Tras denunciar que recibió amenazas del Cartel de Sinaloa, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la república en Ecuador, fue ejecutado por una lluvia de balas la tarde del 10 de agosto, al final de un mitin de campaña en Quito, a diez días de la elección presidencial.
El autor directo de la amenaza habría sido Adolfo Macías Villamar, líder del grupo Los Choneros, la organización criminal más poderosa de Ecuador, a la que investigaciones de medios de comunicación locales señalan como brazo operativo del Cartel de Sinaloa (CS) en ese país.
Apenas esta semana, el 31 de agosto, de nuevo Quito fue azotado por el terror. Por la tarde estallaron dos coches bomba en las inmediaciones de oficinas del gobierno, atribuidos al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una violenta advertencia para los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa, que el 20 de agosto obtuvieron la mayor cantidad de votos y que competirán en la segunda vuelta de los comicios que se llevará a cabo el 15 de octubre.
El homicidio de Villavicencio y los actos terroristas de esta semana no son hechos aislados, forman parte de la violencia que azota a Ecuador con desafiante constancia.
Tan solo en los tres últimos años, los homicidios se triplicaron. El 1 de noviembre de 2022 hubo en Guayaquil y Esmeraldas atentados con coches bomba, atribuidos al CJNG. Y en 2021, el presidente Guillermo Lasso tuvo que declarar 60 días de “estado de excepción”, luego del brutal enfrentamiento entre bandas criminales rivales que causó la muerte de más de 119 personas en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. De acuerdo con un artículo del diario El Espectador, la masacre fue consecuencia de la disputa de Los Choneros con las bandas Tiguerones, Los Lobos y Los Lagartos, vinculadas al CJNG.
¿Qué está pasando? ¿Cuál es el foco del problema? En este análisis expongo algunas reflexiones y datos duros que ayudan a entender la grave situación por la que atraviesa Sudamérica, de la que los carteles mexicanos son responsables.
Bodega de cocaína
En 2012, tras la publicación de mi libro Los Señores del Narco, fui invitada por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) a participar como conferencista en el seminario internacional “Periodismo y Narcotráfico”, llevado a cabo en Quito. Eran los tiempos del presidente Rafael Correa, quien entonces negaba de manera contundente que hubiera presencia de carteles de la droga en ese país.
A los colegas periodistas les llamó la atención mi afirmación de que en Ecuador había ya emisarios del Cartel de Sinaloa, y que el país era utilizado como bodega para almacenar cocaína principalmente proveniente de Colombia y Perú, los dos principales productores de dicha droga con quienes Ecuador comparte fronteras. La información que proporcioné en dicho seminario estaba basada en mi investigación sobre el Cartel de Sinaloa y documentos del Departamento de justicia de Estados Unidos.
En Ecuador ya se publicaban noticias sobre decomisos de droga, la detención de un exfuncionario público vinculado al narcotráfico y el desmantelamiento de algunos laboratorios donde se procesaba la cocaína. Pero el gobierno de Correa minimizaba el problema, negando la operación del CS. Hoy la presencia de dicha organización y el CJNG en Ecuador es pública, desafiante y pone en riesgo la democracia con magnicidios y bombazos.
La guerra de la coca
El crecimiento exponencial del Cartel de Sinaloa y el CJNG, particularmente durante el gobierno del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador bajo su política de “abrazos y no balazos” hacia el crimen organizado, ha permitido que ambos grupos delictivos se fortalezcan y aceleren su expansión en Centro y Sudamérica, con todo lo que ello implica: un modelo criminal de exportación, nacido en México, cuyas características son la brutal violencia -dejando decenas de miles de muertos, desaparecidos, y cientos de miles de personas desplazadas del lugar donde vivían-, y su capacidad de corrupción para comprar protección de gobernantes, políticos, y miembros de las fuerzas del orden.
Como si se tratara de un juego de turista mundial, ambos grupos criminales se disputan el control de los principales puntos de producción de cocaína y los lugares estratégicos para traficarla a los mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y África.
Aunque el mercado de drogas sintéticas es ya el principal negocio de los traficantes de drogas en el mundo, la cocaína sigue siendo uno de los negocios más redituables. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, sus consumidores llegaron en 2021 a la cifra récord de 22 millones en el planeta y el cultivo de hoja de coca creció un 35 por ciento, superando las 2.300 toneladas.
