Al pueblo venezolano
Nosotros los abajo firmantes, conscientes de la importancia que reviste la Industria Venezolana de los Hidrocarburos como factor esencial en las soluciones de los problemas de los venezolanos, de una manera urgente e integral, presentamos a la consideración de todo el país, la siguiente propuesta para lograr por la vía del consenso una visión compartida de lo que debe ser el enfoque a aplicar en el corto, mediano y largo en nuestra industria.
Acuerdo nacional sobre la industria venezolana de los hidrocarburos
Un Acuerdo Nacional sobre la Industria Venezolana de los Hidrocarburos, es una necesidad determinante y fundamental para lograr la recuperación económica del país. Este Acuerdo Nacional provocará la evolución de nuestro país hacia una economía diversificada, eficiente, competitiva, abierta al capital privado nacional e internacional, con el rol de un Estado promotor y en donde la industria de los hidrocarburos tenga opciones para recuperarse rápidamente y Venezuela retomar su posición como proveedor seguro y confiable. Las bases del Acuerdo Nacional son el diseño de un nuevo modelo que necesita ser dinámico, progresivo, amplio y flexible a los cambios que hoy vive el sector energético mundial, pero además de rápida implementación y atractivo a la inversión privada para así lograr el máximo beneficio a la Nación.
Durante más de dos décadas nuestro país ha sido objeto del mayor desastre estructural, económico e industrial que país alguno haya sufrido en tiempos recientes en nuestro continente. Este drama social y económico se potencializa por la concurrencia de situaciones criticas que nos obligan como nación ante un cambio político, a adoptar medidas urgentes, eficaces y efectivas. La destrucción de las instituciones y el profundo deterioro de los servicios públicos de
salud, agua, electricidad y educación, nos han conducido a una terrible crisis humanitaria causada, entre otros factores, por un conjunto de decisiones políticas erradas. En consecuencia, ha habido un significativo impacto negativo en la Industria Nacional de los Hidrocarburos y más notable aun, la paralización de la sociedad y la desaceleración de la actividad económica en general.
La industria mundial de los hidrocarburos en general y la nacional en particular, tienen hoy el reto de extender en el tiempo su relevancia como principal fuente energética mientras minimizan su huella ambiental, siendo esencial el apoyo al desarrollo por la vía de la investigación, la ciencia y la tecnología. Esto lo deberán enfrentar en un escenario de dificultades para la consecución de financiamiento, de alto nivel de competencia por mercados, de cambios en los esquemas fiscales y arancelarios para el consumo del petróleo, de precios moderados con marcada incertidumbre en los mercados por la creciente producción y consumo de energías renovables.
En estas apremiantes circunstancias, se presenta a consideración de la Nación, sus instituciones, la dirigencia política y las fuerzas vivas, y a los ciudadanos en general, las bases para un Acuerdo Nacional que permita reestructurar y redimensionar las operaciones de la Industria Nacional de los Hidrocarburos. Para ello se necesitará un nuevo marco jurídico, fiscal y regulatorio que permita la apertura a la participación de la inversión privada en todas las fases
del negocio, y a la vez solucionar la agobiante situación de ineficiencia de PDVSA con su restructuración financiera, comercial, ambiental y laboral.
Las bases del Acuerdo Nacional contemplan como objetivo el incremento acelerado de la exploración y producción de petróleo y gas, con la búsqueda de nuevos recursos de crudos livianos, medianos y gas, así como la operatividad del sistema de refinación, facilidades de exportación e instalaciones del mercado interno. Todo con el propósito de incrementar los ingresos en el corto y mediano plazo al país, cumpliendo con el suministro de las necesidades
del mercado interno. Asimismo, se contempla como objetivo fundamental el desarrollo del negocio del gas natural comenzando con su aprovechamiento eliminando el venteo y quema, extendiendo el suministro a todas las regiones del país, ofreciendo a los ciudadanos los beneficios de la masificación de su suministro y consumo. las actividades industriales y petroquímicas, y el desarrollo de proyectos de exportación por la vía de tuberías y gas natural licuado.
La nueva política de los hidrocarburos debe poner particular énfasis en las oportunidades que ofrece el desarrollo a lo interno y la diversificación industrial del país.
