Por invitación del presidente Lula da Silva se reunirán en Belém do Pará, Brasil, los ocho presidentes de la Amazonía, -Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela- los días 8 y 9 de agosto, en una cumbre que contará con una amplia atención internacional. Para todos es visible que los incendios forestales provocados por el hombre y la continua deforestación están dañando el “pulmón” de la Tierra. La situación actual indica un deterioro acelerado de la Amazonía y se ven pocas posibilidades de trabajar por su restauración en aras de conservar la integridad del ecosistema, detener el uso destructivo de la tierra y evitar que se alcance el punto de no retorno.
Más allá de un nuevo llamado de urgencia, se espera de los países amazónicos una respuesta con acciones concretas y contundentes frente a la crisis climática y de biodiversidad, y para preservar la principal reserva hídrica del mundo. Según las intenciones del presidente brasileño, la Cumbre Amazónica debe emitir una señal a las naciones desarrolladas, que serán convocadas para financiar la sostenibilidad de las selvas tropicales y entregar fondos ya prometidos.
Para Lula, la cuestión del cambio climático es parte de la discusión sobre la desigualdad económica global, por lo cual su impulso político está dirigido fuertemente hacia el exterior con miras a la COP 28 a finales del año.
Conciliar posiciones
Sin embargo, también es esencial acordar medidas concretas y robustas por parte de los países amazónicos. El reto consiste en ganar gobernabilidad en el área y conciliar posiciones nacionales para la cooperación intergubernamental con una estrategia regional de seguridad, de tal manera que no se logre definir solamente acuerdos declaratorios sino medidas concretas de carácter obligatorio para su implementación.
La pre-cumbre que organizó a inicios de julio el presidente colombiano, Gustavo Petro, en Leticia, Colombia, evidenció que los acuerdos hasta el momento no se han logrado del todo, lo cual en parte es consecuencia del alto nivel de conflictividad de actores e intereses en la Amazonia. Desde la minería ilegal de oro y la expansión territorial de la ganadería, hasta la tala ilegal de maderas preciosas, chocan con los intereses de las comunidades locales, las cuales, ante la creciente violencia, no pueden recurrir a funcionarios estatales eficaces, ya que su presencia en el área es más que precaria.
Los intereses conservacionistas de pueblos indígenas y el uso de los recursos naturales de la selva que persiguen los líderes empresariales de la agroindustria no son fáciles de conciliar en el Brasil, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador hay que enfrentarse con el comercio ilegal de exguerrilleros y el avance del cultivo de coca en áreas protegidas.
Falta de recursos
Queda en evidencia que estos países carecen de los recursos necesarios para organizar controles de gran alcance para frenar el crimen organizado; ni hablar de crear programas que ofrezcan a los residentes alternativas legales a su empleo en negocios ilícitos. Esto vale especialmente para la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Aunque existe desde el año 1978 la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), su accionar ha sido diezmado en el pasado por los conflictos políticos de los gobiernos de Brasil, Colombia y Venezuela. 14 años después de su última cumbre, se inicia un nuevo intento para organizar el accionar común. Así, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, reconoció en la pre-cumbre de Leticia que hay un gran reto de los Estados que conforman el Bioma Amazónico de llenar los vacíos que favorecen la criminalidad transfronteriza.
Niveles record en cuanto a la deforestación caracterizan la situación en Bolivia y Ecuador, donde el avance del cultivo de soja penetra continuamente bosques primarios. Se calcula que en la suma global de deforestación, la Amazonía está en un 17%, muy cerca del 20%, punto en el cual se estima que ya no tendría la capacidad de regenerarse.
Los avances de la cumbre podrían verse restringidos por el simple hecho que los intereses nacionales no convergen: así, el presidente colombiano desea terminar la explotación de energías fósiles, mientras que sus contrapartes en Brasil, Ecuador y Perú no se identifican con este objetivo y siguen activos en la explotación del petróleo. También habrá que llegar a acuerdos para reducir las causas agrarias de la crisis climática y garantizar la participación del movimiento campesino, afro, de mujeres y jóvenes, al igual que los derechos de los pueblos indígenas. Lograr consolidar un plan estratégico y una visión conjunta para la Amazonía no será suficiente. Se necesitarán acciones robustas para dar un golpe de timón a las políticas públicas en dicha región.
La comunidad internacional, que observará con gran interés los resultados de la cumbre, debería pensar en un rediseño del Fondo Amazonía, un mecanismo para ayudar a prevenir, vigilar y combatir la deforestación, creado en 2008 y reactivado con el regreso de Lula a la presidencia de Brasil. Noruega, su mayor donante, podría emprender iniciativas para que el Fondo pueda destinar sus programas no solamente a la conservación de la Amazonia en Brasil, sino expandirlos a todos los países de la cuenca del Amazonas con el apoyo de donantes menores, como Alemania.
