El 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde las primeras horas después de esa noche de horror existen pruebas de que fue una operación en la que estuvieron involucradas todas las fuerzas de seguridad pública que operaban en la ciudad de Iguala, Guerrero. El ejército mexicano, la Base de Operaciones Mixtas de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la policía estatal y policías municipales, en complicidad con el crimen organizado.
Dada la jerarquía con la que operan todas esas instituciones, no hay duda de que fueron los más altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional que estaban en el estado de Guerrero quienes llevaron la batuta en la acción criminal contra los jóvenes normalistas.
Y ha sido un grupo de altos mandos militares, al que pertenece el actual Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quienes desde el sexenio pasado han sido los principales cómplices con su silencio, ocultando información que conduzca a los responsables; saboteando y espiando a todos aquellos que buscan la verdad sobre lo ocurrido. Han antepuesto sus intereses de grupo a los de la justicia y la nación.
Contrario a lo que se hubiera esperado con la llegada de un gobierno que prometió resolver el caso de los normalistas, ese grupo de poder militar no se marchó cuando terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que por la propia estructura del ejército y las decisiones en nombramientos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, continúa. Y no solo eso; ahora tiene más poder que nunca dadas las prerrogativas que AMLO ha concedido a la cúpula militar, garantizando impunidad en las nuevas masacres de civiles, y proporcionándoles un poder económico y político.
Una muestra clara de que ese núcleo de poder sigue inamovible es el anuncio dado esta semana por Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Afirmaron que se van porque la SEDENA y la Secretaría de Marina mienten.
“Se hace imposible continuar. El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden llegar a la verdad”, dijo Beristain, ante la negativa de la SEDENA y SEMAR de proporcionar información clave que poseen sobre el caso. Denunció que existe el riesgo de “que la mentira se institucionalice como respuesta”.
La declaración del GIEI es un duro golpe a la credibilidad del gobierno de AMLO en su intención de sancionar a todos los responsables del crimen, aunque eso toque el grupo del miembro de su gabinete favorito. En pocas palabras, el anuncio del GIEI sobre los obstáculos se equipara al mensaje que dio el grupo cuando salió de México en 2016, en el gobierno de Peña Nieto, denunciando obstáculos a su trabajo.
En aquel momento, abiertamente el gobierno de Peña Nieto no renovó tácitamente el acuerdo para que el grupo enviado por la CIDH siguiera con su trabajo. Ahora es más bien un portazo indirecto que el gobierno de AMLO da a los investigadores, al permitir que la SEDENA y la Marina no entreguen la información que requieren.
Pero hay que decirlo claro, el GIEI no ha sido la única víctima de obstáculos.
También hay acoso y boicot contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes desde 2014 representan a las familias de los 43 y son los que mantienen viva la presión para que continúen las indagatorias.
Y lo mismo se ha hecho contra la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Alejandro Encinas. Él, su equipo, y personas que han contribuido en el avance de las investigaciones han sido quienes no solo descubrieron con toda claridad que el ejército fue “omiso”, como en un principio fue el único planteamiento del GIEI contra las fuerzas castrenses, sino que La Comisión de la Verdad ha sido la primera en documentar a través de mensajes telefónicos, que mandos militares dieron visto bueno para la desaparición de los estudiantes aquel 26 de septiembre de 2014.
Encinas, su equipo y testigos actuales y potenciales han sido víctimas de espionaje, poniendo en riesgo no solo la disposición de personas a seguir dando información inédita de lo que pasó esa noche, sino además su vida.
La actitud de cerrazón de las autoridades castrenses mexicanas hacia el GIEI es reprobable, pero desde mi punto de vista es aún más perverso el ‘fuego amigo’, y que todo esto ocurra con el consentimiento del presidente López Obrador.
Un largo camino
Desde 2014 fui la primera periodista en documentar con informes oficiales- entonces secretos- videos y testigos directos de los hechos, que el Ejército fue protagonista en el ataque contra los normalistas y su desaparición, y la Policía Federal. Lo publiqué en un reportaje titulado “La Verdadera Noche de Iguala” en la revista Proceso en diciembre de 2014.
A partir de entonces y durante nueve años he seguido investigando y aportando nueva información con declaraciones ministeriales, expedientes secretos de la PF y entrevistas a testigos. Desde 2015 fui la primera en descubrir la presencia de un agente del CISEN en uno de los puntos del ataque, gracias a un testigo directo que entrevisté; revelé que tenían una oficina en la colonia Foresta, a 400 metros del Palacio de Justicia donde fue otro punto de los ataques y, en base a documentos, que habían monitoreado en tiempo real a los normalistas. El responsable del CISEN entonces era Gerardo García Benavente. En 2016 publiqué mi libro La Verdadera Noche de Iguala, donde sistematicé la información recabada.
Hubo en 2015 una irrupción en mi domicilio cuando estaba en un punto neurálgico de mis investigaciones sobre Ayotzinapa y fui en ese momento víctima de espionaje, como otros periodistas y defensores de derechos humanos que seguían pistas del caso, así como integrantes del GIEI.
