El lobby petrolero ha emitido una serie de falacias económicas para pedir a los votantes que voten NO en la pregunta sobre el Yasuní. Y ha sembrado el miedo con bulos que hablan de la caída de la dolarización, de que la caja fiscal quebraría o que habrá pérdidas millonarias por demandas internacionales. Nada de eso es verdad. Y para comprobarlo basta ver las cifras reales.
Estas son las razones económicas para dejar el crudo del ITT en el subsuelo
¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? (Pregunta de la consulta popular del 20 de agosto)
1. La danza de las cifras de los ingresos petroleros
La discusión sobre el Yasuní está en su apogeo. Los argumentos a favor y en contra son múltiples. Reconocemos que es preciso abrir la puerta a un debate amplio, sustentado en razones y argumentos múltiples, entre los que no se puede marginar el ámbito económico. Lo que se está en juego con la Consulta Popular del Yasuní supera las próximas elecciones, se proyecta en las próximas generaciones.
Por lo tanto, esta cuestión cobra importancia también por la necesidad imperiosa de analizar la inflación de cifras, muchas de ellas fantasiosas, propias del desconocimiento en la materia o del simple afán de atemorizar a la sociedad por los supuestos riesgos económicos derivados de la no explotación del crudo del Bloque 43 o ITT: las siglas de Ishpingo, Tambococha y Tiputini.
De entrada, es bueno puntualizar que con la Consulta Popular para que el pueblo decida si se deja el crudo del ITT en el subsuelo, haciendo realidad una demanda de la juventud formulada en el año 2013, se abre la puerta a prácticas que fortalecen la democracia participativa. No se trata de dejar en mano de algunas personas elegidas el futuro de la sociedad. Con nuestro voto, expresado de forma consiente, podemos plantear elementos para construir otra economía, una economía de vida.
Empecemos nuestro análisis económico por lo menos importante, es decir por las cifras de ingresos de dólares y las reservas de crudo.
2. La danza de las cifras de los ingresos petroleros
Las sorprendentes y hasta sospechosas cifras de Petroecuador
En esta Consulta Popular, las cifras de potenciales pérdidas si no se continúa extrayendo el crudo del ITT varían sustantivamente inclusive habiendo sido proporcionadas por la misma fuente: Petroecuador, con apenas un par de semanas de diferencia…
En efecto, Petroecuador, la empresa petrolera estatal, según la información entregada en la Corte Constitucional, en abril pasado[2], estimaba que los ingresos totales por la explotación del Yasuní-ITT, con un precio -exorbitante- de 89,05 dólares por barril, serían de 7.967.86 millones de dólares, en los 33 años que duraría dicha explotación. Dicho monto equivaldría a un ingreso anual promedio de 241,45 millones de dólares. Calculados a valor presente del año 2023, para poder comparar la capacidad de compra de los dólares futuros con los actuales, los ingresos totales serían de 4.883,1 millones de dólares; en este caso los valores anuales ascenderían a 147,97 millones de dólares en beneficio del Estado.
Con esa información, vale regresar la mirada al Presupuesto General del Estado del año 2023, de 31.503 millones de dólares. De allí se desprende que aquellos 241,45 millones anuales que genera el ITT equivaldrían a menos del 1% de dicho Presupuesto General del Estado; no se diga si se calcula en relación al valor presente de 147,97 millones de dólares.
Revisemos ahora las otras cifras que presentó Petroecuador de la noche a la mañana y sin mayor explicación, cuando la Corte ya había ordenado la realización de la consulta popular en mayo del 2023. Para alentar el NO en la consulta popular, Petroecuador habla ahora de “pérdidas” por 16.740 millones de dólares en 20 años. Cifra que merece un análisis detenido. Su composición, como veremos, es hasta sorprendente.