En una primera fase, desde hace varios lustros el Cartel de Sinaloa estableció bases operativas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá, principalmente. Su influencia llegó a ser tal que prácticamente se compraron la presidencia de Honduras, un punto clave en el trasiego de la cocaína; el expresidente de este país Juan Orlando Hernández fue detenido en 2022, a pocos días de haber terminado su mandato. Fue acusado de que desde 2004, cuando era congresista, hasta 2022 como Presidente de la República, conspiró para traficar droga a Estados Unidos y recibió millones de dólares en sobornos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa.
Documentos confidenciales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia obtenidos por Guacamaya Leaks, a los cuales tuve acceso, permiten entender que el ‘virus’ de los carteles mexicanos que ha contaminado Centroamérica y Ecuador, también han contaminado otras naciones como Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil y Chile. El epicentro de esa contaminación es Colombia.
Colombia, foco de la crisis
El documento fechado en febrero de 2021, elaborado por la Sección de Análisis Criminal Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Cauca, tiene información precisa que ayuda a entender lo que está ocurriendo y prever que esto es apenas el comienzo de una nueva etapa de criminalidad en la región.
“Los cultivos de coca se iniciaron en el bajo Putumayo desde finales de la década de los setenta y, además de la explotación de hidrocarburos, se fueron convirtiendo en la actividad económica principal desde la década de los noventa. Se considera que la guerrilla llega al Putumayo a mediados de los setenta, y los cultivos de hoja de coca, a inicios de los ochenta”, dando a entender que un fenómeno está totalmente vinculado al otro.
De acuerdo a dicho documento, Colombia concentra el 70 por ciento del cultivo mundial de hoja de coca, Perú el 20 por ciento, y Bolivia el 10 por ciento.
Tras la firma e implementación del proceso de paz en Colombia, llevada a cabo el 24 de noviembre de 2016, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “un número representativo de integrantes de esta estructura delincuencial no se acogieron a los acuerdos de paz firmados, produciéndose un quiebre en las cadenas de mando, lo que originó el nacimiento de estructuras armadas organizadas derivadas de los combatientes que permanecieron en armas, transformándose en Grupos Armados Organizados Residuales (GAOr)”.
“A nivel nacional, 29 estructuras ilegales se desdoblaron de la antigua guerrilla, aposentados a lo largo y ancho del territorio colombiano, retomando acciones delictivas y rentas ilegales que les dieron poder económico, fortaleciendo su consolidación y expansión”, señala la Fiscalía. Sus principales fuentes de financiamiento son narcotráfico, secuestro, extorsión y minería ilegal.
“La estrategia de poder de estas organizaciones criminales se ha focalizado en hechos de violencia principalmente sobre la población civil, sembrando terror y zozobra entre las comunidades residentes. Los homicidios, las amenazas y las extorsiones, como parte de su política criminal, permitieron su posicionamiento en el territorio; se valieron de la ausencia de Estado, la carencia de institucionalidad, para así forjar sus propias reglas y hacer su propio estado, con manuales de convivencia e impartiendo justicia por su cuenta, autoproclamándose autoridad y ejerciendo control territorial”, reconoce el documento de la Fiscalía.
Aunque la criminalidad mexicana y su violencia en México jala los reflectores de la opinión pública internacional, es evidente que en Colombia las cosas también se han salido de control.
De acuerdo a la Fiscalía, las tres cuartas partes de todos los cultivos de coca en Colombia se encuentran en 4 de los 32 departamentos (estados) que conforman el país: en Nariño 25%, Norte de Santander 20%, Putumayo 16% y Cauca 10%. Ahí está el epicentro de la influencia del Cartel de Sinaloa y el CJNG en toda la región.
Nariño y Putumayo son los dos departamentos que tienen frontera terrestre con Ecuador. Eso ayuda a entender la causa de la crisis de inseguridad y violencia en ese país.
“La cifra de cultivos de coca en Colombia sufrió un importante incremento al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 154.000 hectáreas en 2019; un 61% de incremento, respecto de la medición del 2015, y cuatro veces de lo detectado en 2012”, señala el documento.
La cifra es fundamental para entender el tamaño del ‘pastel’ del que se están apropiado paulatinamente los dos carteles mexicanos. Será por eso y por su liderazgo en la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, que el CS y el CJNG son, según el gobierno de Estados Unidos, las dos organizaciones de tráfico de droga más poderosas del mundo. Y lo serán aún más si el consumo de cocaína sigue creciendo velozmente en Asia y África, como ha advertido la ONU.
