Ayer se efectuó otra manifestación en Caracas de la comunidad LGBTIQ+ por sus derechos humanos y en contra de los ataques judiciales, sexuales, que han discriminado a treinta y tres ciudadanos en Valencia.
Uno ignora si estas actuaciones últimamente desacostumbradas en los lugares de reunión y recreación de la comunidad LGBTIQ+ del país son producto de alguna venganza especial de alguien poderoso. Pero las secuelas han sido penosas. Se ha afectado la imagen del negocio, las 33 personas, la comunidad de las que ahora ellos son símbolo indudable de lucha por los derechos y al país entero. Innecesariamente.
Las acusaciones y los procedimientos a los que fueron sometidos son verdaderamente intragables. Contaminación sónica en un local cerrado, por ejemplo. Atentado al pudor, será el de ellos, porque ahí no había más nadie que fuera afectado de esa manera. Y estar juntos con el propósito de delinquir. Como si ser homosexual constituyera algún delito.
Los 33 quedarán en la historia de esta incansable pelea por obtener derechos que son conculcados sin miramiento alguno. Es inocultable la existencia, así sea una minoría no deja de ser muy significativa, de una extensa comunidad sexo diversa en Venezuela. De hecho, somos uno de los pocos países de todo el continente americano que no reconoce la unión de personas del mismo sexo, ni los cambios de identidad para personas trans, entre otras violaciones los derechos humanos. Por un problema eminentemente político, vinculado con nuestras relaciones amistosas, como país secuestrado, con naciones como Rusia e Irán. Vamos literalmente a la cola de los tiempos. Por un régimen de hipócritas y retrógradas también en materia de sexualidad humana.
Por suerte pertenezco a un partido cuya líder y cuyos integrantes no se andan, como otros, con ambages al respecto de las libertades sexuales. No hay timoratos ni moralínicos en Encuentro Ciudadano y, nuestra candidata, Delsa Solórzano, como defensora a ultranza de los derechos humanos, no es quien va a contradecir las exigencias personales e institucionales trazadas por la ONU en la materia, todo lo contrario.
Los 33 han sido estigmatizados por estar compartiendo en un lugar homosexual. Han sido sometidos a libertad condicional. Aunque existe un ofrecimiento de sobreseimiento de la causa por parte de quien ocupa la Fiscalía General de la República. Hasta el Colegio Nacional de Periodistas hizo un llamado público a la ética para sus miembros. No dudo que la comunidad LGBTIQ+ saldrá fortalecida con este hecho que ha afectado más a 33 de sus integrantes. Pero pongo muy en duda que haya algún cambio positivo mientras el régimen de Nicolás Maduro detente el poder en Venezuela.
Deberemos seguir la lucha por los derechos y generar las leyes que permitan las libertades que la comunidad LGBTIQ+ reclama justamente. En Encuentro Ciudadano estamos listos para ello.