Durante todos estos años obtuve nuevos informes secretos, más testimonios, información cruenta de lo que fue presuntamente el destino final de los estudiantes, y que he compartido en diversas entregas de esta columna desde 2019.
El valioso papel del GIEI
El grupo enviado por la CIDH en 2015 desde un inicio me convocó a mí y a otros periodistas y testigos para que aportaran información y comenzar ellos a delinear sus propias líneas de investigación. Se fueron en 2016 por que Peña Nieto ni el ejército los quería investigando.
Ese 2016 hubo una única instancia dentro del gobierno de Peña Nieto que sí quiso hacer su trabajo de manera imparcial: la Visitaduría General de la República encabezada por César Alejandro Chávez Flores, quien hizo una investigación interna donde no solo pudo confirmar torturas, manipulación de la escena del crimen y evidencias, sino que claramente apuntó a investigar el rol del ejército y conexiones de algunos militares que actuaron esa noche con el crimen organizado. Su informe no fue reconocido públicamente por el gobierno por órdenes de Peña Nieto, con el sometimiento de la entonces procuradora Arely Gómez.
El GIEI regresó a México en 2021 para seguir dando asistencia técnica al gobierno de AMLO, con la promesa presidencial de que se ordenó al ejército y a todas las áreas del gobierno federal a dar toda la información. En su sexto y último informe confirmaron mis investigaciones y las de la Comisión de la Verdad, y las de la Visitaduría General.
Hago un recuento de todos aquellos que hemos coincidido en la misma conclusión, no porque alguien tenga más mérito que otro, sino porque robustece el papel del Ejército y la complicidad de antes y de ahora para protegerlo.
Esa complicidad no solo implica que ahora se pierda la valiosa colaboración del GIEI, que en su papel internacional podía tener mayor autonomía y por lo tanto presión en el gobierno de México para resolver el caso. Sino que esa complicidad y el retiro del grupo de expertos deja en situación más vulnerable a los miembros limpios de la Comisión de la Verdad, que mientras siga actuando a favor de la verdad debería contar con el respaldo ciudadano, porque no cuenta con el total respaldo presidencial.
Se acaba el tiempo
Falta solo un año para que concluya el mandato de AMLO, y en esta dinámica será muy difícil que el Estado mexicano reconozca la verdad y sancione a los responsables directos del ataque y desaparición, y de aquellos que los protegieron hasta el mas alto nivel. Solo rompiendo desde arriba la cadena de protección se romperá la “omertá” (código de silencio) que prevalece en los pocos funcionarios federales detenidos.
Uno podría entender que el gobierno de Peña Nieto no quiso que se conociera la verdad -para protegerse así mismo- no solo de la masacre sino de la colusión de instituciones y funcionarios con el crimen organizado.
¿Pero qué gana AMLO encubriendo? Él debe dar una respuesta. La que encuentro yo es que designó como titular de la SEDENA a un hombre que en aquella época era de los más cercanos a el entonces Secretario Salvador Cienfuegos, su jefe, su amigo personal y ahora su actual asesor. Y dado que el ejército es actualmente una de las principales columnas del gobierno de López Obrador, no quiere incomodarlos.
La SEDENA no solo obstaculiza las investigaciones, sino que protege a los pocos militares que han sido detenidos. Los tiene aislados en cárceles militares, y en varios casos les provee y paga abogados de defensa.
Muchos de los subsecretarios y altos mandos de la SEDENA forman parte de ese mismo grupo de Cienfuegos, por eso la operación para salvarlo luego que fue detenido en octubre de 2020 en Estados Unidos acusado de narcotráfico, ¿O ya se nos olvidó cómo AMLO fue presionado para abogar por él y obtener su liberación?
¿Cómo la cúpula militar puede llamarse a cuentas así misma?
El gobierno de AMLO ha evadido llamar a cuentas a cuatro importantes protagonistas de aquella noche y los años subsecuentes de encubrimiento, comenzando por el ex presidente Enrique Peña Nieto: no se puede entender la operación concertada entre las instituciones federales de seguridad pública durante y después de los ataques, sin la responsabilidad directa o indirecta de Peña Nieto.
Debe llamarse a cuentas al titular de la SEDENA Salvador Cienfuegos, quien ha mentido desde las primeras horas después de los hechos. Y a la exprocuradora Arely Gómez, quien fue cómplice manteniendo con detenciones arbitrarias la falsa verdad histórica, protegiendo a funcionarios torturadores, comenzando por el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)Tomás Zerón.
Hasta donde se sabe ninguno de los tres personajes mencionados ha sido interrogado y/o entrevistado por la Fiscalía, ni por el GIEI, ni por la Comisión de la Verdad
Y Omar García Harfuch quien fue responsable de facto, jerárquico e institucional de la PF en Guerrero, antes, durante y después de los hechos, y que cuando en 2016 fue ascendido a titular de la AIC siguió con las detenciones arbitrarias, y encubrió a Zerón. Hoy es titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
