América Latina fue conmocionada el pasado jueves 9 de agosto con la lamentable noticia del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. La campaña electoral del hermano pías se tiñó de sangre y muerte con este abominable crimen. Lo que debió ser una contienda cívica, pacífica y moderna nos ha sumido en la tristeza y la angustia por la acción violenta, bárbara y primitiva de unos sicarios que terminaron con la existencia de un hombre que quería conducir los destinos de su país.
Esa violencia física tiene su precedente en la violencia verbal que sectores antagónicos vienen impulsando, no solo en ese país, sino en todo nuestro continente. Un lenguaje verbal y corporal que introduce una dinámica de intolerancia y agresividad detrás de la cual se esconde una infinita ambición de poder y riqueza.
Desde estas líneas condeno, una vez más ese crimen, pero también formuló mis votos porque este comportamiento no se extienda hasta el punto de poner en peligro la convivencia pacífica de la hermana nación ecuatoriana.
Ya América Latina ha vivido bastantes episodios de violencia, guerra civil y confrontación fratricida. Recordar las guerras de centro americana en la segunda mitad del siglo XX, o las de Colombia, hoy en proceso de negociación final, nos puede colocar en la dimensión del daño que está perversión genera a una sociedad.
Lo ocurrido en Ecuador nos debe llevar a la reflexión en nuestro país.
“Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”, dice el viejo adagio popular. En estos mismos tiempos hemos asistido, en nuestro país, a una serie de eventos violentos contra los ciudadanos que ejercen liderazgo y muy especialmente contra quienes participamos como candidatos a las primarias presidenciales de la unidad democrática nacional.
Diversos voceros de la cúpula gobernante han estado azuzando la violencia, unos de forma disimulada y otros de forma explícita y directa. Un caso recurrente de violencia verbal es la de Diosdado Cabello quien ordena a sus huestes prepararse para impedir el libre desenvolvimiento de quienes estamos en la calle convocando a la participación ciudadana. Otro caso relevante, en los últimos días, ha sido el discurso del gobernador dé Trujillo contra todos los candidatos presidenciales y especialmente contra María Corina Machado. La situación ha ido más allá de la incitación a la violencia. Tenemos una serie de eventos en los cuales se ha hecho presente una violencia física de baja intensidad, pero violencia al fin. Cierre de vías, empujones, golpes e insultos para varios de los líderes de la oposición democrática. De ahí al asesinato hay un pequeño trecho. En cualquier momento se puede salir de control la situación y terminar en una tragedia. Por ello es necesario visibilizar cada discurso, cada amenaza y cada evento promotor de la violencia. No podemos olvidar, con el ánimo de evaluar a los actores políticos, el origen violento de la llamada revolución bolivariana. Su aparición en la vida pública de nuestro país se produjo a sangre y fuego el 4 de Febres de 1992, cuando la logia militar pretendió apoderarse por la fuerza del poder.
Desde entonces no han cesado de amenazar a la sociedad democrática. “Somos una revolución pacífica, pero armada…..” solía afirmar el extinto Comandante de Sabaneta. A lo largo de estos 23 años ha existido una constante violencia verbal y física contra quienes no comulgamos con el marxismo castrista que nos han impuesto. Sería muy largo recordar la larga lista de eventos y víctimas de esa violencia, que hoy tienen bajo investigación de la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro y su cadena de mando. De modo que no exageramos al afirmar que nosotros estamos en grave riesgo de violencia, por la naturaleza de quienes controlan el poder.
Maduro y su entorno son responsables de la vida y la integridad física de quienes estamos involucrados en la lucha política para ofrecer al país una alternativa de cambio en el campo político y electoral.
Desde la sociedad democrática debemos asumir con toda firmeza el rechazo a esa violencia, dando testimonio permanente de nuestra búsqueda de un cambio pacífico y electoral. No podemos pisar el peine de la violencia que muestra a cada instante la cúpula roja. Vamos a insistir en nuestra determinación de concurrir al proceso electoral presidencial que por mandato constitucional debe efectuarse a finales del próximo año 2024. En la medida que la estrategia y la táctica de la barbarie roja no logré sacarnos de la ruta electoral, en esa misma medida se consumara su derrota política.