– Este monto incluye 476 millones de dólares por el abandono del campo. Un valor que de cualquier manera se tiene que considerar, sea ahora o luego de un par de años, pues la Constitución ordena la reparación e incluso la restauración de la Naturaleza. Es más, el abandono ordenado del Bloque 43, que no puede ser simplonamente asumido como “chatarrización”, podría ser considerado como una inversión de futuro porque se está protegiendo esa maravillosa naturaleza y, además, con una adecuada política exterior, se podría conseguir un financiamiento para hacerlo en el marco de la lucha contra el cambio climático impulsando una suerte de Iniciativa Yasuni-ITT PLUS.[3]
– Estas cifras de Petroecuador incluyen también 252 millones por pérdida de empleo y compensación en los próximos 20 años. Esta cifra refleja la falta de seriedad, puesto que pretende que se asuma como que las personas actualmente empleadas no tendrán nunca más una ocupación. Los técnicos de Petroecuador tienen suficientes actividades que cumplir, incluso en la fase de desmontaje de los equipos instalados. Igualmente no es aceptable que a esta suma se incorporen “los beneficios” que recibe una comunidad indígena de la región, cuyas demandas de servicios -educación, salud, vivienda, empleo- deberían ser asumidas por el Estado y no por las empresas.
– Adicionalmente, unos 1.952 millones aparecen como pérdidas asociadas a las inversiones realizadas, lo que debería ser realmente cuantificado por que buena parte de esas inversiones ya deben estar amortizadas. Lo que se debe resaltar es el hecho de que las principales beneficiarias de esta operación, liderada por Petroecuador, son las empresas chinas, tal como se informó en la revista Vistazo.[4] Además, muchos de estos equipos, como pueden ser, por ejemplo, las torres de perforación, pueden ser empleadas en otros bloques petroleros.
– De paso hay que conocer que el grueso de los contratos vence en el año 2024; esto diluye el contra argumento de los posibles reclamos arbitrales; algo que tampoco sucederá en tanto Petroecuador, empresa estatal, es la encargada de la explotación del crudo en ese bloque.
– En este listado de supuestas pérdidas -en 20 años- se incluyen sorprendentemente 13.800 millones por cierre de operaciones, se entiende que por la menor la exportación de petróleo: cifra que no cuenta con explicación alguna, menos aún si las reservas, según Petroecuador, serían de 282 millones de barriles o menos.
Unos inexistentes 1.200 millones de dólares
Igualmente cabe anotar que algunos voceros de los intereses petroleros hablan de pérdidas anuales para el Estado de 1.200 millones de dólares. Esta cifra no se sostiene por ningún lado. Si se considera que el ingreso total de recursos fiscales por concepto de la extracción de petróleo en el año 2021 fue de 2.733,5 millones, teniendo en cuenta que un 12% de la extracción total proviene del ITT, podríamos afirmar que el monto de ingresos que se perdería bordea los 300 millones (valor que fluctúa sobretodo dependiendo del precio del crudo debido a diversos factores en el mercado internacional).
2.733 MILLONES DE DÓLARES FUE EL INGRESO TOTAL DE RECURSOS FISCALES, EN EL 2021, POR CONCEPTO DE LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO. DE ESTOS, EL 12% PROVIENE DEL ITT, UNOS 300 MILLONES. ¿DE DÓNDE SACAN QUE SE «PERDERÁN» 1200 MILLONES SI SE DEJA DE EXPLOTAR EL ITT?
Otra forma de desmontar esta afirmación de que el Estado perdería 1.200 millones de dólares al año, se compone de la siguiente operación matemática: 55.000 barriles por día x 365 días x por 60 dólares por barril, tratándose de un crudo de muy baja calidad. De este ingreso bruto hay que descontar el costo de extracción por barril. En el mismo Parque Nacional Yasuní, en el bloque 16, con un petróleo de mejor calidad, el costo de extracción reconocido por el Estado a la compañía Repsol era de 36 dólares por barril; de suerte que bien se puede estimar un costo de 40 dólares por barril: en ese caso el ingreso para el Estado sería de 400 millones. Según el exministro René Ortiz, defensor a ultranza de las actividades extractivistas, sobre todo en manos de empresas transnacionales, el costo debería bordear los 50 dólares por barril si se quisiera utilizar las mejores tecnologías, con lo que el ingreso para el estado sería de 200 millones de dólares.[5]
Por cierto, falta un análisis de costo-beneficio extendido, que incluya los costos sociales y ambientales —o pasivos socio-ambientales—. Aquí cabe incluir lo que también podría ser considerado como subsidios ocultos, por ejemplo, el agua que emplean las petroleras y que es contaminada por esas mismas empresas, que no pagan absolutamente nada por el líquido vital. Incluyendo este tipo de análisis, los potenciales beneficios reales para el Estado se diluyen aún más.