La radiografía de lo que ocurre en el departamento del Cauca, descrita en el documento citado, da un panorama claro de lo que puede ocurrir en la región de no tomar medidas urgentes.
El desalmado poderío de los carteles mexicanos en Sudamérica
Cauca no solo es un lugar clave por la producción de cocaína sino porque ahí convergen canales de comunicación entre la Amazonía y el Océano Pacifico, Ecuador, y otros departamentos fronterizos. El control de la zona por parte de los grupos locales y del Cartel de Sinaloa es desalmado: “El departamento del Cauca ocupa el primer lugar a nivel nacional en las estadísticas de líderes y defensores de derechos humanos asesinados”, señala el informe.
Los líderes sociales indígenas que se oponen a las actividades de tráfico de drogas son constantemente amenazados: las amenazas se hacen a través de audios, llamadas telefónicas, mensaje de texto o de manera directa, “donde hombres fuertemente armados hacen presencia en la zona”. Los habitantes también son amenazados para que abandonen sus tierras y, de acuerdo a los informes de la fiscalía, todas esas amenazas provienen de grupos criminales locales y del Cartel de Sinaloa, muchas veces aliados.
Los candidatos a elección popular en ese departamento también han denunciado amenazas provenientes de organizaciones locales y del Cartel de Sinaloa. En ese contexto fue asesinada en 2019 la candidata a alcaldesa del municipio de Suárez, del Partido Liberal, Karina García, quien al igual que Villavicencio había denunciado amenazas antes de su muerte.
Igualmente fue amenazado por el Cartel de Sinaloa el secretario del Consejo Municipal de Suárez; una “amenaza por negarse a entregar información de los funcionarios de la alcaldía”. Mientras que en el municipio de Buenos Aires, las victimas de los desplazamientos culpan al Cartel de Sinaloa y paramilitares.
Respecto al CJNG, su presencia documentada en Colombia data desde al menos 2018, en los departamentos de Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, César, Norte de Santander, Guaviare y la ciudad de Bogotá.
CS y CJNG controlan fronteras de Colombia
De acuerdo a un documento catalogado como “ultra secreto” elaborado por las Fuerzas Armadas de Colombia, del cual obtuve copia a través de los archivos hackeados por Guamaya Leaks, el CS y CJNG no solo están asentados en las zonas de producción de la hoja de coca y laboratorios, en donde las organizaciones mexicanas suelen entregar armamento a los grupos locales a cambio de droga, sino también en las zonas fronterizas cuyo control es indispensable para sacar el producto a otras partes del mundo.
La zona fronteriza nororiental de Colombia es clave para sacar la cocaína hacia Venezuela -plataforma de exportación de la droga a gran escala-, Centroamérica y el Caribe. Ahí, de acuerdo con el documento citado, opera el Cartel de los Soles -organización criminal de Venezuela-, el Cartel de Sinaloa y el CJNG.
En la zona fronteriza suroriental, que conecta a Brasil -un mercado de consumo de cocaína y plataforma de exportación- está identificada la presencia de La Familia del Norte, Comando Rojo y Primer Comando Capital, estas dos últimas organizaciones criminales de Brasil.
En la zona fronteriza Sur, que también conecta con territorio de Brasil, Perú, Ecuador y Chile, tienen presencia mayoritaria grupos de delincuencia organizada de Perú, el Cartel de Sinaloa y el CJNG.
Mientras que en la zona fronteriza Occidental, usada para el tráfico de cocaína a Centroamérica, están los dos carteles mexicanos, al igual que en la zona fronteriza Norte, usada para el tráfico de drogas a Centroamérica, el Caribe y Europa.
Lo que ocurre en Colombia y Ecuador es una muestra de la “mexicanización” que el Cartel de Sinaloa y el CJNG pueden imponer en otros países de la región, y debería obligar a que los gobiernos de México y Sudamérica establezcan políticas transfronterizas para contener los avances e influencia de los dos carteles mexicanos.
Hoy la democracia de Ecuador esta bajo amenaza luego del homicidio de Villavicencio, al igual que en México, donde en 2024 se llevará a cabo la elección presidencial, y ambos carteles de la droga harán sin duda valer su poder y peso.
