Hay que recordar que en 2024 solo será electo el Presidente de la República. El resto de los Poderes Públicos se mantendrán como en la actualidad.
La única forma como el régimen puede conservar el poder en las elecciones nacionales es mediante el fraude o la manipulación, una de cuyas expresiones es mantener inhabilitados a los aspirantes sancionados por la Contraloría, o inhabilitar a otros más. La experiencia de Barinas podría repetirse, esta vez a escala nacional. Maduro inhabilitó a Freddy Superlano cuando ganó la gobernación de ese Estado. Luego hizo lo propio con la esposa del líder de Voluntad Popular y, finalmente, el Gobierno aceptó la nominación de Sergio Garrido, dirigente que hasta ese momento se encontraba en la segunda línea en la entidad federal. Si ahora adopta esa estrategia, podría terminar aceptando como candidato no oficialista a un ‘alacrán’ completamente manso, que no represente ningún peligro para la supervivencia de la casta gobernante.
En contrapartida, en el supuesto de que, en efecto, las votaciones nacionales fuesen aceptables para la oposición porque transcurren en un ambiente de equilibrio y transparencia, y el candidato democrático triunfa y su victoria es reconocida por el Gobierno, el nuevo Presidente, o Presidenta, no tendría otra opción que gobernar con el madurismo. Este posee el control de la cúpula militar (Vladimir Padrino fue ratificado por noveno año consecutivo como ministro de la Defensa), cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, en las gobernaciones y municipios, y domina el Poder Judicial, además del llamado Poder Moral.
El madurismo es una realidad institucional que no conviene obviar ni despreciar. Su desconocimiento puede conducir a errores tan graves como los cometidos por el efímero Gobierno de Pedro Carmona, que despreció los poderes constituidos, pretendiendo abolirlos de un plumazo, como si las realidades institucionales fuesen pura ficción.
El nuevo mandatario que se instale en Miraflores producto del voto ciudadano y del ejercicio de la soberanía popular, será el Presidente de una República, no el Rey de una monarquía absolutista, como muchos creen. Y será el Presidente de una República en crisis, a la que cuesta llamar república porque los mecanismos democráticos han sido utilizados para desvirtuar, maniatar o someter los Poderes Públicos y ponerlos al servicio de la claque enquistada en Miraflores desde hace un cuarto de siglo.
El cuadro institucional del país hará mucho más exigente el arte de gobernar del futuro Presidente y su Consejo de Ministros. La Constitución indica que la Fuerza Armada Nacional es una institución no deliberante subordinada al poder civil y a la soberanía expresada a través del sufragio universal. Sin embargo, el Alto Mando, el ministro de la Defensa y ahora el comandante de la Guardia Nacional, exaltan con frecuencia el legado de un golpista como fue el llamado ‘comandante eterno’ y se declaran chavista. En este punto existe, obviamente, una paradoja. La FAN actual no es apolítica. ¿Entonces, será obediente a lo que decida el pueblo en las urnas electorales? Uno de los grandes retos de ese futuro Comandante en Jefe de la Fuerza Armada, competencia que la Constitución le asigna al Presidente de la República, será alinear de nuevo la institución castrense a lo pautado en los principios republicanos y democráticos señalados en la Carta Magna. Desatar este nudo no es sencillo, pero resulta crucial para la paz del país y la supervivencia de ese hipotético Gobierno.
Los proyectos de leyes, el Presupuesto Nacional y todas las disposiciones legales que requieran la aprobación de la Asamblea Nacional, saldrán luego de un arduo debate y tensiones entre los ministros y los diputados. Esa AN, tan complaciente con las arbitrariedades e improvisaciones de Maduro, seguramente se transformará en un implacable fiscalizador de la actuación de los ministros y del jefe de Estado. La Comisión de Contraloría, por ejemplo, que jamás ha pedido la comparecencia de ninguno de los ministros y presidentes de empresas del Estado responsables del saqueo al que ha sido sometido el sector público, seguramente se convertirá en verdugo de los miembros del Gabinete.
El Tribunal Supremo de Justicia, aunque mucho más acomodaticio que los demás organismos, podría trabajar en comandita con los diputados de la AN con el fin de bloquear o ilegalizar iniciativas del Ejecutivo en distintos campos.
En fin, la atmósfera que rodeará el trabajo del futuro mandatario y su equipo de apoyo será hostil. Nada que ver con ese remanso que consiguió Chávez en 1999, cuando pudo convocar una Constituyente que no estaba contemplada en la Constitución de 1961, crear el ‘Congresillo’ y ‘refundar’ la República, con la anuencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, rendida de forma servil frente a un caudillo militar que había protagonizado el golpe del 4 de febrero de 1992.
Ese deseable nuevo gobernante tendrá que exhibir todas las dotes de un político capaz de neutralizar, ganarse apoyos y establecer alianzas con adversarios rencorosos y vengativos, a los cuales el país no les importa en absoluto. Ese Presidente debe tener claro que se trata de recuperar y reconstruir una nación, no solo de rehacer una economía o tal o cual institución.
@trinomarquezc
