de un fenómeno generacional. Los jóvenes no se quedan en una misma organización por mucho tiempo. Por ende, las prestaciones sociales retroactivas son un modelo agotado, que debemos revisar y sustituir.
Para ello es indispensable recuperar nuestra economía, lo cual pasa inevitablemente por abatir las perniciosas sanciones internacionales a nuestra principal fuente de ingresos, para retomar una senda de crecimiento sostenido que permita la absorción de mano de obra productiva y bien remunerada, en condiciones diferentes a las actuales. Sólo así podremos pensar en mejorar los planes de jubilación, la infraestructura de salud pública y todas las demás necesidades de aquellos que ya no puedan proveerse su propio sustento.
Debo quizás revalidar que la realidad política, que todos lo que estamos aquí vivimos por igual, pareciera colidir frontalmente con cualquier asomo de aporte al desarrollo socioeconómico de nuestro país y en especial de nuestro pueblo. Creo sin embargo, que no por ello podemos cejar en el permanente empeño por proponer y tratar de mejorar continuamente nuestras condiciones de vida y de las de aquellos que más lo necesitan.
No olvidemos nunca que “las oportunidades no se reparten por igual”. Hay muchos que por diversas circunstancias no logran acceder a lo mejor que a otros se les ofrece en lo educativo y laboral. Por eso todos debemos luchar, sin descanso, por las mejoras de los más desposeídos. Hagamos caso omiso a las enormes limitaciones vigentes y, aun así, hagamos patria.
guillermomendozad@gmdconsultor.com
