La Unión Europea (UE) sigue intensificando sus operaciones en el Mediterráneo para evitar la llegada de más refugiados al continente, imprime mayor presión política y aporta millones de euros para que los países emisores contengan en sus territorios a los miles de desplazados que sueñan con la oportunidad de llegar finalmente a algún punto de la costa europea. Más allá de estos esfuerzos, que representan miles de millones de euros, el 2022 ha sido el año que mayor cantidad de migrantes llegaron desde 2016.
Estos refugiados alcanzan la costa sur de Mediterráneo a riesgo de absolutamente todo, de ello son testigos los muertos que con frecuencia son descubiertos en las dunas del Sáhara. Muchos de ellos después de haber transitado miles de kilómetros desde sus países de origen, en muchos casos a un alto precio económico y de seguridad, poniéndose en manos de traficantes que, frente a cualquier contingencia, los abandonan con escasa oportunidad de sobrevivencia en medio del desierto, alejados de las rutas más transitadas, dado que lógicamente los carteles del tráfico humano buscan escapar del control de las autoridades locales.
Ignorando esta realidad, la UE solo se preocupa de evitar la llegada de más refugiados a sus costas, prueba de esto son los mil millones de euros que acaba de otorgar a Túnez para “luchar contra el tráfico y apuntalar la economía en crisis del país” tras haber fracasado, apenas unos días atrás, otro acuerdo entre el cada vez más díscolo presidente tunecino Kais Saïed y la UE. (Ver: Túnez, naufragios en el mar y en la arena).
Túnez en estos últimos meses, y en particular el puerto de Sfax, se convirtió en el principal centro de irradiación del tráfico de personas de todo el Magreb -superando incluso a Libia- a donde han llegado millones de desplazados debido al desorden provocado por la guerra civil como resultado del “éxito” de las operaciones occidentales contra el coronel Gadafi, guerra que desde 2011 no se acalla.
En el marco de la crisis migratoria lejos de apaciguarse se incrementa cada día con el correspondiente aumento de naufragios y obviamente de muertos y desaparecidos, de los que es prácticamente imposible calcular una cifra cierta. Aunque oficialmente se reconocen más de 27.000 desde que se inició la crisis en 2014, solo calculado los producidos en las tres grandes rutas del Mediterráneo: el eje Marruecos a España o ruta occidental, la central: Libia o Túnez hacia Italia -la más transitada- y finalmente la ruta del este: hacia Grecia desde Turquía.
Estos números parciales tampoco tienen en cuenta la cada vez más frecuente travesía desde el sur de Marruecos, Mauritania y Senegal hacia el archipiélago español de las Canarias, ruta donde se vienen produciendo constantes naufragios que van dejando cientos de muertos. El último de estos accidentes se registró el 1 de julio por el hundimiento de una embarcación que había partido desde el puerto de Tan-Tan, en el sur del reino alauita, que produjo una cincuentena de muertos cuyas nacionalidades todavía se ignoran. En otros dos hechos similares habían desaparecido, el 11 del mes pasado, unos 50 marroquíes provenientes de la ciudad de Agadir. Y el día 21 de ese mismo mes otro naufragio del que fueron rescatados dos cuerpos y otros 40 viajeros siguen desaparecidos. El 4 de julio fueron rescatadas 159 personas que habían partido una semana antes desde Mbour (Senegal) rumbo al archipiélago canario, las que de no ser por el rápido accionar de las autoridades isleñas, estaríamos hablando de una nueva tragedia.
A esta cuenta atroz de muertes hay que sumar el número insondable de los desaparecidos en las arenas del Sáhara, perdidos y abandonados por los cárteles de traficantes.
Respecto a las cifras del Mediterráneo son extremadamente discutibles, ya que si bien el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registra hasta fines de junio unos 25.000 muertos en los naufragios, estos datos se basan en cifras oficiales de entidades europeas ignorando en verdad el número real. Al ser, obviamente, esta actividad ilícita, no existen precisiones de las embarcaciones ilegales que parten de los diferentes puertos o incluso de playas desoladas a escondidas de las autoridades, por lo que se desconoce también el número que transportan y tampoco se reportan los posibles naufragios de esos viajes.