Además, es evidente de que quienes defienden el NO en la consulta popular —consciente o inconscientemente— terminan por defender los intereses de quienes lucran con la actividad extractivista e inclusive con los grupos de poder que no quieren pagar impuestos, como veremos a continuación.
Alternativas para cerrar la brecha fiscal
Utilizando como base las cifras de las potenciales pérdidas mencionadas podemos hacer un par de comparaciones para demostrar que no es difícil cerrar inmediatamente la brecha en los ingresos fiscales, teniendo en consideración que la explotación del ITT no se suspendería inmediatamente.
– Un primer punto a considerar en el corto plazo es el monto de las deudas en firme de los 500 mayores de deudores con el Sistema de Rentas Internas (SRI) que alcanzan los 1.984 millones de dólares, al 6 de junio del 2023; el monto del TOP-25 asciende a 734 millones de dólares. Aquí hay recursos inclusive para financiar un fondo destinado a enfrentar los destrozos que provocará el anunciado fenómeno del El Niño.
– Otra referencia interesante aparece cuando se comparan las exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios que se otorgan anualmente. Estas exoneraciones tributarias son concedidas a personas naturales y jurídicas por Impuesto al Valor Agregado (IVA), por Impuesto a la Renta y por otros beneficios tributarios. En el año 2021, última cifra disponible, las exoneraciones fueron de 6.338,6 millones de dólares, que, con seguridad, beneficiarán en especial a los grandes grupos económicos. Si nos concentramos únicamente en las personas naturales que reciben esas ventajas fiscales, constatamos que el monto de dichas exoneraciones fue de 714 millones de dólares, de los que el 10% más rico de la población obtuvo una tajada de 598 millones y el 1% más rico de 148 millones de dólares.
– La revisión de estas exoneraciones es más que necesaria, pues inclusive debe haber muchas de ellas concedidas con objetivos que no se han cumplido o que no se están cumpliendo. Para resaltar la urgencia de esta tarea, aceptemos que, si se suman los ingresos petroleros de los diferentes presupuestos del Estado desde el año 2014 hasta el año 2021, tal como aparece en la tabla anexa al final, se puede comprobar que año tras año han sido mayores dichas exoneraciones fiscales en relación a dichos ingresos.
– También se debe considerar que el Estado ecuatoriano concede de tiempo en tiempo multimillonarias condonaciones de deudas tributarias a los grandes grupos económicos, entre los que se encuentran los mayores bancos e inclusive empresas petroleras. En el gobierno de Guillermo Lasso, de acuerdo a lo aprobado en el 2021, se podía obtener hasta un 50% de remisión de intereses, multas y recargos, de un monto de 4.925 millones pendientes de recaudación por deudas de los contribuyentes con el SRI, incluyendo los intereses. Esta práctica se repite de tiempo en tiempo: lo hizo Lenin Moreno en el 2018 y Rafael Correa en el 2015 y 2008.[6]
– Un asunto fundamental: combatir en serio la evasión tributaria, que llega a los 7.000 millones de dólares al año, según la CEPAL[7]. Aquí existe una fuente recursos no solo para cubrir la diferencia que provocaría la no extracción de crudo del ITT sino para muchas otras actividades que son indispensables inclusive en clave de una transición productiva y energética.