Bases del acuerdo nacional industria venezolana de los hidrocarburos
La necesidad más resaltante y prioritaria de nuestro país, es dar una respuesta urgente a la demanda social generada por la crisis humanitaria, la más grave desde que somos República. El país reclama un cambio político, requisito indispensable para una reactivación económica dando solución al drama que viven millones de venezolanos mediante oportunos y adecuados proyectos inversión social.
El pasivo social que hereda el país, después de 23 años de un régimen autocrático, apoyado en un entramado de leyes y regulaciones, requiere de un cambio drástico de la acción gubernamental en la gestión pública de los recursos del país. Cambio que debe dar prioridad a desarrollar programas de ayuda humanitaria y a diseñar y aplicar políticas económicas que garanticen un desarrollo económico sostenible y sustentable para el país. El proceso de transición hacia la consolidación de la democracia deberá establecer las bases sólidas para no regresar al actual modelo político/económico. Al respecto, es importante destacar que el país ha perdido en los últimos años más del 80% de su Producto Interno Bruto (PIB), una clara indicación de la necesidad y urgencia de cambiar el modelo económico actual.
La política pública de los hidrocarburos debe tomar en cuenta los cambios que ocurren en la actualidad en el sector energético mundial como resultado del proceso de la transición energética. El Acuerdo de Paris establece nuevas y más estrictas exigencias de calidad de productos en los mercados. Venezuela es signatario de este acuerdo, pero no solo para cumplir con el mismo, sino también para hacer valer sus ventajas competitivas. De manera que debe aprovechar el bajo riesgo geológico de sus cuencas y los bajos costos de producción, para así aprovechar la ventana de oportunidad de la energía fósil.
Por lo anterior, es imperativo y urgente implementar las siguientes bases y lineamientos para una nueva política de los hidrocarburos en Venezuela:
I. El Estado, tal y como lo contempla el artículo 12 de la Constitución Nacional, mantendrá la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. Las reservas probadas oficiales de 304 millardos de barriles de petróleo y 200 billones de pies cúbicos de gas, aun cuando podrían ser sujetas de reparos, es indiscutible que con cualquier enfoque que se aplique, se concluiría con cantidades significativamente grandes y suficientes para dinamizar una reconstrucción económica y favorecer las cuentas macroeconómicas nacionales del país.
II. El Estado como empresario y el enfoque rentista deben dejarse en el pasado. El Estado debe actuar de manera integral como promotor del negocio, dándole máximo espacio a la participación privada nacional e internacional y al mismo tiempo ejercer firmemente su rol de regulador bajo condiciones de mínima discrecionalidad posible.
III. Venezuela debe volver a ser un proveedor seguro y confiable de energía. El Ministerio con las competencias de la actividad de los hidrocarburos, será el rector de esa política y ejercerá la representatividad del país en organismos internacionales, con su inserción como elemento de rango en la geopolítica energética internacional. Así mismo, el país a través del Ministerio del ramo deberá recuperar su importancia y liderazgo como miembro en organizaciones internacionales como la OPEP y regionales como ARPEL, retomando un rol activo en los distintos foros de materia energética. Además de ser el eje para la creación de confianza y para estimular la inversión privada en el sector de los hidrocarburos del país.
IV. Los cambios que son necesarios para lograr la nueva visión del sector de los hidrocarburos requerirán un nuevo marco legal y regulatorio. En este sentido, en el año 2021 se introdujo en la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional un proyecto de una nueva ley de hidrocarburos que permite la participación del capital privado a lo largo de toda la cadena de valor de la industria petrolera, que establece las bases para un marco fiscal moderno y competitivo, así como los mecanismos para dar continuidad a las actuales licencias de gas y las empresas mixtas, y unifica la exploración y producción de petróleo y gas en un solo instrumento legislativo para evitar la inconveniencias técnica y contractual que se presentan hoy en día, y que cuenta con el beneplácito de la mayoría del personal petrolero venezolano.
V. Los entes regulatorios y creadores de políticas públicas deberán operar con autonomía financiera y su personal deberá estar debidamente capacitado para ejercer sus funciones y tener las condiciones para hacer carrera dentro de las respectivas instituciones. Adscrito al Ministerio respectivo, se creará la Agencia Venezolana de Hidrocarburos (AVH), como un eje del proceso para la participación del sector privado de los hidrocarburos, con el alcance específico de contratar, regular y promover las actividades de aguas arriba e intermedias de la exploración y producción de hidrocarburos.
