En 1976, Juan Pablo Pérez Alfonzo calificó el petróleo como «excremento del diablo», aludiendo al peligro que representaba para una sociedad tener un reservorio de recursos naturales que podría proporcionar dinero fácil, sin mayores esfuerzos. Los noruegos, atentos a esta realidad, hablan de «Resource Curse vs. Blessing» (Maldición de los Recursos Naturales vs Bendición).
Más que culpabilizar la existencia de un determinado recurso natural como causante de penurias, es necesario intentar corroborar la hipótesis de que los países son pobres porque lo hacen mal, o porque quienes tienen el poder toman decisiones erradas cuyo resultado es el crecimiento de la pobreza en lugar de alcanzar el bienestar. Esta afirmación resulta inobjetable cuando se comparan los modelos de gestión de petróleo de Noruega y Venezuela. Noruega se encuentra entre los primeros diez países del mundo, situación que ha sido reforzada por un acertado manejo de su industria petrolera. Mientras que Venezuela se hunde en la pobreza y el conflicto, a pesar de haber contado con una poderosa industria petrolera que en algún momento fue considerada de las mejores empresas petroleras del mundo. En 1950, Venezuela era el 4º país del mundo con mayor PIB per cápita, 7.424 dólares; solo lo superaban Estados Unidos, Nueva Zelanda y Suiza; además, el PIB per cápita de Venezuela era muy superior al de Noruega, que no llegaba a 5.000 dólares. Algunas décadas después, la evolución de la riqueza en ambos países no podría haber sido más diferente, siendo la industria petrolera en ambos países propiedad estatal, en uno del reino de Noruega y en otro de la república de Venezuela.
Es decisivo reconocer que los gobiernos venezolanos, dueños del petróleo, no han encontrado el camino para crecer económicamente, su preocupación ha sido otra, cómo redistribuir la renta, a quién y cómo beneficiar en este reparto, fatalmente ejercido como privilegio de los grupos que controlan el poder político. Es muy significativo que el gobierno central, receptor y distribuidor de la renta, no cumpla con el mandato propio de las democracias de rendirle cuentas al ciudadano, quien solo conoce las orientaciones y decisiones de la industria a posteriori, como hechos cumplidos. Guillermo O’Donnell enmarca este tema como un mecanismo de «Rendición de cuentas a la sociedad» (accountability societal), el cual «se pone en movimiento cuando algunos sectores sociales demandan que se anulen o castiguen decisiones estatales que consideran ilegales o severamente gravosas para sus intereses».
En síntesis, es necesario que los venezolanos entendamos que las críticas a Pdvsa reflejan las fallas de la democracia venezolana, del monopolio de la propiedad por parte del Estado de los sectores generadores de riqueza, como sustentación de un modelo rentista, enfocado en la redistribución de los beneficios generados por el petróleo y no en el crecimiento económico, con una estructura de gestión cerrada a la participación ciudadana, concentrada en el Poder Ejecutivo presidencialista, sin conexión estratégica con la Asamblea ciudadana y, por ende, con vínculos clausurados de rendición de cuentas.
Estas fallas explican por qué la existencia de una poderosa industria petrolera, con elevado desarrollo tecnológico y humano, no es suficiente para garantizar el bienestar y la importancia de la previsión del futuro de los ciudadanos.
Una simple mirada a la evolución del PIB en Noruega y Venezuela muestra claramente el impacto de la gestión de la industria petrolera en ambos países. Las tendencias divergentes que asume el PIB como indicador son notables. El producto interno bruto (PIB) per cápita estimado de Venezuela ascendía a 3.500 dólares en 2022 registrando un descenso constante por casi una década. Mientras en Noruega, en 2022, el valor más reciente fue de 101.050 euros.
En Venezuela se observa un evidente retroceso, mientras en Noruega la tendencia es totalmente ascendente, dos países en los cuales el petróleo es una importante fuente de generación de divisas o, en el caso de Venezuela, su principal fuente de divisas.
Algo habrán hecho mal los venezolanos y algo habrán hecho bien los noruegos. En ambos países, tanto en el reino de Noruega como en Venezuela se decidió que serían sus órganos de gobierno quienes definirían la dirección del sector y, por lo tanto, su planificación de largo plazo, la creación de una empresa petrolera estatal: Statoil Hydro en Noruega y Pdvsa en Venezuela. En Noruega con una responsabilidad en la estrategia de la industria en manos de la representación ciudadana en su Asamblea Nacional, elegida por sus habitantes, y un manejo técnico responsable y respetado en manos de los expertos en la materia. Mientras en Venezuela se asumía una concentración de la responsabilidad directa del Poder Ejecutivo en la formulación del marco regulador específico para el sector, la designación de los agentes reguladores que asisten a las autoridades políticas en el ejercicio del control de los recursos y en la actualización del marco legal y regulatorio del sector.