Como queda demostrado, es absolutamente falso que si no se explota el crudo del bloque 43 / ITT se tienen que subir los impuestos, así como eliminar los subsidios a los combustibles.[8]
La mentira del riesgo para la dolarización y otros males inventados
En estas semanas, a más de los argumentos ya desmontados de que el Estado perdería ingentes cantidades de dinero, hemos visto también posicionamientos de quienes quieren atemorizar a la población diciendo que la no extracción de crudo del III – Bloque 43 provocaría una grave afectación a la balanza de pagos[9] y por ende llevaría al fin de la dolarización, a la reducción de la economía, a la escasez de recursos para la inversión social y a un masivo desempleo.[10] No hay duda que quienes defienden el NO en la Consulta Popular recurren a prácticas propias del “terrorismo económico”.[11]
En este punto cabría considerar que, incluso, no todas las exportaciones conducen a un crecimiento sano, pues inclusive puede registrarse una suerte de “crecimiento empobrecedor”.[12] Dicha evolución puede también nacer de una historia ambiental y social que no beneficia a la sociedad. Por ejemplo, esta situación se da al no considerar, entre otros puntos, los graves destrozos ambientales ocasionados por el petróleo en la Amazonía y que de ninguna manera pueden ser cubiertos por los ingresos provenientes de las exportaciones del crudo y sus derivados.
Además, no todos los ingresos por exportaciones petroleras son ingresos netos para la economía nacional. En primer término, se deberían descontar todos los gastos por importaciones de equipos y material que requiere la actividad hidrocarburífera en el ITT, que en su casi totalidad no se fabrican en Ecuador. Igualmente habría que descontar el monto de las remesas de divisas por utilidades de las empresas extranjeras -sobre todo chinas- que trabajan en la zona del ITT – Bloque 43.
Sostener que la reducción en el ingreso de divisas de las exportaciones del crudo del ITT va a afectar la dolarización y producir una serie de afectaciones adicionales en el largo plazo, no tiene asidero alguno. Bastaría con recordar como cayeron los ingresos de las exportaciones de petróleo del año 2019 al año 2020 —de 2.450 millones de dólares a 626 millones—, cuando incluso por unos días se registraron precios negativos del petróleo en el mercado mundial, sin que se llegue a poner en riesgo la dolarización. Además, como veremos a continuación hay varias opciones para cerrar esa brecha de divisas en el corto plazo.
USD 1.824 millones fue la pérdida por ingresos petroleros en entre el 2019 y el 2020, durante la pandemia. Incluso pro algunos días el precio del barril fue cero dólares. Nada de esto puso en riesgo la dolarización.
Con el fin de obtener divisas de forma inmediata se debe renegociar los contratos con las dos telefónicas extranjeras que tienen una posición oligopólica en el mercado, lo que les permite obtener beneficios sobre patrimonio neto al año de más del 90% (noventa). Igualmente, la reversión del Oleoducto de Crudos Pesados – OCP al Estado significará un aporte de casi 160 millones de dólares al año, si se considera que la tarifa de transporte por barril es de 2,14 dólares. En ambos casos se trata de contratos que concluyen este año.
Dentro de una estrategia de transición hacia una economía post-petrolera, se podría cerrar temporalmente la brecha con una explotación mejorada de los campos maduros: Sacha, Auca, Libertador, Shushufindi, sin entregarlos a empresas transnacionales. Igualmente es urgente dar paso al cumplimiento de las disposiciones judiciales para terminar con los 444 mecheros en la región petrolera —la quema del gas asociado—, lo que podría generar ingresos por unos 400 millones de dólares al año si se aprovecha adecuadamente ese recurso natural.
Quienes dicen estar preocupados por la dolarización mejor deberían poner atención a la fuga de capitales que afecta a la economía ecuatoriana. Y también se debería tomar nota del pesado servicio de la deuda externa, que muy pronto se convertirá en un lastre insostenible y que forzará a una nueva renegociación de dichas obligaciones. Recordemos que los beneficios de las exportaciones del petróleo en el Ecuador están destinados al servicio de la deuda externa (Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, expedido en el 2020) y a sostener las reservas monetarias internacionales, en el marco de los acuerdos con el FMI.
