Grupos opositores convocaron a nuevas manifestaciones en Perú. Exigen la salida de la presidenta Dina Boluarte. Expertos consultados por DW consideran que el movimiento ha perdido fuerza desde
El pasado 15 de junio, y luego de que grupos opositores anunciaran nuevas manifestaciones en Perú, la presidenta Dina Boluarte reaccionó preguntando “¿cuántas muertes más quieren?”La jefa de Estado hacía referencia a los más de 60 fallecidos registrados en la ola de protestas que se generó después de la salida del poder de Pedro Castillo, en diciembre de 2022, tras un intento de autogolpe.
Llamo a las personas que nuevamente están anunciando la tercera ‘Toma de Lima’ o la tercera toma del Perú, ¿cuántas muertes más quieren? ¿Acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas?, dijo Boluarte. Las palabras de la mandataria no hicieron mella en el ímpetu de sus detractores, que ya han realizado algunas paralizaciones parciales en distintos puntos del país, y organizan lo que esperan sea una masiva protesta para el próximo 19 de julio, donde aspiran a reunir al menos a 13.000 personas para llegar a la capital.
Entre un extenso pliego de peticiones, los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, quien ya adelantó que gobernará hasta el 2026. “Creo que ese es uno de los peores errores de la presidenta Boluarte, anunciar que se quedará hasta el 2026. Para un sector de la población eso suena como una provocación y un desprecio por los fallecidos”, dice a DW el analista Pedro Yaranga, autor del libro “Perú: huellas de la guerra interna” y gerente de la consultora ABC Consulting.
Protestas disminuidas
“Si bien es cierto que existe un descontento respecto del gobierno, no se espera que las protestas tengan el mismo grado de fuerza, coordinación ni que participen el mismo número de personas que a inicios de año”, explica a DW Robert Helbig, representante en Perú de la fundación alemana Konrad Adenauer (KAS). Por su parte, Yaranga apunta que hay sectores, “especialmente de la sierra central y sur del país, que persisten en la idea de cambiar el gobierno y que califican a Boluarte como ‘traidora’ y ‘usurpadora’”, pero coincide en que los movimientos están disminuidos porque “la mayoría de los líderes que encabezaron estas protestas desde diciembre de 2022 están descalificados por sus bases, por indicios de corrupción”.
El problema es que, así como los movimientos están debilitados, el gobierno de Boluarte no ha conseguido afianzarse del todo. “Sigue siendo un gobierno sin bancada en el Congreso y sin bases partidarias, y hay quienes señalan que se podrían acelerar las investigaciones acerca de las más de 60 muertes ocurridas entre diciembre y marzo y determinar si hubo en algunos casos un uso excesivo de la fuerza, dice Helbig.
El problema, explica el experto de la KAS, es que “esto deslegitima al Estado y genera dudas sobre sus acciones, incluso en aquellos casos en los que el uso de la fuerza estaba justificado. No olvidemos que miembros de las fuerzas del orden perdieron la vida y que comisarías y otras oficinas públicas fueron incendiadas”.
No se han sentado ni se sentarán a hablar
Yaranga añade que los grupos movilizados, que “de todas maneras tendrán algún apoyo de un sector de la población”, se encontrarán esta vez con “una policía mucho más preparada en comparación de los primeros meses de este año”. Esto no significa que no vaya a haber enfrentamientos y violencia. Para el analista, “es probable que todos los grupos radicales, incluidos sectores de las economías ilegales y el terrorismo, aprovecharán este momento para infiltrarse en las protestas” y causar desmanes. Por ello, no es descartable que vuelva a haber duros choques entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, y eventualmente fallecidos.
Si algo así ocurriera, dice por su parte Helbig, “es muy posible” que la presión no haga caer a Boluarte, pese a su debilidad. “El gobierno podría continuar con un acuerdo táctico con el Congreso (evitando una vacancia presidencial) y durar hasta el 2026. Sin embargo, el descrédito que esto generaría podría abrir en el largo plazo la puerta a opciones más radicales y arriesgadas que las que representó Pedro Castillo el 2021”, estima.
Siempre se dice que conversando se entiende la gente. ¿Existe la posibilidad en este caso de que el gobierno y opositores dialoguen? Yaranga lo ve difícil. “Son dos partes que no se han sentado ni se sentarán a conversar. Cada uno tiene su propia agenda. La presidenta y el premier (Alberto Otárola) tuvieron oportunidades para hacerlo, acudiendo a personas y profesionales capaces de cada zona, pero no lo hicieron, entonces ahora son como el aceite y el agua. Cada cual busca sus propios intereses”. Para poner un ejemplo, cuenta que “quienes encabezan las protestas esta vez son quienes pretenden convertirse en candidatos para las próximas elecciones”.
DW
