Cuando se anunció la intención de Citigroup de Nueva York de vender una parte importante —la banca de menudeo— de su filial en México, conocida como Citibanamex, hace casi un año y medio manifesté en este mismo sitio un par de dudas sobre lo que podía suceder. En primer lugar, me pareció extraño, como a muchos otros comentaristas, que un consorcio de tal historia, fama y competencia como Citi anunciara la intención de vender un activo sin tener ya amarrado a un comprador. Pensé que eso dificultaría mucho la venta, y que si bien había varias explicaciones de esta ausencia, la más probable podía ser que originalmente ya existía quien iba a adquirir las operaciones en cuestión en México pero que esa institución había sido vetada por alguien.
En segundo lugar, especulé —como lo estoy haciendo ahora— que habría en el fondo un par de vetos cruzados para la venta de Banamex. El primero sería, desde luego, de López Obrador que, si bien en sentido estricto no posee un derecho de veto, podría, a través de los entes regulatorios, o amenazas, o chantajes, o cualquiera de los recursos que los presidentes mexicanos han tenido en estas materias desde tiempos inmemoriales, impedir la compra por parte de algunos, aunque no podría escoger al comprador. Asimismo, sugerí que habría también un veto de las autoridades norteamericanas que, a pesar del hecho de que Citibanamex es un activo radicado en México, al pertenecer a un banco norteamericano habría un elemento de compliance y reputational damage que llevaría inevitablemente a las autoridades regulatorias norteamericanas a aceptar o vetar a posibles compradores.
A lo largo de este último año y medio vemos que estas previsiones más o menos se han cumplido. En efecto, fue un error de Citi lanzarse a esta aventura sin tener un comprador ya asegurado. Todo indica que el motivo de esta omisión fue que el adquirente ya apalabrado —Santander de España— fue vetado por López Obrador, no debido a los méritos intrínsecos de Santander como banco, sino por el hecho de ser una institución extranjera, por más que fuera dirigida por una persona con quien López Obrador mantiene una buena relación.
Y segundo, en efecto, se fueron produciendo —de una manera o de otra, implícita o explícita, directa o indirecta— vetos de los gobiernos de Estados y de México a la posible compra por parte de varios tiradores. México, a través de López Obrador y de manera muy pública, en los hechos vetó a Banorte, Banco Azteca y todos los bancos extranjeros que hubieran podido interesarse por la adquisición de Banamex. Estados Unidos insinuó que por cuestiones reputacionales ni Banorte, ni Banco Azteca, ni Inbursa —Grupo Carso— podrían ser compradores. A raíz de estos vetos cruzados quedaron al final solamente dos grupos: Grupo México de Larrea, y Mifel de Daniel Becker, apoyado por varios fondos extranjeros, entre ellos Apollo y el Fondo Soberano Abu Dhabi.
Es aquí donde nos encontramos ahora. Cuando Citi decidió marginar a Mifel por razones aún desconocidas —para mí, en todo caso—, sólo figuró en la recta final Larrea. No era un mal candidato. Se trataba de una empresa sin actividad bancaria que, por lo tanto, no implicaría despidos a raíz de una fusión entre dos bancos. Es, desde luego, una empresa mexicana. No tiene problemas con el fisco mexicano. Y no parece padecer de los cuestionamientos reputacionales de los otros bancos mexicanos que en algún momento se habían interesado por Citibanamex. El único prietito en el arroz era que Larrea no sólo es conflictivo per se, sino que ya se encontraba, y en los últimos días se halló de manera mucho más aguda, en una situación de conflicto con el gobierno de López Obrador.
He escuchado tres interpretaciones de por qué se cayó todo esto. Una, la que sugirió Darío Celis desde hace varios días, a saber, que Larrea se habría molestado/indignado/enfurecido a tal grado por la expropiación o cancelación de la concesión de Ferrosur en Coatzacoalcos, que decidió retirar él mismo su oferta inicial de comprar 80 % de Citibanamex por 7000 millones de dólares. No la descarto, pero me parece improbable. De haber sido así, sería un golpe demasiado severo contra López Obrador para un empresario que ha sido sistemáticamente concesionario, pero tampoco se ha caracterizado por su gran valentía ante distintos gobiernos mexicanos.
La segunda hipótesis, la que sugiere Citigroup, es que ellos tomaron la decisión de suspender la venta a Larrea, lo cual se debería —aunque no se dice claramente— a que no querían meterse en los líos de Larrea con el gobierno de México y no querían quedar como la piñata que recibiera golpes de las dos partes en conflicto. Si Larrea tenía razón, o López Obrador la tenía en el tema de los trenes, no es asunto de Citi, que finalmente se desesperó ante las prácticas bárbaras y bananeras mexicanas, y prefirió simplemente posponer esto de manera más o menos indefinida y con una solución que no va a ser de fácil implementación.
La tercera, que me parece la más interesante y la que menos he escuchado, es que Estados Unidos había más o menos aceptado a Larrea como comprador, pero que cuando empezó la especulación de que Larrea se retiraba de la compra, y López Obrador se adelantó para decir que le gustaría que el Estado mexicano adquiriera la institución bancaria más vieja del país, el Tesoro norteamericano le hizo saber a Citi que por ningún motivo sería aceptable ese comprador. Lo último que hubiera deseado la autoridad financiera norteamericana habría sido que un activo estadunidense importante y prestigioso fuera adquirido por un gobierno que muchos consideran vinculado al narco, antiamericano, corrupto y autoritario.
¿Qué tanto le importa esto a las autoridades hacendarias norteamericanas? No lo sé, pero no parece absurdo pensarlo. ¿Para qué diablos hubieran querido realizar una operación de esta magnitud, y sobre todo de este impacto mediático, con un gobierno como éste, sobre todo que esto sí se decide en el Tesoro, en Estados Unidos, y no en el Consejo de Seguridad Nacional de Washington, o en la misma Oficina Oval? ¿Quién iba a ser el guapo que le instruyera al Tesoro a permitir la venta de Citigroup en México al gobierno de López Obrador, cuyo lugar en la historia y cierre final está más que abierto a todo tipo de hipótesis?
