Todos los empresarios formales que laboran en el Táchira, de alguna forma han manifestado su molestia y preocupación por los incrementos tanto de los servicios públicos, como en los tributos municipales, hasta el punto de que ya se hace de uso común, el término “voracidad fiscal” para categorizar la acción tributaria que aplican últimamente algunas alcaldías, en especial la de San Cristóbal.
Doctor Aldo Contreras, el Estado en vez de brindar las condiciones necesarias, lo que hace es presionar, como se ha visto en los últimos días,
Ya el jueves anterior hubo un movimiento de comerciantes en La Concordia, en esta ciudad, quienes alzaron la voz por la aplicación de cobros municipales que aparentemente no son racionales, hecho que motivó que la Alcaldía designara funcionarios como fiscales de punto, con el propósito de constatar in situ la magnitud real de las ventas en los negocios.
Para conocer desde el punto de vista de un especialista enterado de la situación, conversamos con el doctor Aldo Contreras, analista financiero, quien nos resumió la situación que viven los comerciantes formales del Táchira, es decir, los que tienen registro de comercio y pagan sus impuestos al Seniat y a la Alcaldía y además, los servicios públicos consumidos o utilizados en sus respectivos locales.
¿Voracidad del Estado?
Contreras, quien fue presidente hasta hace poco del Colegio de Economistas del estado Táchira, comienza indicándonos que, de algún modo, en el último año, la alcaldía del municipio San Cristóbal ha emprendido una recaudación mucho más agresiva. Y no solo la alcaldía, dice, pues también hemos visto que algunos entes del Estado que antes no realizaban cortes del servicio que prestan, lo están haciendo ahora.
–Hay servicios públicos –explica-, como el caso de Corpoelec o de Hidrosuroeste, que en el área comercial subieron entre 2 mil y tres mil por ciento sus tarifas. Hoy sabemos que hay oficinas o locales que pagan 17 dólares mensuales por el servicio de agua, o 20 dólares por energía eléctrica. Condominios que fueron reclasificados con la categoría R-5 o R5 Plus, por lo cual pagan de 2.500 a 4.000 dólares mensuales de agua, por ejemplo.
Agrega que en las dos últimas semanas, hemos visto como Corpoelec e Hidrosuroeste “han sincerado” el tema de los precios de sus servicios, y por ello han llegado a aplicar el corte de los servicios a los usuarios o suscriptores. Han empezado a dejar “avisos de corte”, en residencias, urbanismos, en fin.
–Por otro lado, la Alcaldía ha iniciado un esquema de revisión de negocios en Barrio Obrero, en el centro de la ciudad y en La Concordia. Muchos se habían añadido al programa Emprender Juntos, pero la alcaldía, de alguna forma que no establece la Ordenanza, empezó a revisar a muchos comerciantes a través de sus redes sociales, hasta en Instagram.
Entonces algunos emprendedores de Barrio Obrero que quisieron ponerse a derecho, registrándose en Emprender Juntos y haciendo los registros, a algunos se les pidió por concepto de impuesto a las actividades económicas, derecho de frente, publicidad, y patente de Industria y Comercio, montos de entre 600 y mil dólares.
Retroactivo de la pandemia
Dice el también profesor de la Universidad Católica, que a muchos comerciantes también se les está cobrando impuesto a la actividad económica con el mínimo tributable que es hasta 12 dólares, equivalente a 20 % de un petro, aplicado a los meses de pandemia, desde 2020 hasta 2022. Pero para esos días, existía un decreto presidencial que no permitía la apertura de algunos negocios específicos, por lo que fueron congelados algunos pagos. Entonces, ahora, a muchos comerciantes se les está cobrando por parte de la Alcaldía, el retroactivo que supuestamente corresponden.
El impuesto a las actividades económicas es un pago municipal, que se cobra con base al petro, y que está basado en las ventas brutas mensuales, lo que quiere decir que el 2 ó 3 % que significa el impuesto, se puede convertir en mucho más, hasta en 12 % del total de los gastos, situación la cual está afectando, primero, la estructura de costos que como se sabe, van al alza.
Además, a muchos comerciantes no se les permite llegar a acuerdos de pago, y se les aplica multas, aparte de que se les cobra la retroactividad de la pandemia, cuando muchos ni siquiera podían abrir sus negocios.
Difícil llevar un negocio
Indica el economista que a todo esto, debemos sumarle el tema del IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Fiscales), que es de 3 %; las retenciones del Impuesto sobre la Renta, que es de 1 %, el de Ciencia y Tecnología que es de 0,5%; el impuesto al Deporte 1 %; el de la Ley Nacional Antidrogas 1 %; meter el dinero en el banco y sacarlo, representa en dólares 3,8 %, más los gastos fijos y variables, alquileres, nómina, servicios públicos, internet, una impresora fiscal, que cuesta más de mil doscientos dólares, en fin.
Todo esto ha llevado a que el hecho de emprender en Venezuela, sea más complicado que emprender en otros lugares, y que, de algún modo, llevar un negocio a cabo sea mucho más difícil en un escenario donde los tributos, alcabalas, anclaje al petro, el aumento en más de 2.150 % de la Unidad Tributaria, han llevado a que muchos de los empresarios decidan cerrar.
Tal es el caso de La Concordia, lo que pasó en días pasados, que se le colocó a un pequeño negocio un impuesto de unos 500 dólares. Debían pagar 250 en el momento, y los otros 250 en plazo de 15 días, lo que prácticamente obligó a los propietarios a la decisión de cerrar.
En Barrio Obrero o en el Sambil, ha ocurrido la misma situación, con pequeños empresarios, y a la final, esto lo que hace es aumentar el desempleo, la caída del emprendimiento, aunque el comerciante sabe que tiene que pagar, y muchos dicen que sí están dispuestos a pagar.
Pero el tema está en que hay que llegar a acuerdos de pago y, por supuesto, entender que durante la pandemia, la retroactividad del impuesto no debería existir, así como también el impuesto a la actividad económica con porcentajes sobre la venta bruta, que es muy difícil de pagar en las actuales condiciones económicas, porque son muy altos si los comparas con los de otros lugares de Latinoamérica donde este impuesto máximo, es de 0,5 % mensual sobre la venta bruta.
Entonces, de algún modo, emprender en Venezuela es difícil, concluye Aldo Contreras. El tema de los cortes de energía eléctrica, la conectividad, y si se le suma que no hay créditos disponibles en el sistema financiero, por lo que el empresario está trabajando con capital propio, muchas veces aumentando sus cuentas por pagar, y el Estado en vez de brindar las condiciones necesarias, lo que hace es presionar, como se ha visto en los últimos días.
La Nación del Táchira
