La tercera sala de la Corte Suprema de Chile, presidida por el influyente juez Sergio Muñoz, es considerada la corte más preponderante de Chile, y sus sentencias suelen causar dolores de cabeza a autoridades gubernamentales y empresarios. Al tratar asuntos constitucionales, debe analizar temas clave para los ciudadanos. Por ejemplo, casos sobre derecho a la salud, medio ambiente, juicios por falta de seguridad, libertades públicas y, entre otros, libre competencia. Varios de sus fallos suelen despertar pasiones, tanto a favor como en contra, y provocar debates jurídicos que se reflejan en editoriales, cartas y columnas de diarios chilenos. Este ha sido precisamente el caso de la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2022, que ha puesto en jaque a las isapres, las aseguradoras del sistema privado de salud, al ordenarles devolver a sus afiliados los cargos en exceso que el gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric, calcula en unos $1.400 millones de dólares. Es una cantidad que, según la industria, no podrá permitirse, advirtiendo de su posible fin, que podría dejar a la deriva a tres millones de cotizantes de los sectores medio y alto del país sudamericano.
La tercera sala está presidida por el juez Sergio Muñoz, e integrada por la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la ministra Adelita Ravanales, y los jueces Mario Carroza y Jean Pierre Matus. Los cinco miembros han sido designados por diferentes gobiernos, tanto de derecha como de izquierda.
Muñoz es uno de los jueces más influyentes del Poder Judicial. Fue designado a la Corte por el presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) en 2005 y aún le faltan nueve años para cumplir 75. Antes de llegar al Supremo, como magistrado investigó casos, incluidos millonarios Cuentas bancarias encontrado para el ex dictador Augusto Pinochet en el Riggs Bank. También investigó y esclareció el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, asesinado en 1982 por los servicios de seguridad de Pinochet.
Es conocido porque forma parte de los jueces que consideran que la ley no se aplica al pie de la letra. Así lo expresó en una entrevista en 2015: “Hoy el juez tiene más antecedentes para determinar el sentido y alcance de la norma. Y así he jurado respetar la Constitución y la ley viva, no el breve texto de sus disposiciones, sino lo que la inspira. Sus garantías, sus principios, en todos los aspectos. Entonces, si hay algunas personas a las que no les gusta, es desafortunado”. Y agregó: “Esto es como pintar. Antes era cueva, luego en doble plano. Entonces se creó la perspectiva. Posteriormente nacieron otras formas, como el realismo, el cubismo. Entonces sucede que eres la concepción de la figura y no necesariamente de una forma. Esto es lo mismo. Es una interpretación. Porque interpretar la ley es un arte, no es una ciencia”.
Su nombre y su despacho, fuera del Poder Judicial, genera polémica. Por ejemplo, el abogado Luis Silva, asesor constitucional del ultraderechista Partido Republicano, elegido el 7 de mayo para redactar la nueva Constitución chilena, en su libro de 2021 Entre la justicia y la ley. Un ensayo sobre la judicialización de la política publicado por el Observatorio Judicial, dedicó un capítulo al juez Muñoz, abordando sus fallos y su criterio sobre las Isapre, desde una posición crítica.
De la salud al medio ambiente
La sala constitucional es un tribunal que, no solo en Isapre, sino también en otros casos, lleva años corriendo las barreras del derecho a la salud. Por ejemplo, en casos de enfermedades raras, cuando se requieren medicamentos de alto costo, ha señalado en sus sentencias que prima el derecho a la vida, aun cuando no estén cubiertos por el sistema público, Fonasa, o por el privado. Según ha explicado la ministra Vivanco a EL PAÍS, este criterio se ha aplicado “en los casos de personas, especialmente niños, que no tienen posibilidad de acceder a un medicamento porque no está cubierto por el sistema”. “Cuando se acredita en el proceso que esa persona se va a morir si no se le da ese medicamento, se le da siempre y cuando se le prescriba”, agrega.
no es todo En el ambiente, el cuarto también se ha adelantado. Por ejemplo, en mayo de 2021, en plena pandemia, ordenó a dos organismos estatales de la comuna de Petorca, una de las más afectadas por la sequía en el país, el suministro de 100 litros de agua por persona al día. “Toda persona, en razón de su dignidad como tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discriminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las condiciones antes señaladas”, indica parte de la resolución. Y, antes de que Chile aprobara su primera ley de humedales urbanos, que fue promulgada en 2020, la tercera sala paralizó proyectos inmobiliarios pendientes de un estudio de impacto ambiental para su protección.
En 2019, en tanto, emitió una sentencia que marcó un hito, al admitir nueve recursos de amparo a favor de los habitantes de los municipios de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, tras una serie de episodios de contaminación en una zona. Y dio al Gobierno un plazo de un año para determinar “las medidas necesarias para evitar que se repitan los hechos de contaminación”.
Una larga historia con las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE)
En el caso de las Isapre, el conflicto que llegó a la tercera sala se remonta a más de una década, cuando los chilenos comenzaron a interponer masivos recursos de amparo en los tribunales contra las aseguradoras. Entre 2010 y 2022, la Corte Suprema ha fallado más de dos millones de recursos a favor de los afiliados, tanto por el aumento unilateral de los planes de salud como por la aplicación de las tablas de factores de riesgo de los usuarios.
Paralelamente, tanto el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), de derecha tradicional, como el segundo del socialista de Michel Bachelet (2014-2018), intentaron reformas a las Isapre, pero no se concretaron por falta de acuerdo político. Esto, mientras en 2010 la Corte Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores por sexo y edad y, aunque sugirió legislar, esto no sucedió.
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