Así, el número de muertos y desaparecidos sólo en el Mediterráneo podría ser ostensiblemente superior al dado por la OIM, ya que en muchos casos esos cuerpos nunca se encuentran o las propias autoridades disimulan las cifras para evitar mayores cuestionamientos. Hasta el punto de que se ha registrado, en más de una oportunidad, que las naves destinadas a controlar los desplazamientos ilegales en el Mediterráneo se han negado a contestar los pedidos de ayuda frente a un inminente naufragio, como se cree que sucedió el pasado junio en cercanías de las costas griegas, donde murieron 73 personas tras hundirse una embarcación que había partido del puerto libio de Bengasi con cerca de 200 pasajeros.
Argelia se suma a la campaña del desprecio
Negada la posibilidad de continuar los viajes ilegales hacia Europa de los que muchos funcionarios locales se benefician dejando hacer a los traficantes con los obvios “agradecimientos”, ya que según se presente la oportunidad cada pasaje en algunas de esas naves puede cotizarse entre 800 y 5.000 euros, cifras para las que los interesados deben trabajar durante años o embargar a sus familias en préstamos usureros que demorarán años en terminar de pagar devastando las economías familiares.
Con el intento de evitar la llegada de más refugiados y para “sacarse de encima” a los que ya se encuentran en sus países, los gobiernos magrebíes han iniciado campañas de mayor control fronterizo y redadas y expulsiones masivas de refugiados, concentrado sus acciones fundamentalmente en ciudadanos subsaharianos.
Al igual que Túnez, también Argelia se encuentra resolviendo la cuestión migratoria de manera brutal. Mientras tanto aumenta el racismo contra los negros alentada desde los medios de comunicación y convertido en una política de Estado por los gobiernos locales. La vida de los refugiados, especialmente la de los subsaharianos, se ha convertido en una pesadilla todavía peor de la que tenían, sabiéndose blanco de hordas xenófobas que nada tienen que envidiar a las camisas pardas o Sturmabteilung (S.A.) de Ernst Röhm.
En el distrito de Safsafa, en los suburbios del sur de Argel -la capital del país- donde se han instalado miles de refugiados, las razzias policiales, que van en constante aumento, ya ha desmantelado gran parte de los refugios improvisados donde miles de personas viven hacinaban, sin ninguna posibilidad de acceder a controles médicos mientras sus condiciones de salud se agravaban, dadas paupérrimas condiciones sanitarias, sin baños ni agua potable, mientras están a la espera de poder continuar su viaje o conseguir algún trabajo.
En estos sitios viven miles de malíes, nigerianos y burkineses, entre otras nacionalidades, que han llegado escapando fundamentalmente de la violencia terrorista de sus países, que tiene a la población masculina joven como un objetivo clave, para ser reclutados a la fuerza, por las poderosas khatibas terroristas que operan en esos países, como Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin o GSIM (Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes) tributario de al-Qaeda en el Estado Islámico para el Gran Sahara, o los nigerianos Boko Haram o el Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), entre tanto otros grupos que se extienden en una gran cantidad de países del continente.
Los migrantes, recién expulsados de Safsafa, han vuelto a instalar sus chabolas en Hasnaoua, en los suburbios del sur de Tizi-Ouzou, sabiendo que la próxima relocalización, muy posiblemente, sea a Tamanrasset, en el extremo sur de Argelia, y desde allí llevados a la frontera con Níger, desde donde para llegar al primer sitio poblado, que es Assamakka, tendrán que caminar unos 15 kilómetros en medio de la nada, con temperaturas ecuatoriales, donde serán clasificados y a continuación deportados a sus países, ya que Argelia no discrimina por nacionalidades y expulsa sin ningún orden a cualquier inmigrante hacia Tamanrasset. (Ver: Níger: Los fantasmas de Assamakka)
Por un acuerdo entre Argel y Niamey Argelia ya ha devuelto a Níger a más de 11.000 personas entre enero y abril de 2023, operaciones que se venían realizando desde 2018, a un transporte semanal y que, dada las presiones europeas, estos traslados se han reactivado de manera exponencial.
De todas formas muchos de los expulsados, pasado un tiempo intentan, llegar primero a Assamakka para seguir rumbo al norte. En junio último en esa ciudad nigerina ya se contabilizaban cerca de 10.000 subsaharianos con la intención de volver a Argelia, una vez más, para intentar conseguir el permiso de soñar con la felicidad.
Escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
