No inhabilitan por traición a la patria
Una de las acusaciones preferidas del chavismo contra sus adversarios es la de traición a la patria. En el cuarto de siglo de hegemonía política que ese grupo ha ejercido sobre el país ha nacido y crecido toda una generación de venezolanos que no recuerdan que esa imputación ha sido parte de la retórica oficial desde enero de 1999.
Eso no es de extrañar, es parte consustancial de este tipo de regímenes políticos. En México, por ejemplo, su mandatario Andrés Manuel López Obrador no pasa semana sin señalar quién es traidor a la patria en su país; por supuesto, invariablemente la acusación va dirigida en contra de sus críticos y adversarios. Citemos otro caso reciente; en vísperas de la Navidad del año 2020, la mayoría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”. Con ese larguísimo título la arbitraria norma impedía participar en las elecciones generales de ese país a todos aquellos acusados de promover protestas sociales o solicitar sanciones internacionales contra el gobierno del hermano Daniel Ortega.
De acuerdo a esa legislación todo opositor nicaragüense considerado “golpista” o “traidor a la patria” queda inhabilitado para optar a cualquier cargo de elección popular.
En Venezuela, como comentamos al inicio, repartir indulgencias de fidelidad patriótica es parte ineludible de la retórica oficialista. Ellos son patriotas, los otros no. Ellos son el polo patriótico, o el gran polo patriótico y tienen el Plan de Patria. Los que se ubican del otro lado de la acera no lo son, o directamente son la antipatria, o traidores a ella.
De modo que no deja de tener cierta lógica (perversa, pero lógica al fin) que cada cierto tiempo, por razones más utilitarias que de principios, desde las filas del oficialismo venezolano se use la citada acusación con el propósito de “justificar” las denominadas inhabilitaciones políticas y de ese modo sacar de la carrera, o amenazar, a distintos adversarios. Es decir, un traidor a la patria no debería aspirar a un cargo de elección popular, razón por la cual debe ser castigado.
Insistamos en un punto, en febrero de 1999 nadie en Venezuela había solicitado algún tipo de medida internacional de carácter coercitivo contra el recién elegido gobierno y tampoco se clamaba por desconocer el origen de su legitimidad democrática, cuando el flamante Presidente ya señalaba los presuntos traidores a la patria. Y de allá para acá lo excepcional se hizo costumbre.
Nunca está de más recordar que Bélgica no invadió Alemania sino que Alemania invadió Bélgica, porque va quedando en el olvido cómo y quién empezó lo que algunos llaman “el conflicto”; eufemismo que disfraza el proyecto de poder absoluto impuesto arbitrariamente sobre la patria de Simón Bolívar en los últimos 23 años.
Pues bien, como parte de su irrenunciable línea de actuación política, desde el oficialismo se ha puesto nuevamente en exhibición, cual espada de Damocles, la vieja acusación. La Asamblea Nacional (AN) designó una comisión especial que dice tener como propósito “investigar el alcance y las responsabilidades de las confesiones del expresidente Donald Trump”, en la cuales se habría revelado los nombres de los opositores venezolanos que supuestamente se coludieron con él para cometer al menos ocho delitos, entre los que destaca en primerísimo lugar (no podía ser de otra manera) el de traición a la patria. El pasado mes de julio la mencionada comisión se dio un plazo adicional de 30 días a fin de presentar un informe definitivo con los nombres de los implicados, que, sin embargo, ya se sus integrantes se han ocupado diligentemente de difundir.
Como en tantas otras cosas, lo que resalta aquí es la abierta y para nada disimulada contradicción de acusar al adversario de lo que con orgullo se ha venido practicando de manera sistemática.
Por ejemplo: como es de todos conocidos, y quedará grabado en las páginas de la historia nacional, la decisión de que Nicolás Maduro fuera elegido Presidente de Venezuela se tomó en Cuba, con la implicación directa y en beneficio del gobierno cubano, siendo protagonista de este capítulo Fidel Castro Ruz.
Ahora que muchos empiezan a insistir que el régimen venezolano no ha sido de izquierda, ni ha tenido nada que ver con el socialismo (este es un clásico), vale la pena recordar aquí el papel asignado a Venezuela como suplidor confiable de petróleo a fondo perdido; subsidio sin el cual la ruinosa dictadura cubana, que toda la izquierda mundial lleva décadas presentando como un modelo a seguir, ya se hubiera derrumbado, como lo hacen por estos días los edificios de La Habana edificados en la primera mitad del siglo XX.
Maduro fue elegido heredero y sucesor para eso; a costa de los intereses nacionales venezolanos y con la implicación directa del gobierno de un tercer país. Si eso no es traición a la patria se le parece bastante.
En esa operación se involucró disciplinadamente toda la coalición chavista (civil y militar), que en medio del apremio de esos días (diciembre 2012-marzo 2013) no tuvo reparo alguno en violar la Constitución de 1999, pues su Artículo 229 dice: “No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección”. Como se recordará el actual jefe del Estado era Vicepresidente Ejecutivo en ejercicio.
Sobre ese capítulo de las especiales relaciones cubano-venezolanos permítasenos citar (y recomendar) el libro del periodista Juan Carlos Zapata “Chávez a la hora y en la hora de su muerte” del año 2021. Allí se relata con bastante detalle las circunstancias, actores y razones de una decisión tomada en Cuba pero que determinó el destino de Venezuela hasta el momento presente. Varios de los aspectos relatados en ese texto son bastante conocidos, aunque otros son inéditos. No obstante, la historia gruesa es de dominio universal.
Desde el punto de vista de la estrecha relación establecida desde 1999 en adelante entre la Venezuela chavista y la Cuba castrista aquella decisión parece una consecuencia hasta natural. Después de todo, el mismo chavismo que ve la paja en el ojo de sus adversarios no ve la viga en el suyo propio, cuando le entregó al gobierno cubano áreas claves del Estado venezolano como (todo) el sistema de identificación y extranjería, de inmigración, y ha permitido que asesores de esa nacionalidad se hayan implicado en la reorganización y acciones de los cuerpos de seguridad con los cuales se han reprimido, detenido y hasta asesinado a venezolanos.
Dejemos para otro día el volver a detallar el mil millonario subsidio petrolero venezolano en favor del gobierno cubano (que no de los cubanos de pie), mientras la miseria y el hambre se generalizaban en Venezuela.
Según alguna definición que se puede ubicar en la web, traición a la patria es un: “hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad”. Tanto eso como el artículo 128 del Código Penal venezolano aplican.
Oponerse al chavismo es traición a la patria, porque ellos se creen la patria. Por eso inhabilitan.
Al Navío – @PedroBenitezf