VI. La participación del Estado en la ganancia del negocio de los hidrocarburos, parte de la premisa de permitir rentabilidad a los inversionistas y un justo aporte fiscal. La determinación de la regalía, bajo un esquema variable y competitivo para estimular la inversión privada, formará parte de las condiciones de los procesos a ser manejados por la Agencia Venezolana de Hidrocarburos. La participación del sector privado en cualquiera de los eslabones del negocio de los hidrocarburos deberá realizarse a través de procesos transparentes que garanticen el justo valor económico para el Estado. En toda ocasión prevalecerán reglas claras en el tiempo para brindar transparencia, estabilidad y seguridad jurídica, minimizando el riesgo país.
VII. La participación mayoritaria del sector privado en la industria de los hidrocarburos será protegida y garantizada de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 115 de la Constitución Nacional. La participación privada de empresas nacionales será un objetivo de la nueva política y se procurará la incorporación activa de las ofertas de servicios de empresas de ingeniería y construcción, y las suplidoras de bienes y servicios.
VIII. El estímulo y desarrollo del negocio del gas natural deberá ser la bisagra que una los hidrocarburos con los ciudadanos, y constituirá el elemento central de la política de desarrollo económico interno de los hidrocarburos. Esto a través de la masificación de su uso en todo el territorio nacional en los sectores doméstico, eléctrico, petroquímico e industrial en general, así como combustible alterno a la gasolina y el diésel. El desarrollo del gas conllevará al desarrollo de proyectos de exportación de gas hacia mercados donde existen atractivas oportunidades de monetización.
IX. El nuevo modelo para la Industria de los Hidrocarburos llevará consigo un fuerte impulso para el mercado de capitales del sector de la energía. Esta será una oportunidad para el ahorro e inversión de los ciudadanos de manera individual o colectiva a través de los distintos mecanismos de inversión y participación en instrumentos de renta fija y variable. Las opciones abarcarán a las empresas presentes en todas las fases del negocio y con ello se propicia el apalancamiento de la inversión del sector privado.
X. El incremento de la producción de petróleo y gas lo mas rápido posible es factor fundamental para la recuperación económica vía la generación de ingresos al país, cuya base inicial parte de PDVSA. Por ello, el plan de redimensionamiento y de restructuración de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) estará dirigido a recuperar capacidad gerencial, operacional y viabilidad económica, necesarias para la reducción de su participación accionaria en las empresas mixtas, la disposición de activos no productivos y aquellos del esfuerzo propio de PDVSA que se decidan incluir en el portafolio para la participación de la inversión privada. Esto estará concatenado con el diseño de mecanismos para la reducción de deuda, incluyendo entre otros el intercambio de deuda por participación accionaria. Con el redimensionamiento de PDVSA, parte de sus activos se transferirán al sector privado podrá optar a la posición de mayoría accionaria o de único accionista, en los casos que así se disponga, lo que les permitiría el control de la operación y del negocio. Esta transferencia de participación sería a cambio de un valor económico que podrá materializarse de diferentes maneras, como son aportes para gastos de capital o de operaciones contraídas o futuras de PDVSA en el caso de inversiones conjuntas, cancelación de deuda, o simplemente el pago de un bono, o la combinación de ellas. El esquema de participación de los privados sería aplicable en todas las fases de la cadena de valor, desde la propiedad en superficie y operación de campos de petróleo y gas, hasta la de infraestructura de almacenamiento, transporte, refinación y comercialización.
XI. En Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) el tema laboral es clave dentro del proceso de reestructuración. Para ello, deberá desarrollarse un proceso de optimización del capital humano existente, que incluirá su formación y reeducación para capacitarlo para los nuevos retos de la industria venezolana, o programas para la ubicación del personal.
XII. Con la implantación de un nuevo gobierno, el suministro de todos los productos que requiere el mercado interno será una prioridad desde el primer día, incluyendo los combustibles automotores y el LPG. Para ello, se establecerán normativas de emergencia que permitirán el uso de instalaciones existentes en todo el país, para por vías especiales, recibir, almacenar, transportar y distribuir todos los productos necesarios demandados por las estaciones de servicio, el sector eléctrico y el sector industrial. Así mismo, mediante licencias temporales, el sector privado podrá importar los combustibles que no puedan ser suministrado internamente. Mantener a CITGO como parte del circuito refinador de PDVSA es la opción preferente, para lo cual se utilizará el mecanismo de intercambio de crudo por combustibles. En cualquier caso y ante cualquier eventualidad, estas operaciones podrán ser realizadas con cualquier operador disponible en el mercado.
