La criminóloga e investigadora de Una Ventana a la Libertad, Magaly Huggins, expresó que el abandono del Estado a la población detenida ha convertido a las madres en víctimas de violencia contra la mujer.
Luz*, de 63 años de edad, va con la mirada triste y el paso lento. Tiene seis hijos. Acude casi sin falta a los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Boleíta, para llevarle la comida a su hijo detenido desde hace más de un año.
Unas veces le lleva pan y jugo natural, otras arroz con pollo. Le da de comer lo que tenga. La pensión –de Bs. 130, que al cambio de la tasa del BCV equivalen a $5.13– no le alcanza para cubrir los gastos diarios de un hijo detenido.
Luz requiere de al menos $10 al día para traslado a los calabozos de Zona 7 –como era conocido anteriormente–, alimentación y agua para consumo y aseo personal y de la celda. En algunas ocasiones, miembros de su familia la ayudan con un paquete de arroz o pasta.
De acuerdo con Magaly Huggins, criminóloga y coordinadora de investigación Una Ventana a la Libertad (UVL), las familias son las que quedan a cargo de sus detenidos ya que el Estado venezolano les han delegado esa responsabilidad.
Esto quiere decir, que los detenidos dependen de única y exclusivamente de su familia. No obstante, la experta alegó que el mayor peso recae en mujeres que son madres, esposas, concubinas o hijas.
Huggins expresó que es común que las mujeres lleven alimentos y medicamentos para la sobrevivencia de un familiar privado de libertad en los calabozos del país. Enfatizó que cada vez es más frecuente ver a madres de la tercera edad y cerca de los 40 años de edad.
A Luz le cuesta alzar cosas pesadas; tiene afecciones en las caderas y en la cervical, aún así carga agua para que su hijo pueda tomar y asearse. En un taller cercano le permiten llenar algunas garrafas porque vive muy lejos, en la parroquia Coche, para llevar encima todo ese peso.
Según el informe de condiciones de vida y salud de Convite para el año 2022, la hipertensión es la enfermedad más común entre los adultos mayores (59 %), seguida de la insuficiencia venosa y la cardiopatía.
La criminóloga insiste en que estas mujeres llevan un estilo de vida dramático originado por la falta de respuestas del Estado y expresó que las madres de las personas detenidas son víctimas de violación de derechos humanos del Estado venezolano.
Eso es violencia contra las mujeres, eso es una violencia de Estado e institucional. El Estado delega en estas mujeres la responsabilidad que le corresponde a él y está violentando los derechos de estas mujeres madres de familia y no porque el hijo sea malo ella se lo tiene que calar, porque eso no es justicia.
Cárceles en Venezuela
Respecto a la situación en los centros penitenciarios en el país, Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dijo que las madres tienen que llevar la comida ya preparada y almacenarla en envases o bolsas transparentes, deben lavar la ropa de sus hijos y suministrar medicamentos.
Añadió que aunque no se conoce la razón, en las cárceles que están bajo el control del Ministerio del Servicio Penitenciario prohibieron la visita de hombres y las únicas que pueden acceder son las mamás, esposas, hermanas.
También mencionó que al menos ocho cárceles son controladas y dirigidas por pranes (líder delincuencial dentro de la prisión) y estos gestionan las visitas dentro de los recintos penitenciarios.
Los artículos 43 y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela exponen que el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. Además, de que estas mismas deben ser tratadas con respeto debido a la dignidad inherente del humano.
Trabajos de limpieza
Para que sus dos hijos no pasen el día sin comer, Berta* se dirige diariamente hasta los calabozos de la PNB en Boleíta, donde ambos se encuentran detenidos desde hace más de un mes. Berta sale muy temprano desde Caucagüita, estado Miranda, para entregar las viandas de comida que pueda.
Berta sufre de artritis y las rodillas se le hinchan, pero a pesar de esto hace el esfuerzo para que sus hijos no mueran de hambre ya que, según contó, en ese lugar no les brindan ningún tipo de alimentación.
Gana salario mínimo y limpia en una casa. Con esto logra que sus hijos al menos puedan tener desayuno y almuerzo, porque para la cena no le alcanza.
Girón mencionó que las madres o mujeres que tengan un trabajo estable deben pedir permiso constantemente por los días de visitas (en las cárceles) –las que no están bajo reglamento– y esto le puede traer complicaciones ya que hay muchas de ellas son sustento de hogar.
Uno de los hijos de Berta padece de tuberculosis; enfermedad que desarrolló antes de entrar al recinto pero que se ha prolongado desde su detención. Todos los días debe recibir tratamiento –hasta ahora proporcionado por un distrito sanitario– que necesita ingerir en horas específicas de la mañana, pero él lo toma a destiempo a pesar de tener las indicaciones médicas.
Según datos del informe de 2022 de Una Ventana a la Libertad (UVL), los principales problemas de salud en los centros de detención preventiva fueron la desnutrición, la escabiosis y la tuberculosis. La misma situación pasa en las cárceles, donde los problemas de salud son la primera causa de muerte. La proliferación de enfermedades también es producto del hacinamiento en estos recintos.
Para finales de 2022, los centros de detención preventiva alcanzaron un hacinamiento de 334.55 %. En los calabozos con capacidad para albergar 220 detenidos, UVL registró 726 privados de libertad.
Trato degradante
Según Girón, las mujeres también son víctimas de tratos degradantes y humillantes en cárceles venezolanas por parte del personal a la hora de hacer las requisas.
Son sometidas a requisas invasivas donde se les violan todos los derechos. Las exponen a situaciones de desnudez forzada, a mostrar sus genitales, a saltar, a agacharse.
Agregó que para mujeres de la tercera edad puede ser aún más complicado por las limitaciones físicas.
Todas las mujeres consultadas por Crónica. Uno confesaron que no han recibido un trato humillante en los calabozos de la PNB en Boleíta, pero contaron que si alguien desea visitar a un pariente fuera de los días estipulados para las visitas –de lunes a miércoles–, presuntamente, deben pagar $5, un gasto que no todas pueden costear.
Igualmente, manifestaron que ningún detenido puede salir al patio a menos de que paguen $2 o $3, dependiendo del tiempo que quieran salir a recrearse. Supuestamente, existe un cobro adicional por ingresar ropa de color o cigarrillos, según familiares.
Sin derechos garantizados
Angy* tiene cuatro hijos y todos los días va a los calabozos de Boleíta para llevarle a su esposo la única comida que puede costear: el almuerzo. Normalmente es arroz con huevo y cuando no tiene más nada, solo lleva una arepa con queso.
Está desempleada y a veces su suegro o conocidos la ayudan con algún rubro. Se traslada en Metro desde el oeste de Caracas y la mayoría de las veces va con su hija más pequeña.
Angy contó que producto de las escasas condiciones de salubridad en las celdas, a su esposo le salieron abscesos en el rostro, pero al no tener dinero para costear tratamiento, usa remedios caseros.
Y si tiene gripe, le traigo tecito con limón y eso es lo que toma.
La criminóloga Huggins resaltó que la familia venezolana sufre las consecuencias de los problemas complejos que atraviesa el país.
Nadie nace malo, violento o criminal y cuando la persona comete un delito el Estado está en la obligación de garantizarle los derechos humanos a él y su familia, detalló.
Huggins reiteró que el Estado es el principal responsable del deterioro de las personas detenidas.
Wincarlys Ramos – Crónica Uno
