El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de EEUU cambió de golpe casi medio siglo de precedente legal y puso fin a la protección federal del derecho al aborto en EEUU, dejando las leyes en manos de los estados y en un limbo a millones de mujeres en el país.
A millones de mujeres en EEUU la vida les cambió el 24 de junio de 2022. El fin de medio siglo de protección federal del derecho al aborto trajo significativos cambios en el panorama legal del país, que un año después se debate en un terreno confuso de leyes cada vez más restrictivas, de acuerdo con observadores y expertos.
La resolución del caso Dobbs contra la Women’s Health Organization de Jackson fue una sacudida sin precedentes en el sistema judicial y la sociedad estadounidense, que ha puesto los derechos reproductivos y el acceso al aborto en el centro de la discusión social.
La inédita derogación por la Corte Suprema de su propia sentencia al caso Roe vs Wade, que en 1973 legalizó el acceso a un aborto seguro a nivel nacional, fue una considerada una enorme victoria por los sectores republicanos más conservadores y un inmenso golpe para el movimiento en defensa de los derechos reproductivos, con repercusiones a corto y largo plazo.
El fallo del caso de Dobbs fue una victoria democrática en favor de la vida por la que generaciones lucharon, celebró E.V. Osment, vocera de Susan B. Anthony Pro-Life America, uno de los principales grupos antiaborto en EEUU.
Tras el fin de la protección federal, la legislación quedó en manos de los estados, que se movieron rápidamente: unos para declarar prohibiciones casi totales a las interrupciones o limitar la ventana de tiempo en que las clínicas o médicos pueden realizar los procedimientos de manera legal, mientras que otros emitieron leyes para proteger el acceso.
El panorama legal ahora en este sentido es muy confuso y complicado, y más hostil que antes, dijo a la Voz de América la abogada Noel León, miembro de la oenegé National Women´s Law Center (NWLC), con sede en Washington.
¿Qué ha cambiado?
Más de 25 millones de mujeres en edad fértil en EEUU viven en estados donde – tras el fallo del caso Dobbs- se han impuesto grandes restricciones al acceso al aborto. Esto significa que 2 de cada cinco estadounidenses con capacidad para concebir enfrentan prohibiciones para terminar sus embarazos de forma legal y segura en sus áreas de residencia
Tras la derogación de Roe vs Wade el cambio ha sido rápido. Desde junio pasado hasta ahora, 14 estados han penalizado de manera casi total el aborto en cualquier etapa de gestación. Otros han dificultado el acceso a procedimientos médicos después de las seis semanas, un período que según expertos, es muy corto para tomar una decisión o incluso para determinar un embarazo.
Mientras, otros territorios se apresuraron a proteger el derecho. En 25 estados el aborto continúa siendo legal hasta al menos 24 semanas de embarazo, de ellos 20 han blindado el acceso a la interrupción segura del embarazo mediante enmiendas constitucionales o leyes.
Como las leyes varían de un estado a otro, muchas mujeres cruzan fronteras, en ocasiones hacia el territorio vecino, mientras que otras recorren cientos de kilómetros para poder someterse al procedimiento de forma segura.
Tras la entrada en vigor de restricciones en Tennessee, en el sureste de EEUU, el centro de planificación familiar CHOICES Center for Reproductive Health, con sede en Memphis, abrió una clínica a tres horas de distancia, en Carbondale, Illinois, donde sí los proveedores de salud tienen permitido atender a pacientes que deseen abortar.
Vienen de Tennessee, Mississippi, Arkansas e incluso Texas, comentó a la agencia AP la directora general del centro, Jennifer Pepper, quien comentó que con la relocalización de los servicios, ahora (las pacientes) tienen que viajar mucho más lejos.
En este último año, en EEUU se han impuesto unas 50 demandas en relación al aborto, muchas de ellas basadas en el derecho a la autonomía personal o la libertad religiosa.
Las prohibiciones o restricciones están en pausa en al menos seis estados, mientras los tribunales deciden. Iowa y Carolina del Sur son los únicos territorios donde la Corte Suprema estatal ha rechazado permanentemente las restricciones al aborto.
Redes de ayuda
También se han creado redes de asesoría y facilitación al acceso a las píldoras utilizadas como método más común para abortar en el país norteño. Grupos pro-vida han llevado ante los tribunales su petición de que se le retire la autorización al fármaco mifepristona, aprobado hace décadas para este tipo de procedimientos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA en inglés).
De momento, la Corte Suprema ha preservado el acceso a la píldora, pero analistas temen que la entidad pueda emitir un fallo en un futuro que también anule esta posibilidad.
Organizaciones y activistas también se han movido para proveer apoyo y asistencia, tanto legal como financiera, para quienes no están seguros de las leyes en sus estados o se han visto atrapados en este caos, resaltó Noel León, del NWLC.
Hemos estado involucrados en el trabajo de creación de políticas también en el nivel federal, protegiendo y expandiendo el acceso al aborto, un terreno que este año pasado se ha vuelto más confuso, explicó.
Ante este difícil panorama el NWLC lanzó, junto a otras cuatro organizaciones, la Red en Defensa del Aborto (Abortion Defense Network), que defiende la premisa de que todos merecen acceso a servicios de aborto seguros y asequibles.
La Red está diseñada para conectar a asesores y abogados, tanto para representación legal como para asesoramiento, con personas que se han visto atrapadas en este nuevo entramado legal o incluso solo tienen preguntas, aclaró León a la VOA.
