Paradójicamente, ante la flexibilización de sanciones durante noviembre pasado, que permitió el reinicio de operaciones a la empresa Chevron para mejoramiento de crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco, nos encontramos, ahora, con una aberración muy peculiar de Washington, cuando quizá con una cierta pertinencia prohíbe cualquier pago a la administración del presidente Nicolás Maduro, particularidad que configura un conflicto por un término taxativo de la administración estadounidense, que impediría el desarrollo conjunto de un campo gasífero en alta mar, contiguo a la frontera marítima Venezuela/Trinidad & Tobago, que operaría Shell Plc, en virtud de que Venezuela, con todo su derecho reprueba inobjetablemente, los términos de la licencia EEUU, cuando lo ideal sería, en función del principio de razonabilidad, la compensación de un pago en insumos (alimentos y medicinas) a fin de mitigar la crisis humanitaria que nos agobia, o que el pago a efectuarse en USD se acredite a una cuenta fideicomiso a cargo de una institución idónea puesto que el régimen actual no es eternizable y vendrán otras administraciones que no dilapidarán el erario en planes insustanciales, así como tampoco en la exportación de la seudo revolución y adquisición de armamentos chatarra.
