Un local en Caracas (Venezuela) con un letrero que aceptaba la criptomoneda Petro, en febrero de 2022.
La trama de corrupción en torno a Tarek El Aissami produjo el colapso de la Superindentencia de Criptoactivos e hirió de muerte esta iniciativa del chavismo
El fin del Petro, la criptomoneda estatal que ofrecía garantía de respaldo con petróleo y oro nacional, basado en la tecnología de cadena de bloques y lanzado con un enorme esfuerzo promocional por el Gobierno de Nicolás Maduro, está cerca. Entre las fuentes económicas y financieras consultadas se asume que el instrumento irá muriendo poco a poco, camino a su liquidación definitiva, después de, presumiblemente, asumir deudas y cerrar los compromisos con acreedores, vinculados sobre todo al sector comercial.
Desde fines de mayo, según reportaron los usuarios, la cadena de bloques del Petro comenzó a ofrecer una conducta irregular y la plataforma #PetroApp a evidenciar fallas. La trama de la corrupción PDVSA, Crypto, estructurada por una red de altos funcionarios vinculados a Tarek El Aissami, hasta el pasado mes de febrero, presidente de Petróleos de Venezuela y vicepresidente del Área Económica del Gobierno de Nicolás Maduro, constituye una de las razones fundamentales de este enésimo experimento fallido de políticas públicas que ensaya el chavismo.
La criptomoneda Petro —PTR— fue presentado en 2017 con enorme publicidad, concretado ya el derrumbe de la economía de controles de cambio y precios, como una herramienta para transar activos y capitalizar recursos, bajo el supuesto de que su soporte eran las cuantiosas reservas petroleras internacionales certificadas en el país. Muchos usuarios del entorno social del chavismo, vinculados al sistema Patria, se dedicaron a cambiar progresivamente bolívares por Petros, alentados por la propaganda oficial, con el objeto de ahorrar activos. También empresarios y cadenas comerciales.
Su puesta en vigor fue tomando aliento progresivamente, incorporando su presencia como forma de pago en algunas transacciones digitales oficiales, obligatorio como unidad de referencia luego de la segunda reconversión monetaria de Maduro en servicios tributarios y consulares. Su nacimiento estuvo acompañado de una campaña muy activa de la plana dirigente oficialista para promocionar su uso y darlo a conocer entre la población, y en 2018 desembarcaron en el país, de manera masiva, las criptomonedas. Tarek El Aissami convenció a Maduro de que las criptomonedas eran un excelente instrumento para evadir las sanciones internacionales, ya entonces en vigor, y para dar oxígeno a una economía en colapso.
Joselit Ramírez, presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, cercano en lo personal y lo político a El Aissami, está hoy en prisión. Hugbel Roa, también amigo de El Aissami —y también preso—, era el ministro de Ciencia y Tecnología y Educación Universitaria encargado de presentar y asumir el proyecto del Petro a finales de 2017. La purga adelantada por Maduro al desmantelar la extendida red, barrió a una parte importante del personal técnico de Sunacript. Ahora, se ha nombrado una nueva junta de este ente, presidida por Anabel Pereira.
El escaso margen de maniobra para operar el Petro, basado en su naturaleza centralizada, conspiró contra su utilidad funcional desde el comienzo. También, la escasa credibilidad de su equipo promotor. El Petro no es un bitcoin, que tienes que minar para validar las transacciones. Es un algoritmo con un techo, explica Henkel García, analista financiero. Para que ese proceso sea creíble, sobre todo en un Gobierno con gente que tiene tantos problemas de credibilidad, era necesario ofrecer una vía de canje. El Petro ha sido aceptado más por un juego de arbitraje, podía comprarse más barato en un mercado secundario, pero no mucho más.
La dolarización de la economía venezolana en 2018, apunta García, hizo que parte de la orientación estratégica del Petro como captador de recursos internacionales, perdiera peso específico. El Petro fue relanzado como seis o siete veces antes de lo que sucede hoy. Las criptomonedas terminaron convertidas en el instrumento de un grupo de políticos corruptos chavistas para desfalcar lo poco que quedaba de dinero en Petróleos de Venezuela, afirma a su vez el economista Omar Zambrano. Las sanciones internacionales en contra del Gobierno de Maduro obligaban a la jerarquía chavista a comercializar petróleo de manera irregular, adelantando operaciones comerciales en negro. Las transacciones con criptomonedas hicieron posible el desvío de recursos a los bolsillos de la escuadra de gerentes de Tarek El Aissami.
Un informe publicado por la ONG anticorrupción Transparencia Venezuela sostiene que, al mando de El Aissami, Petróleos de Venezuela asignaba a la Superintendencia de CriptoActivos la responsabilidad de la comercialización del petróleo venezolano. Ya cerca de su final, la Asociación Nacional de Cripoactivos ha emitido un comunicado en el cual lamenta la progresiva mengua y decadencia del Petro, afirmando que se envía un mensaje muy negativo a la comunidad nacional e internacional.
Alonso Moleiro – El País de España
