Después de cuatro décadas de carrera por entrar en el gran mercado asiático, las compañías europeas y estadounidenses están empezando a replantearse esa estrategia
El desacoplamiento de China y Occidente ha llegado a las empresas. El resultados es que, después de cuatro décadas de carrera por entrar en ese mercado, las compañías europeas y estadounidenses están empezando a replantearse esa estrategia: algunas están reduciendo su presencia en la segunda mayor economía mundial y las que sólo trabajan con activos intangibles, como las de servicios profesionales, como consultoría o abogacía, están empezando a hacer las maletas.
La suiza Dentons, el mayor bufete del mundo por empleados, anunció el lunes pasado que abandona China, donde había protagonizado hace ocho años la mayor fusión del sector, al fusionarse con su rival Dacheng y crear un gigante con 12.000 abogados que opera en 80 países. Hace dos meses, Sequioa, una de las firmas emblemáticas del capital-riesgo, anunció que se dividirá en tres empresas, especializadas, respectivamente, en Estados Unidos, China, e India. Hace tres, la empresa de análisis de mercados Forrester Research ya había hecho lo mismo.
Las compañías con actividad manufacturera o de distribución -y, por tanto, activos físicos- en China no pueden ir tan deprisa, pero también están dando señales inequívocas de que ese mercado presenta riesgos al alza, La farmacéutica anglosueca AstraZeneca – la mayor empresa por valor de la Bolsa de Londres- ha trazado planes de contingencia en caso de que tenga que dejar China, según informó en junio el diario Financial Times. Y la compañía más valiosa del mundo, Apple, está transfiriendo progresivamente parte de sus actividades de China a Vietnam, India y los propios Estados Unidos. En junio, la encuesta de confianza empresarial de la Cámara de Comercio Europea en China indicaba con estadísticas demoledoras que estos nombres famosos distan de ser casos aislados: el 10% de las empresas europeas con sede en China continental (es decir, excluidos Hong Kong y Macao) planean cerrar sus oficinas centrales -que en muchos casos también lo son de todas Asia- en ese país; el 8% han sacado fuera del país unidades y el 11% planean hacer eso en el futuro.
Los motivos de estas salidas de empresas de un mercado, el chino, que hasta ahora era considerado prioritario son tanto los cada vez más estrictos controles de China a las actividades de los inversores extranjeros -lo que ha incluido registros policiales de las sedes de algunas firmas y retrasos de meses en las concesiones de visados- y, al mismo tiempo, el endurecimiento de los controles de Estados Unidos a las inversiones en China en sectores considerados estratégicos. Finalmente, el frenazo de la economía china, cuya recuperación post-Covid está siendo mucho más lenta de lo esperado, ha supuesto la puntilla en China a la inversión extranjera directa (es decir, la que se realiza en empresas ya existentes o creando nuevas unidades operativas en un país con la mirada puesta en el largo plazo). Todo eso es además un problema para algunos Gobiernos europeos, muy notablemente el francés, que se han propuesto estrechar los vínculos económicos con la segunda economía mundial, pese a la oposición de Estados Unidos.
Justo dos días después del anuncio de Dentons, el Gobierno de Joe Biden anunciaba una nueva orden Ejecutiva -el equivalente de un decreto-ley en España, aunque sin necesidad de que el Congreso lo ratifique- que en la práctica impedirá la inversión de private equity y capital-riesgo en los sectores de Inteligencia Artificial (IA), computación cuántica y producción de microprocesadores avanzados. La decisión es un paso más dentro de la ofensiva lanzada desde octubre por EEUU para frenar el desarrollo de esas tecnologías por China, y afecta a dos de los sectores de la industria financiera más influyentes de Estados Unidos. El private equity ha crecido de manera exponencial con las políticas de tipos de interés bajos de los bancos centrales. El capital-riesgo se ha convertido “en una de las mayores exportaciones de Estados Unidos”, en palabras precisamente de uno de los financieros que ha creado la moderna industria del private equity, David Rubenstein, el cofundador del fondo Carlyle.
A eso se suma la cada vez mayor restricción de libertades en China, que en ocasiones parece haberse transformado simplemente en acoso a las empresas extranjeras. En marzo, las oficinas en Hong Kong de la empresa de investigación neoyorkina Mintz Group fueron registradas por la policía china, que arrestó a cinco empleados de esa nacionalidad. Un mes después, fue el turno del rival de Mintz, la chino-estadounidense Capvision, y de la consultora Bain, cuya sede está en Boston.
El hecho de que las tres compañías realicen actividades de due diligence -es decir, investigar si las compañías que están negociando su venta tienen todas sus cuentas en orden o incluso si sus gestores o propietarios tienen conductas que puedan presentar problemas legales o reputacionales- parecía indicar que el Gobierno de Xi Jinping no quiere que los inversores extranjeros sepan la situación del mundo empresarial chino. Ese mismo mes de abril, China aprobó una ley de contraespionaje que refuerza el control del Gobierno de ese país sobre las actividades empresariales e imposibilita a las empresas extranjeras a acceder a cierta información sobre sus clientes o a informar de ella a sus oficinas fuera del país.
Para Dentons, ese nuevo entorno regulatorio hace imposible seguir operando en China, así que la empresa ha optado, esencialmente, por deshacer la fusión de 2015 y dejar China a Dacheng. Dentons continuará operando en Hong Kong, pero dado que en 2019 Pekín despojó a la excolonia británica de prácticamente toda su autonomía, no está claro hasta qué punto esa solución será duradera.
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