Una de las más importantes características del gobierno «Revolucionario del Siglo XXI» es, sin lugar a dudas, el elevado nivel de corrupción. Esa grave desviación de la ética pública tuvo su origen en el inmenso desorden administrativo que se impuso en dicho gobierno por expresa voluntad del presidente de la República y líder fundamental de la mal llamada revolución bolivariana. Los dineros públicos asignados al deporte han sido manejados sin ninguna supervisión, para poder ser utilizados con absoluta libertad por el régimen en sus objetivos políticos.
Los 24 años del régimen chavista (1999-2023), se han caracterizado por una constante violación de la autonomía de las Federaciones Deportivas y del Comité Olímpico, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con todo lo relacionado con el transporte, alimentación y viáticos de las delegaciones que representan al país en eventos internacionales.
La falta de transparencia en el manejo de los recursos económicos del Fondo Nacional del Deporte, la estafa continuada con la solicitud de divisas a Cadivi, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas para los Juegos Nacionales o para eventos internacionales como lo fue el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay y el grave y progresivo deterioro, y abandono, en que se encuentra más del 80% de nuestras instalaciones deportivas.
A partir del año 2007, los juegos nacionales son utilizados como elemento de retaliación política contra los gobiernos regionales de Miranda y la Alcaldía de Caracas. Posteriormente en el 2013 los Juegos fueron suspendidos provocando el descalabro más grande en la preparación de las selecciones nacionales en los eventos internacionales.
También, es evidente la falta de un Programa de Asistencia Social Integral al Atleta que les garantice sus derechos al estudio, alimentación, atención médica, útiles deportivos y viáticos durante todo el periodo de preparación y asistencia a los eventos.
La seguridad social de los trabajadores del sector deportivo obreros, empleados y entrenadores activos y jubilados ha empeorado progresivamente: los contratos colectivos están congelados desde el año 2000, salarios, jubilaciones y pensiones de hambre, no se les reconoce la homologación de las pensiones y jubilaciones, se mantiene cerrada la Escuela de Entrenadores, los seguros HCM que, por sus pírricas coberturas, prácticamente los mantienen en condiciones de «condenados a muerte».
Los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales no son cancelados, salarialmente son discriminados frente a los chulos entrenadores cubanos y la apropiación indebida de los descuentos mensuales a los entrenadores como aporte a la Caja de Ahorros del IND..
La solicitud irresponsable de sedes de eventos deportivos internacionales con el solo propósito de continuar con la apropiación indebida de los recursos económicos destinados para tal fin; ejemplos de ello lo ocurrido con la Copa América de Futbol, Juegos Bolivarianos de Playa, Iberoamericano de Atletismo, Mundial de Softbol femenino entre otros. La entrega de divisas a la dictadura cubana a través de leoninos convenios de contratación de «entrenadores» y los juegos del «Alba».
Las universidades nacionales fueron segregadas en todo lo concerniente a las políticas de formación de recursos humanos para el deporte para darle prioridad a la importación masiva de «entrenadores» cubanos, la creación de universidades para el deporte sin tomar en cuenta el trabajo académico de los departamentos de Educación Física de la UPEL, Universidades de Carabobo, Zulia, Mérida y la Unellez.
En materia legal, durante este periodo del régimen Chavista-Madurista se ha ido consolidando un proceso totalitario cuyo contenido quedó plasmado en la Ley Orgánica de la Actividad Física y el Deporte, que brinda un marco legal a todas sus arbitrariedades y somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario.
En una nueva visión estratégica, la educación física, el deporte y la recreación deben ser concebidos como una auténtica política social descentralizada, propiciadora de la participación de la sociedad civil, vinculada a la prevención en el área de salud y sobre todo generadores de valores integradores y dignificadores del individuo. Para el logro de estos propósitos se proponen los siguientes lineamientos:
-Democratizar la gestión del sector público y privado de la organización deportiva nacional. estableciendo mecanismos de relación constructiva con los distintos componentes del nuevo modelo de organización y gestión deportiva estructurado de manera descentralizada y facilitadora de la participación de la sociedad civil.
-El programa Deportes para Todos debe transferirse a los niveles regionales, municipales y parroquiales,
-Fortalecer los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, la Federación Polideportiva y la Comisión Interministerial para el desarrollo de este sector.
-La exhortación a las universidades nacionales, para que generen una reforma curricular que permita la salida intermedia como técnico superior de los ENTRENADORES DEPORTIVOS,
-Fortalecer la autonomía plena de las Federaciones Deportivas, mediante la asignación directa de recursos económicos a través de la Ley de Presupuesto.
– Propiciar la presentación de proyectos que permitan un financiamiento adecuado para el sector.
– Concluir el proceso de reestructuración del IND para transformarlo en un organismo exclusivo para el deporte de alto rendimiento.
– Revisar los Convenios Internacionales con la finalidad de adaptarlas a las reales necesidades del deporte venezolano.
-Crear el Consejo Superior del Deporte como máximo organismo de planificación del sector deportivo y otorgar rango de ministro de Estado al presidente de ese organismo.
-Proponer a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley para la Educación Física, el Deporte y la Recreación que contenga las propuestas aquí señaladas y un claro compromiso del sector deportivo al igual que la profundización del proceso de descentralización.
-Proponer una reforma constitucional del Artículo 111 para consagrar la obligatoriedad de la Educación Física, el deporte y la recreación en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo,
Una nueva visión no debe asentarse en separaciones rígidas de atribuciones, ni campos de exclusividad para el Estado. El deporte bajo un régimen totalitario solo tendrá una expresión de dominio y de instrumento ideológico para el control social de la población.
Solo con gobiernos fundamentados en principios de Libertad y Democracia podemos alcanzar que la actividad deportiva se transforme en un instrumento integrador de la salud, la educación y la inclusión social de las personas.
Licenciado en Educación, profesor en la UPEL – @jesuselorza