Por cierto, una transformación de la modalidad de acumulación primario-exportadora es indispensable. Para lograrlo, hay que desnudar las condiciones intrínsecas en este tipo de economías dependientes, antes de diseñar una estrategia que permita inclusive aprovechar de manera inteligente los recursos naturales, como parte de una adecuada planificación que permita arribar a un esquema post-extractivista. Aquí emergen, por igual, acciones que propugnan la democracia energética, la soberanía alimentaria, la justicia climática. En línea con acciones que reconozcan que la gran riqueza del país es su diversidad cultural y su biodiversidad hay mucho espacio para el turismo ecológico, sobretodo comunitario. Estas y muchas otras acciones serán parte de los procesos para impular una gran transformación social, económica, ecológica y por cierto política.
3. La danza de las cifras de las reservas de petróleo
La explotación del Yasuní no solo implica un tema de costos e ingresos, sino que además las reservas con las que justificó tal explotación no aparecen en la práctica. Analicemos la evolución de las cifras de reservas con las que se justificó esta actividad en el ITT hasta la actualidad:
– En 2013, cuando el presidente Rafael Correa reconoció que le quedó muy grande la Iniciativa Yasuni-ITT, se decía que existían 840 millones de barriles de crudo como reservas en el ITT. Petróleo con el que se terminaría con la pobreza en el país, como repetía cansinamente la propaganda oficial. Esas reservas, se dijo que se explotarían durante 23 años, con una extracción máxima de 225 mil barriles diarios al sexto año de actividades (como referencia, actualmente el Ecuador extrae menos de 500 mil barriles diarios de todos los bloques petroleros).
-Luego, en el 2016, ya avanzadas las tareas para explotar el crudo del ITT, el mismo gobierno multiplicó sorpresivamente por dos las reservas -también con enorme entusiasmo mediático-, señalando que éstas serían de 1.672 millones de barriles, con un pico de extracción de 300 mil barriles por día en el sexto año. Detrás de este alegre incremento de las reservas parece que estuvo el afán del gobierno desesperado en conseguir créditos en el mercado internacional.
– Esas expectativas de reservas (y de ingresos[13]) no se compadecen con la realidad. Es más, si revisamos las cifras de extracción del crudo del ITT (Bloque 43) podemos constatar que ya han entrado en una fase de acelerada declinación, puesto que cada vez se extrae menos petróleo de muy baja calidad y cada vez fluye más agua de formación (en extremo contaminante): se estima que de cada 100 barriles que se extraen 7 son de agua de formación.
– Por lo demás, las cifras reales de extracción de crudo son contundentes. En agosto de 2019, se llegó a un pico máximo de extracción de 80.012 barriles diarios de petróleo; esto habría generado para el Estado unos 700 millones de dólares en ese año (poco menos de un mes de salarios del sector público, que fue de 890 millones al mes en 2018). Para junio del 2022 la tasa de extracción había caído a unos 60 mil barriles por día. Y en la actualidad la tasa de extracción diaria bordea entre los 55 y 47 mil barriles. Adicionalmente, si se toman los datos que Petroecuador presentó en la Corte Constitucional, las tasas de extracción del crudo de este campo no dejan de caer en los próximos años. Con esto se desbarata de paso aquello de que las pérdidas para los gobiernos autónomos descentralizados serían enormes.
– Incluso las últimas cifras de reservas Petroecuador hablan de 282 millones de barriles[14]; por cierto, esta cifra demuestra que los 1.672 millones de barriles del año 2016 no se sostenía en criterios técnicos, puesto que hasta la fecha se habrían extraído 122 millones de barriles.
