En una maniobra que se veía venir, se anuncia la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se anuncia también la designación por parte de la Asamblea Nacional (AN) de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones. En adelante, la dirigencia política del país, incluyendo a los precandidatos a la Presidencia de la República, estarán más concentrados en la conformación del nuevo CNE que en la problemática que azota a la sociedad venezolana.
Con esta jugada, el gobierno logra distraer a la opinión pública y política del país del debate sobre la incesante inflación, la pulverización de los salarios; el colapso de los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas doméstico, telecomunicaciones; el deterioro de los sistemas de salud y educación y demás problemas que agobian la vida cotidiana en los hogares venezolanos.
Y es que el principal problema que atormenta a las familias no es el político ni el electoral, es el económico: el ingreso no alcanza para comprar la canasta alimentaria, muchos menos para adquirir la canasta básica.
El principal problema es el económico, no el político ni el electoral
De acuerdo a las estimaciones del CENDAS-FVM, el precio de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) para cinco personas es de 510 $/mensual, pero la mayoría de los hogares no percibe este nivel de ingreso.
El gobierno es duramente criticado por los trabajadores y sus sindicatos porque en 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que decretó un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30 $/mes. A estos se le suman 5 $/mes a lo que ha quedado reducido los 130 Bs del salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14% de la CAF.
Para reducir el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. En definitiva, el costo del ajuste fiscal, monetario y cambiario para estabilizar la macroeconomía los están pagando los trabajadores. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI):
*El 81,5% no alcanza a cubrir la canasta básica y está en condición de pobreza.
*El 53,3% no puede comprar la canasta alimentaria y está en pobreza extrema.
¿Cuál es la propuesta de los precandidatos para abatir la inflación?
Entre marzo-abril de 2023 la inflación bajó a 4,2% y 2,5%, pero en mayo volvió a subir a 7,5%. La inflación acumulada en el año suma ya 84,9% y la anualizada 458%. El comportamiento errático de la inflación demuestra que el problema todavía no ha sido controlado. Las contradicciones entre la política económica y el objetivo antiinflacionario impiden frenar el ascenso de los precios. Y así será muy difícil terminar el año con una inflación menor de tres dígitos. Para que la inflación de 2023 sea inferior al 100%, en el segundo semestre tendría que ser menor al 2% mensual.
La inflación que disuelve el ingreso de los hogares tiene sus causas estructurales en la contracción del aparato productivo que no es capaz de ofrecer en abundancia y bajo costo los productos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente, y ya sabemos que el producto más caro es el que no se consigue. Pero la inflación también tiene factores propagadores en la emisión de dinero sin respaldo en la producción para financiar empresas públicas deficitarias que no facturan ni siquiera para pagar su nómina, y también sabemos que mucha plata detrás de pocos bienes dispara los precios.
Los precandidatos que aspiran a la Presidencia de la República están emplazados a demostrar ante los electores que tienen muy claro lo que van hacer para superar las causas estructurales de la inflación y para erradicar los factores propagadores que agravan la misma. Está bien que no descuiden las demandas por mejores condiciones electorales y por conformación de un CNE lo más equilibrado posible, pero de cara a la mejora de las condiciones sociales de los electores que quieren estimular y movilizar para que vayan a votar masivamente:
¿Cuál es su propuesta para reactivar la producción agrícola e industrial a fin de generar una abundante oferta de alimentos y productos de buena calidad y bajo costo?
¿Cuál sería su política tributaria y fiscal para reducir el gasto innecesario del gobierno, aumentar los ingresos y corregir el déficit fiscal?
¿Cuál sería su política monetaria para erradicar el financiamiento de empresas públicas deficitarias con emisiones de dinero inflacionario, sin respaldo en las reservas internacionales ni en la producción?
¿Cuál sería su política cambiaria para estabilizar el tipo de cambio y evitar que la constante depreciación del bolívar se exprese en el aumento de los precios?
¿Cuál sería la relación de su gobierno con el BCV para la emisión de dinero y el manejo de las reservas internacionales?
¿Está de acuerdo con una dolarización oficial de la economía venezolana?
¿Condiciones electorales o condiciones sociales?
Con la maniobra de forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su período legal, el gobierno no actúa con ingenuidad sino con malicia y audacia. Sabe del enorme rechazo que sufre entre los electores y para conjurar la amenaza de ser barrido en las Presidenciales de 2024 hará todo lo que esté a su alcance para deteriorar las condiciones electorales, crear dudas sobre el proceso electoral, desvalorizar el voto, dividir a sus adversarios y promover la abstención que convierta en mayoría su decadente caudal electoral.
Si con la conformación de un nuevo CNE la dirigencia política y los precandidatos de la oposición caen en esta jugada, vuelven a enfocar el debate en la mejora de las condiciones electorales y descuidan la mejora de las condiciones sociales a través de una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no se sentirá motivado a votar ni siquiera en la elección Primaria porque no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, aliviar los problemas de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones e inseguridad que azotan a las familias venezolanas.
Estos son los problemas que atormentan a los hogares y deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, prefieren poner delante su exigencia de mejores condiciones electorales a fin de cristalizar sus aspiraciones de poder, sin imprimirle a su mensaje un contenido social y esperanzador que interprete el sufrimiento de una población empobrecida que necesita soluciones concretas a sus problemas concretos.
Los electores no se sentirán estimulados a votar por unos candidatos que se muestran más preocupados por mejorar la condiciones electorales en las que van a competir que por mejorar las precarias condiciones de vida que sufren la mayoría de los hogares venezolanos.
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral: Víctor Álvarez: Un nuevo CNE vs. Salarios en el debate electoral
