Sabiendo que tiene alrededor de un 80 por ciento de rechazo el régimen de Nicolás Maduro teme participar en unas elecciones libres donde la oposición pueda lograr el cambio político que anhela el país y por ello acude a diversas estratagemas que impidan la voluntad popular se convierta en votos que los saquen del Poder.
La nomenclatura para cumplir este cometido juega con dos cartas fundamentales, la división opositora y la abstención. Con la división hace que las diferentes organizaciones que lo adversan practiquen el canibalismo fratricida y con ello incrementan la franja de electores que se pasan a la anti política, a la abstención, la cual es la otra ficha de éxito que usa el régimen, ya que con ella su votación dura se convierte en una fortaleza difícil de derrotar.
Con las primarias la oposición democrática ha logrado reactivar el espíritu unitario. Con más de diez candidaturas en la calle, despertando emoción y reanimando a las militancias de los distintos partidos, el gobierno siente la amenaza muy cercana y decidió apostar con mayor intensidad a la abstención y para ello nada mejor que valerse del Consejo Nacional Electoral (CNE) como instrumento espanta votos. La directiva del Poder Electoral fue electa en Mayo del 2021 para un periodo de siete años. Fue designada mediante un proceso donde participaron centenares de ONG y la selección fue ardua, escabrosa y negociada, para que al final se lograra conformar un equipo de rectores que durante su desempeño ha cumplido sus tareas de manera institucional, con pulcritud según opinión de los más calificados expertos electorales en Venezuela. Con ese CNE se hicieron las elecciones para gobernadores y alcaldes en Noviembre del 2021 sin ninguna queja y con ejemplos claros de imparcialidad como fue el caso de Barinas.
Entonces, con una oposición en proceso de unificación mediante las primarias y un CNE en el cual se podía confiar, el panorama para el gobierno de Maduro no lucia favorable y por ello decidieron darle el palo a la lámpara, presionaron la renuncia de los rectores principales y suplentes que tenían como su cuota en la directiva y están dispuestos a violar las leyes para destituir a los principales y suplentes de la oposición, para así nombrar a puertas cerradas una nueva directiva del CNE que ahuyente al electorado. Para ello el régimen no tiene escrúpulos para transgredir la ley, como lo referiremos de seguida.
La inédita “separación de los poderes”, como se conoce la división de las funciones del Estado que adoptó la Constitución de 1999 es tan novedosa como frustrada en sus propósitos, pues pasó de la clásica repartición tripartita de los órganos en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a cinco Poderes, agregando el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, pero el despótico caudillaje vernáculo se encargó de malograr tales aspiraciones.
Aparte de que en un régimen arbitrario como es el que impera en Venezuela, la función estatal no funciona conforme a la ley, sino según el capricho de quien detenta el poder y que tanto los Poderes Legislativos, Ejecutiva y Judicial no responden al mandato del sistema jurídico sino a los designios del oficialismo, los otros dos agregados “Poderes”, el Ciudadano y el Electoral, se han difuminado en sus funciones debido al aplastamiento de su intrínseca independencia ante los desmanes que obedecen a la iniquidad que caracteriza a la despótica tiranía instalada en el país.
El órgano Poder Ciudadano, que debía ser el gran contralor de la institucionalidad del país, como se establece en los artículos 273 al 283 de la Constitución, se volvió una patética farsa lo cual se deduce sin duda alguna de los personajes que lo integran: el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General, anodinos funcionarios que son veletas baladíes de las órdenes del gobierno. Por su parte el Poder Electoral como el quinto órgano supremo estatal, al lado del Legislativo, Ejecutivo, Judicial y del Poder Ciudadano, no es poca cosa en la letra de la Constitución en sus artículos 292 al 298, pero también degradado a su ínfima condición en la realidad por las imposiciones ilícitas del oficialismo.
Para prueba de lo anterior se encuentra la ilegal maniobra del gobierno de decapitar al Consejo Nacional Electoral, máximo órgano de este “Poder” al pasar de una vez la Asamblea Nacional, dependiente del gobierno, a designar un Comité de Postulaciones de los candidatos a Rector de dicho órgano, cuando según el artículo 295 constitucional, el Comité debe estar “integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad”, no por los siete diputados escogidos a dedo por el Presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, incluyendo a la “independiente” Cilia Flores. Pero el manejo ilegal de la situación no se queda ahí, sino que según el artículo 296 de la Constitución los postulados no son cualquier persona que se le ocurra a Rodríguez o a Flores ni a ningún otro diputado “bozaleado” por el régimen, sino que tres de estos cinco Rectores deben ser escogidos por entre los que propusieran la sociedad civil, uno entre los postulados por las Facultades de Derecho de las Universidades nacionales y otro entre los sugeridos por el Poder Ciudadano.
Hay un manto sibilino que oculta las verdaderas razones de la disolución del mando en el CNE, tal manto se ensombrece aún más con las renuncias de los rectores Roberto Picón y Henrique Márquez, quienes se suponía representaban la dignidad e imparcialidad en dicha institución. De esta manera Picón y Márquez facilitan las labores oprobiosas de la Asamblea Nacional, la cual es precisamente la autora de las irregularidades que condujeron a la crisis institucional del CNE, por ello estas renuncias constituyen una paradoja de incoherencia notoria que le abre con mayor amplitud el camino de arbitrariedades a la Asamblea Nacional.
La Constitución y la legalidad son incómodos obstáculos para los planes oficialistas por lo que hacen de ellos, con sus perversas artimañas, letra muerta para concretar sus sombrías maquinaciones.