– Como para que no quepa la menor duda de que no es mayor la cantidad de petróleo explotable, el ministro Fernando Santos Alvite reconoció que en los últimos pozos de exploración solo se obtiene “un crudo pesadísimo, una verdadera melcocha que no puede moverse al oleoducto”. Claro que este ministro, otro defensor a ultranza de los intereses petroleros transnacionales, dice que con alguna empresa extranjera si se podría seguir extrayendo… la brea.
Tres falsedades repetidamente mencionadas
Se repite con insistencia que si Ecuador no explota el crudo del ITT lo hará el Perú. Algo imposible con la actual tecnología: los yacimientos Ishpingo, Tambococha y Tiputini están a 20 kilómetros de la frontera. De lo que se conoce no son yacimientos compartidos. Y como hemos dejado sentado, se trata de un crudo cada vez más pesado que es difícil transportar. Adicionalmente, el Perú ya desactivó en su catastro petrolero de mayo del 2023 el Bloque 121, en donde antes estaba la empresa francesa Perenco. Es más, el Perú está conformado una zona de reserva para pueblos indígenas en aislamiento voluntario: la Reserva Napo-Tigre. Eso se puede ver en el Decreto Supremo que declara el reconocimiento de los pueblos indígenas Aewa, Taushiro, Tagaeri, Taromenane y Záparo en situación de aislamiento, correspondientes al ámbito de la solicitud para la creación de la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes. (Link)
Además, con la experiencia acumulada dentro y fuera del país no es puede comer el cuento de que con “tecnología de punta” se puede evitar los destrozos ambientales: asumir esa posición sería como aceptar que Drácula se volvió vegetariano y le podemos encargar el cuidado del banco de sangre. Basta con tener presente los derrames en los últimos años: entre el 2012 y mayo del 2022 hubo 1.584 derrames en la Amazonía, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica; es decir, 12,6 derrames por mes. Y de lo poco que se sabe al respecto, en el ITT ya se registra más de una veintena de derrames. (Consultar en “Las deudas ambientales de Ecuador en el 2022: derrames de petróleo, sentencias no cumplidas y el impacto imparable de la minería”. Disponible aquí)
Tampoco debería ser aceptable que si se retira la empresa estatal petrolera se abre la puerta a la minería ilegal y a la tala indiscriminada del bosque amazónico. Las Fuerzas Armadas no solo están obligadas a proteger el territorio de las petroleras y las mineras, sino todo el territorio nacional. Es más, no podemos dejar al margen el hecho de que el Estado y también las empresas mineras “legales” son de una u otra manera, cómplices de las empresas mineras ilegales. Es más, se puede afirmar categóricamente que la minería resulta un “pésimo negocio” para el Ecuador (Consultar en Alberto Acosta, John Cajas-Guiarro, Francisco Hurtado, William Sacher (2020): El Festín Minero del Siglo XXI – ¿Del ocaso petrolero a la pandemia megaminera?, Abya-Yala, Quito. Disponible aquí)
Nota: agradezco las observaciones realizadas a un texto preliminar por parte de William Sacher, Ramiro Avila y John Cajas-Guijarro, tanto como la información proporcionada por Wilma Salgado.
Notas:
[2] Consultar en https://sialyasuni.com/wp-content/uploads/2023/06/ITT-Evaluacion-Economi…
[3] Repensar esta Iniciativa demandará mucha coherencia, no es una cuestión que puede ser improvisada. Tampoco se puede caer en lógicas mercantiles. Lo que cuenta es establecer una estrategia política de largo plazo a partir del principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas: los grandes países, responsables de las mayores destrucciones ambientales, tendrán que contribuir mucho más para enfrentar el colapso ecológico provocado por el capitaloceno. Recordemos lo difícil y complejo que fue ponerla en marcha. Recomendamos la lectura de este artículo de Alberto Acosta (2014): “La Iniciativa Yasuní-ITT – La difícil construcción de la utopía”. Disponible en https://rebelion.org/la-dificil-construccion-de-la-utopia/
[4] Ver el reportaje en https://www.vistazo.com/estilo-de-vida/sostenibilidad/el-crudo-del-yasuni-alimenta-al-dragon-chino-DY5144353)
[5] Petroecuador no entregó los costos de extracción del crudo pesado del ITT, de menos de 15ºAPI, en la Corte Constitucional. Solo presentó un valor de 16 dólares por barril; faltaría el costo del capital, por lo menos.