XIII. El suministro al mercado interno de combustibles se cubrirá inicialmente mediante el uso de la estructura actual operacional de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), permitiendo de manera progresiva la máxima incorporación del sector privado en la cadena de distribución y venta de combustibles, según lo establecerá una ley específica para el mercado interno. En este sentido, debemos recalcar que las instalaciones para el suministro de las necesidades del mercado interno, requieren de ser reparadas y modernizadas, desde los sistemas de almacenamiento, distribución y transporte hasta
las estaciones de servicio, incluido el transporte vehicular de combustible. Esto abrirá oportunidades a la inversión nacional e internacional y redundaría no solo en una reducción neta de costos al Estado, sino también de un servicio a los venezolanos acorde con los estándares internacionales.
XIV. En cuanto a las áreas aguas abajo como lo son refinación, servicios industriales, plantas de distribución, poliductos, gasoductos, redes domésticas y plantas de lubricantes, el Ministerio responsable del área y el Servicio Autónomo de Gas serán los encargados de establecer las políticas para el diseño y materialización de los esquemas de participación privada.
XV. El sistema de refinación, con una capacidad de procesamiento inicial de 1,3 millones de barriles-día, se ha reducido en la actualidad a procesar solo unos 250 mil barriles-día, como consecuencia de la falta de mantenimiento, desactualización tecnológica, y la falta de idoneidad y experiencia del personal. No solo la producción se ha afectado, sino que han ocurrido accidentes con una frecuencia anormalmente alta con pérdidas de vida y la subsecuente paralización de las plantas. Son necesarios cuantiosos recursos financieros para devolver estas instalaciones a un estado de operación confiable y así poder suplir las necesidades del mercado nacional. Para subsanar esta situación se deberán considerar opciones de negocios y acuerdos que permitan restablecer la operatividad de las refinerías principales del país. Estas opciones podrán incluir alquiler a largo plazo, incentivos fiscales, acuerdos de precios de insumos y productos al mercado interno, desarrollo de combustibles renovables, la incorporación de procesos petroquímicos, e incentivos para la reducción de emisiones. Se estimulará la incorporación de procesos petroquímicos aguas abajo del esquema de refinación existente con la apertura y participación del sector privado. Adicionalmente otro elemento recuperador del sistema de refinación será la promoción e implementación de las sinergias e integración entre
productores de crudo y refinadores del sector privado.
XVI. Dentro del marco fiscal, se hace necesario un acuerdo para la armonización de los impuestos municipales que simplifique todo el entramado de impuestos, tarifas, tasas, entre otros, para disminuir la burocracia y la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
XVII. Las operaciones de la industria de los hidrocarburos deberán hacerse con apego a los más altos estándares ambientales y conforme a las políticas para la reducción de emisiones de CO2. Las actividades realizadas por el sector privado en el área de los hidrocarburos deberán asignar prioridad a la protección y la remediación ambiental en sus áreas de operación.
XVIII. En cuanto a las actividades de los hidrocarburos que actualmente son monopolios naturales del Estado, como es el caso del gas natural, estarán bajo un proceso de desregularización para promover, permitir y garantizar la libre competencia. Así mismo, deberán establecerse precios y tarifas en aquellas actividades que lo requieran a fin de dotar de un excelente servicio al consumidor, a la par del adecuado retorno a los inversionistas.
XIX. En relación con la deuda comercial contraída por parte de PDVSA, por concepto de suministros de bienes y servicios, la misma requerirá de previa demostración fehaciente de haber sido contraída y registrada legalmente y se desarrollarán mecanismos para su pago, incluyendo la prestación de servicios para incrementar producción y de otros servicios petroleros.
XX. El Estado implementará una política de transparencia y tolerancia cero en la gestión y administración de los hidrocarburos en el país, así como la despolitización del sector que permita la efectiva reinstitucionalización del Estado venezolano, el estado de derecho y genere la confianza necesaria en los inversionistas privados.
Los hidrocarburos han sido determinantes en la historia de más de un siglo en Venezuela. La transformación a principios del siglo pasado de un país pobre, atrasado, con grandes carencias, en un país pujante y moderno, se debió a los hidrocarburos. En el Siglo XXI tenemos el reto de hacer determinantes los hidrocarburos como palanca para recuperar y transformar a nuestro país hacia un futuro mejor.
Los firmantes,
