Lo que está sucediendo en Venezuela con María Corina Machado, que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, parece extraído del manual electoral del madurismo, y perfeccionado y masificado de manera siniestra por el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua: sacar del camino a los adversarios políticos a través de dudosas y a menudo infundadas maniobras antes de tener que enfrentarse a ellos en el campo de las elecciones, que es el de la democracia.
Es el caso de la Contraloría General, que argumentando errores y omisiones en la declaración de renta de la aguerrida líder opositora impone la dura sanción y de paso compromete su carrera por la presidencia.
Lo que llama la atención del episodio es que esta medida de tipo administrativo se da justo cuando Machado se ubica –según las encuestas– como la candidata con las mayores posibilidades de imponerse en las primarias opositoras proyectadas para el 22 de octubre. De hecho, varios estudios de opinión han resaltado que la aspirante de Vente Venezuela está teniendo una penetración inusitada en los estratos más populares de la población, algo impensable hace algunos años, cuando se la identificaba más con las élites y los círculos empresariales que con una opción popular de poder.
Así lo demuestran las multitudinarias manifestaciones que ha venido liderando, incluso en Barinas, otrora santuario del difunto Hugo Chávez, tierra que últimamente le ha dado la espalda al oficialismo. Ella, que siempre lideró la vía dura, opuesta a la negociación y al diálogo con el régimen por considerar que era una estrategia para ganar tiempo y legitimarse, y que nunca transigió con la cohabitación con el chavismo, parece de momento la figura más firme para buscar un histórico cambio de tercio en Venezuela. Esto porque cuando los sondeos la miden con Nicolás Maduro, también lo supera.
La UE expresó su profunda preocupación y dijo que lo sucedido con Machado “socava la democracia y el Estado de derecho”; “la decisión de hoy (…) priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos”, dijo por su parte el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió transparencia y que se levanten las restricciones. Incluso, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó: “Ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano”. En la Cumbre del Mercosur la inhabilitación fue motivo de fractura.
Si se mira de manera global, ya es la segunda gran zancadilla que el régimen pone a las elecciones, porque antes fue removida la directiva del Consejo Nacional Electoral, ente que organiza los comicios y que era visto como el menos cuestionable de los últimos años.
La gran pregunta que deja lo sucedido es: ¿en dónde quedan el buen ánimo de la Cumbre de Bogotá y los diálogos políticos con la oposición en México? Previsiblemente, levantarle la inhabilitación a Machado será usado como boleta de cambio para presionar el cese de las sanciones internacionales, pero desde ya queda claro que sacar adelante unas elecciones libres y transparentes en Venezuela será una misión con pronóstico reservado.
Editorial El Tiempo (Colombia)
