La deforestación en el estado Lara, por Guillermo Palacios

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En Lara los primeros depredadores del ambiente son el Gobernador del estado, Adolfo Pereira y el alcalde Iribarren Luis Jonás Reyes por lo que desde el Bloque Parlamentario de Lara hemos denunciado, conjunta o separadamente con los diputados Macario González, Daniel Antequera y La presidenta de la Comisión de Ambiente María Gabriela Hernández, las actividades genocidas de tala y deforestación indiscriminada que se han practicado con la actitud omisiva y permisiva del régimen y de autoridades regionales y municipales en los parques nacionales, zonas de protección de las cuencas y monumentos naturales que han afectado los suelos y mermado considerablemente la producción de agua, además de fomentarse actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico de droga. Por cierto, debemos recordar que el gobernador Pereira se trasladó al estado Bolívar para conocer la mina que le asigno Nicolás Maduro inconstitucionalmente para explotarla y con esos recursos financiar el presupuesto, de lo cual no hemos tenido conocimiento ni el mismo ha dado cuentas públicas a lo cual está obligado.

Pero hoy queremos concretar una agresión ambiental con la intervención y cooperación del gobernador del estado Lara Adolfo Pereira, quien además de depredador en el arco minero, es protector de la tala, la quema y de la explotación indiscriminada de las especies arbóreas en el parque nacional cerro Saroche que está ubicado en los municipios Iribarren, Torres y Jiménez con reservas de fauna de especies como el conocido cardenalito o la paraulata llanera y de flora como el cují, cardones, la vera, el yabo, dividive y cotoperi entre otros; pero igualmente el Alcalde del Municipio Iribarren Luis Jonás Reyes, quien ha constituido una empresa mixta municipal con el objeto de producir carbón vegetal para consumo interno y exportación, a partir de la quema de árboles, lo cual ha traído como consecuencia la organización ilícita para talar y quemar árboles en el Parque Nacional Cerro Saroche, cuyo saque, según los vecinos de las poblaciones afectadas, son protegidas por organismos de seguridad, hechos estos que oficializan la intervención de áreas ambientales protegidas, sin que se conozcan planes de recuperación o de protección de esas zonas devastadas por obra de la avaricia y falta de políticas adecuadas para el suministro de gas a las comunidades adyacentes al parque.

Sobre estos puntos insistiremos porque se trata de violación de derechos humanos fundamentales como el derecho al ambiente y a la vida.

 

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