La cancelación de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua, con la consecuente confiscación de todos sus bienes muebles e inmuebles, es la última estocada dentro de una serie de acciones concertadas por el régimen de Ortega-Murillo en contra de sus opositores, sean líderes políticos, miembros de la sociedad civil o cualquier persona que pueda socavar su poder, frenar los atropellos y defender la dignidad humana.
Este acto fue precedido por la confiscación de todos los bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) con sede en Managua, el cambio de su nombre y la designación de nuevas autoridades en la universidad jesuita. Básicamente, su usurpación. Este acto hace parte de las otras 26 universidades previamente cerradas y del ataque masivo contra cientos de ONG eliminadas.
La persecución de los opositores políticos, el exilio masivo de autoridades eclesiales, culturales y sociales, los tres mil casos similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen desde el 2018, nos indica sin equívocos que estamos frente a una dictadura que se vuelve cada día más totalitaria y que no reconoce límite alguno en su afán de hacerse del poder total.
Le tocó ahora a la Compañía de Jesús. Era previsible, pues junto con la Iglesia católica, la orden religiosa ha sido muy activa en Centroamérica en la defensa de la dignidad humana. Ha levantado la voz por las injusticias, por el medio ambiente, por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos indígenas, etc. Ha sido una voz valiente, coherente y creíble. Y como parte de la Iglesia católica no es de extrañar esta medida cuando el obispo de Matagalpa está encarcelado y ha sido condenado a 26 años de prisión al negarse a abandonar Nicaragua para estar junto a su pueblo.
Las treinta universidades jesuitas latinoamericanas, agrupadas en la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina (AUSJAL), siempre se han comprometido en las grandes luchas de sus respectivos países por la defensa de la dignidad humana. Lo hicieron en El Salvador donde los esfuerzos por buscar el diálogo y la paz entre la guerrilla y el gobierno significó en 1989 el asesinato del rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, otros cinco jesuitas y dos colaboradoras. Lo hicieron en Nicaragua contra la dictadura familiar de cuarenta años de Somoza y lucharon por alcanzar la democracia y lo hacen hoy denunciando a un régimen corrupto, violento y que está violando sistemáticamente los derechos humanos.
Como suele suceder, las acusaciones de terrorismo y sedición se suman a mil argucias jurídicas para justificar lo injustificable y para desplegar el despotismo. Numerosas autoridades han levantado la voz para reclamar en contra de estos actos arbitrarios del Gobierno nicaragüense. Arturo Sosa, el superior general de los jesuitas, de nacionalidad venezolana, a propósito del cierre de la UCA ha dicho: “Se le ha negado además el derecho a la legítima defensa” y reclama “un juicio justo, con una justicia imparcial” que “sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el Gobierno ha venido ejecutando”. El papa Francisco se ha expresado en durísimos términos contra el régimen de Ortega, al que ha calificado como una “dictadura hitleriana”, y ha dicho de Ortega, “con mucho respeto” que padece “un desequilibrio” mental. Ha elogiado a su vez al obispo encarcelado Rolando Álvarez, de quien dijo: “Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”.
Una de las cuestiones paradójicas es que Daniel Ortega fue líder del movimiento sandinista que, en 1978, logró derrotar a la dictadura familiar de Somoza, lo que fue visto por muchos como una esperanza para el pueblo nicaragüense. Cómo olvidar las figuras de los sacerdotes Ernesto Cardenal y Fernando Cardenal (jesuita) como ministros de Cultura y Educación, respectivamente.
El gobierno se fue endureciendo, no pocos que lo apoyaban se fueron decepcionando hasta el punto que, sometiéndose Ortega a unas elecciones en 1990, es derrotado por Violeta Chamorro, esposa de un líder opositor asesinado. La UCA condecoró a Ortega por aceptar la
derrota y el veredicto democrático. Pero como sostuvo una dirigente sandinista hoy exiliada, el afán revolucionario y social de Ortega era superior a sus convicciones democráticas. Después de un par de gobiernos corruptos y vencer en unas nuevas elecciones en 2017, no volvió a poner en riesgo su poder.
Las medidas totalitarias, ahora junto a su esposa Murillo como vicepresidenta, comenzaron a imponerse, y la reacción del país no se hizo esperar. Dentro de la rebelión de los estudiantes en 2018 contra el régimen de Ortega y de la brutal represión de que fueron objeto, estudiantes de la UCA de Managua, junto a muchos otros, tuvieron un rol activo. Los estudiantes de la UCA fueron consecuentes con su formación en la tradición educativa de la Compañía de Jesús donde promovemos el pensamiento crítico, la dignidad humana, la libertad, la justicia social y la
democracia como pilares de una sociedad decente. Estudiantes, así formados, cuando han visto a su país sumirse en una cruel dictadura han levantado la voz.
¿Qué conclusiones podemos sacar de esta tristísima situación? En primer lugar, nos recuerda una vez más los enormes costos que tiene para un pueblo la pérdida de la democracia. En segundo lugar, para los jesuitas, se nos hace evidente una vez más que la lucha por la justicia no es gratis y sabemos que cuando uno se opone al poder, muchas veces hay un alto precio a pagar. No somos los únicos que hemos pagado ese precio, pero queda la tranquilidad de estar cumpliendo cabalmente nuestra misión de promover la fe y luchar por la justicia que la misma fe exige.
Fuente: Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco N° 196 1 al 7 de septiembre de 2023.
Padre Jesuita