En vísperas de cumplirse un año del fin de la protección federal al aborto en EEUU, el NWLC anunció la activación del Abortion Access Legal Defense Fund (Fondo de Defensa Legal para el Acceso al Aborto o Abortion Access LDF) para ayudar con los gastos legales a personas que enfrenten consecuencias jurídicas, tanto por haber buscado ellas mismas terminar su embarazo, como allegados o familiares que hayan auxiliado a alguien en busca de un aborto.
En varias instancias los estados penalizan a quienes ofrezcan su ayuda a mujeres que quieran abortar, tanto proveedores de salud como a quienes lleven en sus vehículos a los pacientes.
El Fondo lo que busca es ayudar tanto a pacientes como familiares, padres, amigos, hasta maestros que brindan información sobre el aborto y que enfrenten una acción legal por ello. Creemos que todas las personas merecen tener acceso a una representación jurídica, independientemente de su capacidad de pago, subrayó León, directora de la iniciativa.
Hispanas y afroamericanas, las más vulnerables
La abogada también insistió en que las comunidades de color, en particularmente las latinas, sufren las consecuencias en los estados con leyes más restrictivas.
Estas comunidades ya enfrentan barreras y discriminación para acceder a la asistencia médica, matizó.
Un estudio publicado este junio por la oenegé National Partnership of Women and Family reportó que 15,4 millones de mujeres de color viven en 26 estados de EEUU que han implementado o están a punto de aplicar prohibiciones y restricciones al aborto.
De ellas, 6,7 millones son hispanas y 6 millones son mujeres negras.
Para estas personas, el precio de no tener acceso a un aborto legal y seguro se vuelve dramáticamente más alto, con importantes consecuencias negativas para sus vidas, planes, salud y seguridad económica, refiere el estudio.
En abril pasado, el gobernador de Florida y precandidato republicano a la presidencia, Ron DeSantis, firmó una ley para limitar los abortos hasta las seis semanas de embarazo, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están esperando un hijo, en lo que activistas denunciaron como una suerte de prohibición total.
Esta acción, celebrada por miembros y legisladores conservadores del partido republicano, ha saltado las alarmas de defensores de los derechos de hispanos y afroamericanos, grupos que ya se encuentran en desventaja en el acceso a la atención médica y otros recursos.
En Florida viven unas 817.900 mujeres negras y más de 1,3 millones de latinas en edad reproductiva, de las que 570.000 de las cuales tienen inseguridad financiera y 585.200 ya son madres.
En el caso específico de las hispanas, la irregularidad migratoria, la falta de seguro médico y las barreras del idioma dificultan el acceso a servicios médicos, dificultades a las que ahora se unen las restricciones al aborto para quienes en muchos casos no cuentan con las condiciones para formar o aumentar familias.
El aborto en el centro de la opinión y la política
Tras la derogación de Roe vs Wade, el tema del aborto saltó a la escena social y política como una de las prioridades, en medio de un periodo de elecciones de medio término y unos futuros comicios presidenciales donde ya los precandidatos han comenzado sus campañas.
Encuestas como las del Centro Pew encuentran que la mayoría de los estadounidenses están a favor del derecho a la terminación del embarazo. Alrededor de seis de cada diez estadounidenses (62 %) continúan diciendo que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, en comparación con el 36 % que dice que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos.
Aunque la opinión se mueve en favor, estudios también muestran que hay una mayoría a favor de que se implementen restricciones para etapas más avanzadas del embarazo.
En noviembre pasado, el derecho al aborto movió la aguja y se convirtió en uno de los principales factores por los que los demócratas obtuvieron mejores resultados de lo esperado en las elecciones de término medio.
También se ha convertido en un tema clave en la carrera por la candidatura republicano a las presidenciales de 2024.
Este viernes, un día antes de cumplirse un año del fallo del caso Dobbs, el exvicepresidente Mike Pence, uno de los aspirantes republicanos de más relevancia insistió en que la batalla por la vida está lejos de terminar
No hemos llegado al final de nuestra causa (…) simplemente hemos llegado al final del principio, dijo Pence este viernes ante cientos de asistentes a la conferencia anual de la Faith & Freedom Coalition (Coalición de la Fe y la Libertad) en Washington.
La mayoría de los republicanos creen que su oposición al derecho al aborto podría seguir siendo una fortaleza, incluso cuando los demócratas insisten en que este es precisamente el punto que le dará la victoria en 2024.
A la conferencia de la organización conservadora cristiana asistieron casi todos los contendientes por la candidatura del partido republicano. El expresidente Donald Trump, favorito en las encuestas de sus partidarios, será el orador principal del sábado, cuando se cumple el año del fallo Dobbs, mientras que Ron DeSantis, su más cercano competidor, ofreció un discurso el día antes.
Apenas a unos kilómetros de distancia, el presidente demócrata Joe Biden, que buscará la reelección en 2024, reiteró su apoyo de manera firme al derecho de la mujer a elegir por sí misma.
No dejaremos que las decisiones más personales caigan en manos de los políticos, aseguró. No se equivoquen, esta elección se trata de la libertad en la boleta una vez más, dijo en un evento frente a activistas.
Biden, ferviente católico y quien hasta ahora había dejado el protagonismo en el tema del aborto a su vicepresidenta, Kamala Harris, se pronuncia así a favor del complejo tema, con la esperanza de mover a las urnas a quienes defienden este derecho.
The Associated Press