[6] Ver la acción de Correa y Moreno en este artículo de Alberto Acosta y John Cajas-Guiarro (2018); “Del cinismo correísta al entreguismo “morenista”- Matices de una vil continuidad”. Disponible en https://rebelion.org/matices-de-una-vil-continuidad/
[7] Consultar en https://www.primicias.ec/noticias/economia/cepal-evasion-tributo-ecuador/
[8] Esto no implica que no se pueda plantear una política tributaria progresiva para que los que más ganan y más tienen contribuyan más, incluyendo la revisión de la estructura a dichos subsidios. Consultar la propuesta de Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro (2022); “Por una solución integral al subsidio de los combustibles… una vez más”. Disponible en https://ecuadortoday.media/2021/08/26/por-una-solucion-integral-al-subsi…
[9] La balanza de pagos registra sistemáticamente la información sobre operaciones económicas de todo tipo que realiza un país con el resto del mundo, incluye exportaciones e importaciones, remesas de la migración, movimientos de capitales y créditos, transferencias y otros muchos rubros.
[10] El extractivismos petroleo y minero no llega ni al 0,5% de la población económicamente activa.
[11] Entendemos como “terrorismo económico” la acción de cualquier persona o institución u organismo que difunde noticias u opiniones infundadas o carentes de constatación empírica que pueden llevar a la población a la aceptación de posiciones sumisas frente a situaciones supuestamente inevitables. Esas acciones pueden ser procesadas a través de entrevistas, artículos periodísticos o incluso académicos, estudios “serios” o simples rumores. Esto, por ejemplo, sucede cuando de manera irresponsable o tendenciosa (porque se defiende de forma solapada algún interés particular) se amenaza con que si no se sigue explotando el petróleo del ITT caminamos hacia el abismo -peligra la dolarización, más desempleo o más ajuste fiscal- con el fin de sensibilizar a la opinión pública y así procesar una sumisa aceptación de las actividades petroleras.
[12] Sobre este “crecimiento empobrecedor” nos hablaba el profesor de la Universidad de Columbia, Jagdish Baghwaty, ya en 1959. La reducción de ingresos por una caída de los precios no se puede simplemente recuperar con un incremento de la tasa de extracción de crudo. Bien sabemos que todos los países con economías periférico-dependientes atadas a la exportación de recursos primarios caen en la trampa de forzar las tasas de extracción de dichos recursos, cuando sus precios bajan. Buscan, como sea, sostener sus ingresos por las exportaciones de dichos bienes. Esta realidad beneficia a los países centrales: un mayor suministro de materias primas -petróleo, minerales o alimentos-, en épocas de precios deprimidos, ocasiona una sobreoferta, reduciendo aún más sus precios.
[13] Usando el caso “optimista” de 2016: 1.672 millones de barriles de reservas, con escenarios con precios de 70 dólares por barril de crudo, en promedio la explotación del ITT debería generar 3.625 millones de dólares de ingresos netos anuales respectivamente. Pero estas cifras se diluyeron rápidamente… quedaron en el papel de la propaganda del gobierno de Rafael Correa.
[14] Consultar en https://elperiodicodelaenergia.com/petroecuador-estima-perdidas-15-353-millones-euros-gana-plebiscito-yasuni/
Economista. Funcionario de la Corporación Petrolera Ecuatoriana – promotor de la Gerencia de planificación y gerente de comercialización- y de la Organización Latinoamericana de la Energía- OLADE, en los años ochenta. Consultor internacional y nacional de temas energéticos y petroleros. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Autor de varios libros y artículos sobre cuestiones de petróleo, minería y energía.