La gran dificultad que contenía esta decisión era que, si en Noruega las instituciones políticas a lo largo de más de un siglo eran cada vez más fuertes y completamente democráticas, en Venezuela estas instituciones carecían del temple y la fortaleza para otorgar un carácter incluyente a la industria petrolera. A pesar de que en una primera etapa de desarrollo e inserción de la industria en este país, durante la democracia (1958- 1999) los recursos petroleros se usaron para ampliar la democracia, fundar servicios públicos, apoyar la urbanización del país; sin embargo, es necesario resaltar que la instituciones que pudieron y pueden controlar esa poderosa industria han sido y son muy débiles debido a la existencia de una excesiva centralización generando un desequilibrio entre los poderes públicos, que otorga al Ejecutivo central el control de los recursos producto de las ganancias petroleras, tornando innecesario, según la visión del liderazgo político venezolanos, la participación de los contribuyentes para financiarse.
Estos recursos petroleros en un país calificado como monoproductor, en lugar de utilizarse como incentivo para crecer o ahorrar para el futuro, se convierten de tal forma en una renta en manos del sector que acapara el poder, puede usarse para perpetuarse como gobierno, comprar apoyo político, o para destruir a los rivales. El tema económico de los gobiernos venezolanos a partir de 1999 no es ni ha sido nunca encontrar el camino para crecer económicamente, es otro, implantar un modelo político socialista y anular la propiedad privada, decisiones asentadas y respaldadas por el poder del ejecutivo, concentrado en el manejo y redistribución de la renta, decidir inconsultamente a quién y cómo beneficiar en un reparto ejercido como privilegio de los grupos que controlan el poder político. Es muy significativo que el gobierno central, receptor y distribuidor de la renta, no cumpla con el mandato propio de las democracias de rendirle cuentas al ciudadano, quien solo conoce las orientaciones y decisiones de la industria a posteriori, como hechos cumplidos. Guillermo O’Donnell enmarca este tema como un mecanismo de «Rendición de cuentas a la sociedad» (accountability societal), el cual «se pone en movimiento cuando algunos sectores sociales demandan que se anulen o castiguen decisiones estatales que consideran ilegales o severamente gravosas para sus intereses».
En síntesis, es necesario que los venezolanos entendamos que las críticas a Pdvsa reflejan las ausencias institucionales de la democracia venezolana, del monopolio por parte de un Estado cuasi totalitario de los sectores generadores de riqueza, como sustentación de un modelo rentista del petróleo, enfocado en la redistribución de los beneficios generados por el petróleo y no en el crecimiento económico, con una estructura de gestión cerrada a la participación ciudadana, concentrada en el poder ejecutivo presidencialista, sin conexión estratégica con la Asamblea ciudadana y, por ende, con vínculos clausurados de rendición de cuentas al ciudadano. Estas fallas explican por qué la existencia de una poderosa industria petrolera, con elevado desarrollo tecnológico y humano, no es suficiente para garantizar el bienestar y la importancia de la previsión del futuro de los ciudadanos.
Todos los indicadores económicos y sociales muestran que Noruega ha alcanzado una fortaleza social y económica mucho mayor que Venezuela. Noruega es un país mucho más igual que Venezuela. El coeficiente de Gini, medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un país se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad, en Noruega asume un valor de 0,27 que lo coloca entre los países con mayor igualdad en la distribución de ingresos entre sus habitantes. Al contrario, Venezuela ha aumentado, se ubica en 0,603. “Venezuela está en el continente más desigual del mundo y, para 2022, es el país más desigual de América”.
La tasa de inflación promedio de Venezuela (el peor castigo para la población de menores ingresos) es la más alta de América Latina. En 2018 se registró una tasa de inflación que sobrepasaba 65.000%, hasta casi 400% lo pronosticado para finales de 2023.
Para cerrar basta mirar un indicador muy importante, reflejo de la inversión del Estado en el bienestar ciudadano, el número de camas de hospital por cada 1.000 habitantes: 0,9 en Venezuela y 3,52 en Noruega. Evidentemente, la culpa no es del petróleo sino de quienes tienen el poder de decidir sobre la riqueza que genera esta poderosa industria. Con base en esta realidad se puede afirmar que en el reino de Noruega sus monarcas nunca permitirán que el petróleo se convierta en excremento del diablo, al contrario, ha alimentado uno de los más poderosos sistemas de ahorros a favor del ciudadano en el mundo. Mientras, en Venezuela aún albergamos esperanzas de que los recursos naturales que Dios nos ha legado y nuestras capacidades, esfuerzos y responsabilidad sirvan para convertirnos en un país donde no exista exclusión y sea un territorio donde podamos vivir en paz, libres e iguales.
